EL GOLPE DEL NUEVO AÑO

Hace un año por estos mismos días, escuchábamos al gobierno y principalmente al Ministro Cárdenas, vociferar por los medio de comunicación que Colombia estaba blindada y que por lo tanto los fenómenos de la economía mundial que por el año 2014 tuvieron manifestaciones preocupantes para los capitalistas de Estado Unidos y Europa, no afectarían la economía nacional, así que los ricos con sus recursos en el país no debían preocuparse. Se ufanaba Cárdenas, de que la política macroeconómica orientada principalmente por el Banco de la República, independiente y autónomo, sumada a una política fiscal cautelosa que controlaba el endeudamiento en concordancia con los recaudos tributarios, sería los principales medios para asegurar los buenos vientos en 2015, o sea el año que está terminando. Por supuesto, sólo él creía en ese supuesto blindaje, ya que esta economía no es una isla en el concierto internacional y por el contrario, las fuerzas externas son factores determinantes del acontecer nacional.

Hoy, transcurridos 365 días, vemos que la fiesta de Cárdenas no resultó tan buena. Claro, a él le siguen dando el galardón de “mejor ministro” porque paga cumplidamente los intereses y el principal a los especuladores internacionales del dinero poseedores de papeles del gobierno colombiano, aunque acá en el interior todo esté quebrado, pero el conjunto de la economía muestra situaciones que crean preocupaciones para el 2016.

La caída del precio del petróleo afectó notoriamente los ingresos fiscales; el aumento desproporcionado del precio del dólar golpeo los egresos del Estado por aumento del servicio de la deuda. La devaluación no incrementó las exportaciones y por el contrario, elevó los costos de un aparato productivo altamente dependiente de las importaciones; la inflación supero con creces las expectativas del banco central; el desempleo volvió a mostrar sus efectos sociales negativos y el déficit fiscal sobrepaso los cálculos como porcentaje del PIB. A esto se le suma que los ricos se siguen quejando por los tributos y piden que se elimine el impuesto al patrimonio y se incremente al gravamen a los pobres, tal como lo recomienda la Comisión Tributaria que propone subir el IVA al 19 %, es decir poner la carga en los hombros de los pobres, cosa que agravaría más la situación, no sólo social, sino también al conjunto de la economía porque esta filtración reduciría la demanda agregada y esto traería efectos recesionistas. Si fuera que el aumento de los ingresos del gobierno se convirtiera en mayor inversión o en mayor gasto de funcionamiento, los efectos en la demanda agregada no serían tan graves; pero lo cierto es que los aumentos en el ingreso fiscal se trasladan al servicio de la deuda y la mayor parte se fugan hacia el exterior.

Ahora no se sabe qué ira a decir el gobierno ante la grave situación que afronta la economía colombiana y principalmente las finanzas públicas, que justifica con la baja del precio del petróleo y el aumento del precio del dólar; pero si las medidas de política económica hubieran sido diferentes desde hace varios años, probablemente los efectos no serían los mismos. Sobre todo, si se hubieran adoptado una política macroeconómica apropiada y se hubiera corregido las fallas estructurales que posee la economía, el pueblo no se estaría alistando para recibir el golpe del nuevo año.

TRAGEDIA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Matan el tigre y se asustan con el cuero, sería la frase popular apropiada para referirse a la pérdida de recursos del orden nacional asignados para el financiamiento de proyectos territoriales, que luego se pierden porque se deben devolver a Bogotá, pasado el tiempo que la norma fija como plazo para ser ejecutados.

Los casos son frecuentes: después de largos trámites, de vueltas y maromas y hasta de lagarteos, se logra conseguir que en la capital asignen los fondos para la solución de un problema planteados o la satisfacción de una necesidad colectiva, pero cuando los recursos están en las manos, llegan las dificultades para su ejecución por las deficiencias graves en la gestión de proyectos en las entidades territoriales. Otras veces y por este mismo vacío en la gestión, muchos proyectos quedan inconclusos, a otros no les alcanza el presupuesto y tienen que pedir adición que la ley permite hasta el 50 %, muchos no cumplen el cronograma y hasta se ven episodios folclóricos y pintorescos como el del funcionario que dijo que el cronograma era teórico; y en general, abundan los casos de proyectos donde se evidencia las falencias en materia de gestión de los mismos. Y esto solamente mirando la fase de ejecución del proyecto; porque si observamos la fase de operación, ahí sí, tenemos que parar de contar, principalmente en los proyectos cuya vida útil sobrepasa un período de gobierno. El proyecto se diluye en el tiempo y cumplido el horizonte, casi nunca se sabe si se logró o no el objetivo general planteado en la formulación inicial. Casi nunca se hace la evaluación final.

Y eso que existen instrumentos técnicos suficientemente conocidos para realizar la gestión de proyectos; que tal que no existieran. Está, por ejemplo, el PMBOK que es una guía de estándares internacionales donde se consignan en detalle los pasos que se debe dar para una adecuada gestión de proyectos, publicada por el PMI (Instituto para la Administración de Proyectos) que tiene un capítulo en Colombia con sede en Bogotá. También está la NTC ISO 10006, norma técnica colombiana establecida por ICONTEC, debidamente ajustada a las particularidades del país y adicionalmente, todas las normas legales vigentes donde se incluye el SSEPI y demás herramientas del manejo  presupuestal. Pero a los gobiernos territoriales no les da la gana utilizarlas, como lo dejo expuesto en mi libro “Ideas sobre Planificación y Proyectos” que está en circulación.

No se comprende por ello que en las administraciones territoriales esta disciplina fundamental para la operación de las entidades en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, no tenga la potencia que se requiere y lo más incomprensible, es que los órganos de control tanto oficiales como los de la sociedad civil amparados en la democracia participativa, tampoco valoran la importancia y la magnitud del problema existente, por lo cual seguiremos viendo descuidadas y llenas de errores las fases de ejecución y operación de los proyectos públicos, observándose con ello una verdadera tragedia en la gestión de proyectos.

SIGUE LA CRISIS DE LA PLANEACIÓN

Desde los años ochenta del siglo pasado, en diferentes eventos académicos y escenarios institucionales se colocó sobre la mesa el tema de las deficiencias de la planificación en Colombia. Por esa época se agitaba el fracaso del método normativo y Carlos Matus, uno de los más grandes aportantes a la construcción teórica de esta disciplina de conocimiento, estuvo por este país y entre las muchas cosas que hizo, difundió su propuesta sobre el método estratégico que muy buena acogida tuvo por la pertinencia frente a la crisis que se comentaba abiertamente y que los principales actores así reconocían.

Después, con el cambio del tipo de Estado y los desarrollos legales de la Constitución Política, se expidió la Ley 152 de 1994 que es orgánica del llamado plan de desarrollo pero que incluye normas, como los principios, que abarcan aspectos sobre la planificación en general y con ello se erige en una especie de estatuto que marca las pautas para realizar la planificación en Colombia. Se esperaba que con este paquete legal se corregirían deficiencias ya detectada con anterioridad; pero pasados dos decenios de la aplicación de la misma, vemos que aún persisten falencias que limitan el alcance del instrumento en materia de construcción deliberada del futuro. Hoy, por ejemplo, sigue existiendo el vacío en la planificación de largo plazo y nunca se introdujo el enfoque sistémico que tanto se recomendó en los años ochenta.

Lo grave del asunto es que el directo responsable de los procesos es el Estado en cabeza de los gobiernos de turno; pero como es costumbre que los funcionarios no actúen por la convicción acerca de las bondades de los instrumentos sino por cumplir a regañadientes la ley, durante veinte años se ha hecho énfasis en el cumplimiento mecánico de la norma sin mayor profundidad en el verdadero sentido de sus alcances en materia de gestión de lo público.

El otro aspecto para lamentar es la creencia de que solo la dimensión físico-espacial es objeto de planificar, como se puede ver en la operación de las dependencias encargadas en los municipios. Estas oficinas se dedican a la administración territorial abandonando su responsabilidad en materia de planificación del desarrollo, lo cual es absurdo porque de las cinco dimensiones del desarrollo integral, primero se debe hacer la planificación ambiental, la económica y la social, para después sí y como consecuencia de las anteriores, realizar la adecuación del espacio y el territorio de conformidad con las necesidades de dichos procesos. Y así seguirá porque la percepción de los alcaldes electos es que sólo se planifica lo urbanístico, según se deduce de la designación de gabinetes, dejando el vacío en la planificación del desarrollo integral donde lo físico urbano debe ser lo último según lo ordenan los cánones de la teoría y la legislación vigente. Así que no se vislumbra, por lo menos en el corto plazo, que se vayan a corregir los errores del pasado sino que por el contrario, lo que se aprecia es que en Colombia sigue la crisis de la planeación. 

EL PODER DEL PAPEL HIGIÉNICO

Varias veces lo hemos señalado en esta columna: el modelo socialista no tiene soporte real porque la presencia del mercado como mecanismo de funcionamiento de la economía, hasta hora, es el único medio que se ha creado con utilidad práctica, para imprimir la dinámica obligada al el sistema económico, si se quiere que la sociedad avance en el desarrollo de la tecnología y la calidad de los satisfactores que se ofrecen para el mejoramiento de las condiciones de vida. Los sistemas planificados no crecen y el estancamiento conduce a niveles de pobreza que desembocan en que sale peor el remedio que la enfermedad.

Es decir el socialismo, tanto el clásico de Lenin como el del Siglo XXI  expuesto por Heinz Dieterich Steffan en 1996, encierran en su propio seno los factores que lo llevan al fracaso, tanto por el desecamiento del aparato productivo que la falta de mercado genera, como porque la propiedad privada de los medios de producción y los instrumentos que los propietarios disponen para defender su posición y mantener el dominio de la economía, propician condiciones de deterioro social que hacen insostenible el proyecto político.

Pero lo más contundente no son las causas internas. Ahora en el mundo globalizado, no es simplemente la lucha contra la burguesía nacional sino contra las transnacionales que conformar una burguesía mundial, lo que constituye el más fuerte obstáculo para derrotar por parte de quienes intentan montar el socialismo. Deben afrontar barreras mucho más poderosas que las de comienzos del siglo pasado, lo mismo que cuando se montó la cortina de hierro como resultado del reparto del mundo entre las potencias triunfantes de la guerra, que hizo fácil el establecimiento del bloque soviético.

Hoy existen fuerzas de poder internacional con suficiente capacidad económica para cubrir los costos que sean necesarios, de modo solo tardan de 2 a 3 años en desestabilizar un gobierno que pretenda cambiar el orden establecido por ellos. Tarde o temprano cae. Propiciar la escasez de la canasta familiar es un método que no falla, no tanto por la elevada tasa de inflación que se genera, sino porque aprieta directamente la barriga de la comunidad.

El derrumbe del modelo de Venezuela estaba cantado desde que comenzó, más cuando el dirigente planteó un enfrentamiento directo contra el gobierno de Estados Unidos. Era sólo de esperar un tiempo mientras maduraban las condiciones políticas derivadas del descontento popular, martilladas por los grandes medios masivos de comunicación que controlan las poderosas empresas multinacionales, que diariamente manipulan la conciencia de la gente escondiendo los verdaderos propósitos de los grupos de poder. Cuando la época de Allende en Chile  se propició la escasez de la canasta de alimentos comprando los inventarios para enterrarlos clandestinamente con muy buenos resultados; ahora en Venezuela utilizaron tácticas similares tocando detalles más agudos y que nos muestran que en materia política lo que verdaderamente existe es el poder del papel higiénico.

OJO CON EL DNP

Desde 1958, o sea desde su nacimiento, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha tenido la misión de introducir en Colombia los paradigmas y modelos que se inventan en las universidades e institutos norteamericanos y en los organismos multilaterales para defender los intereses del capitalismo internacional, papel que aún sigue desempeñando ahora para defender el capitalismo rentista, por lo cual este organismo es hoy el principal enemigo de la descentralización administrativa y de la autonomía municipal.

Hace cuatro años, cuando comenzaban el período los actuales gobernantes territoriales, desplegó una campaña supuestamente para asesorar a estos funcionarios en la elaboración del llamado plan de desarrollo que se debe formular para cumplir la Ley 152 de 1994. Para el efecto, contrató un grupo de profesionales a quienes adiestró en Bogotá y luego envió a los diferentes territorios, cada uno con la tarea de influir en un conjunto de tres o cuatro municipios. Hasta ahí todo está bien.

Pero la supuesta ayuda técnica de los asesores no era otra cosa que el intento de estos profesionales para penetrar los planes municipales e imponer a la fuerza las políticas del gobierno nacional por encima de los propósitos del gobernante territorial. Hubo casos donde utilizaron métodos reprochables y chantajes, para obligar a los alcaldes a incluir en su plan, programas, metas e indicadores de la conveniencia del presidente, sin importarles los verdaderos requerimientos de la comunidad local ni el programa inscrito por el candidato elegido. La amenaza de que si no se comportaban con obediencia, no les enviarían recursos desde Bogotá para financiar proyectos municipales fue un argumento repetido en sus procedimientos chantajistas.

Luego, después de aprobados los planes,  el DNP inventó el cuento de la premiación a los mejores, otorgando reconocimientos a las entidades territoriales que habían sido obedientes y sumisas e incluido lo que los asesores “recomendaban”, viéndose casos como el del Departamento del Cauca, donde un plan con errores metodológicos como fue lo de un falso diagnóstico y lo de no determinar de dónde salieron los objetivos, entre otras cosas, fue galardonado con el reconocimiento de los mejores planes.    

Esta vez y para los nuevos gobernantes, probablemente se repetirá la historia. Ya ha hecho costumbre el estilo de la Nación de poner a los alcaldes de mandaderos gratuitos del presidente, fijándoles tareas de ejecutar en el municipio los programas del mandatario nacional sin retribución alguna, cuando lo racional en el marco de la moderna gestión pública, es que la Nación contribuya con recursos a la ejecución de las políticas del gobernante local. Seguramente al comenzar el período de los próximos gobiernos territoriales nuevamente el organismo nacional enviará sus asesores a violentar los procesos municipales, por lo cual a partir de enero del próximo año, las comunidades locales deberán estar atentas y echar mucho ojo con el DNP.