LA PRUEBA DE LO DICHO

En varias ocasiones y por distintos medios se ha señalado, que la erradicación de cultivos de uso ilícito había sido un fracaso porque utilizaban medidas de política gubernamental para solucionar un problema cuya causa es de mercado; y por lo tanto, solo se podía solucionar si se aplicaban medidas de mercado, tal como se está palpando ahora en las zonas de economía campesina tradicionalmente ocupadas en este tipo de cultivos. 

El gobierno actual, a diferencia de los anteriores, está aplicando medidas dirigidas, no contra los cultivadores campesinos, sino contra los agentes del mercado, como son los acopiadores, transportistas, mayoristas, distribuidores y principalmente exportadores, a quienes les han incautado muchos cargamentos de la mercancía. Entonces, fue sin querer queriendo. Pero al impedir que los canales de comercialización operen libremente en el escenario del mercado, donde, según lo dicen algunas investigaciones, contaban con protección de organismos del Estado, se produjo una contracción de la demanda en zonas productoras y, en consecuencia, ya se está viendo la sustitución de cultivos por otros cuyo uso es lícito, ante la imposibilidad de vender la mercancía que ya tenían en inventario.

Por supuesto, el golpe a las finanzas campesinas en dichos territorios es fuerte y los perjuicios sociales son lamentables; pero es una situación transitoria mientras se estabiliza la economía rural en actividad de producción y mercadeo sin efectos de ilegalidad. No obstante, en casos como estos, la presencia del Estado es indispensable, con apoyos de financiamiento, asistencia técnica y soluciones de comercialización para los nuevos productos lícitos, porque sino las mismas leyes de mercado se encargan de golpear a las familias con efectos sociales de impredecibles consecuencias.

De esa forma, el caso trae aspectos favorables y desfavorables cuyas consecuencias, como siempre, afectan a las familias rurales, pero es un fenómeno que se debe conocer y estudiar detenidamente por los organismos gubernamentales; y, sobre todo, es un hecho que muestra los caminos correctos de solución y ante todo que permite observar con evidencias que es la prueba de lo dicho. 

PRAGMATISMO DE LAS REFORMAS

Después de tres decenios de políticas neoliberales y la acumulación del descontento social por los efectos inhumanos de este modelo global, la ciudadanía cambió mediante proceso democrático, las élites que durante todo ese período manejaron el Estado, con la expectativa de que se realizaran los cambios pertinentes en las políticas, para alcanzar un sistema económico más humano, al estilo del que existía en el mundo occidental antes de 1980.   

Por supuesto, con ese compromiso el gobierno actual asumió la conducción del Poder Ejecutivo y con ello, ha formulado propuestas de reformas que debe tramitar ante el Congreso, donde no cuenta con mayorías y necesita el apoyo de otros partidos que también tienen asiento en el organismo, por lo cual los debates no se dejan esperar, algunos bastante acalorados.  

La situación es que la concepción y diseño de las reformas requiere un tejido de filigrana, porque no se debe tener como referencia, al pie de la letra y a raja tabla,  las normas que rigieron en el siglo pasado, cuando en Colombia existía el capitalismo clásico con predominio del sector industrial, la economía cerrada en el marco del neocolonialismo cuyo eje era el desarrollo exógeno con presencia relevante de las multinacionales, la economía protegida y cerrada, y el Estado Interventor-Benefactor que utilizaba políticas macroeconómicas basadas en el pleno empleo y la universalidad de los servicios sociales. 

Hoy la realidad es diferente después de la imposición del modelo neoliberal derivado del capitalismo rentista y el poder de los fondos que agrupan a los especuladores del dinero, modalidad preferida por los capitalistas actuales. Hoy tenemos una economía abierta globalizada, predominio del sector financiero, políticas macroeconómicas basadas en la estabilidad monetaria, servicios sociales privatizados, teoría del desarrollo endógeno y un Estado neoliberal con finalidad de bajar el gasto público y frenar la inflación. 

La historia no tiene reversa; es dialéctica. Es como un río. Así que no es sensato pensar que las reformas como la de salud, la de protección social, la reforma laboral y demás, deben retroceder y volver a imponer las normas del siglo pasado. Se necesita creatividad e innovación para ablandar o neutralizar los efectos sociales dañinos del capitalismo salvaje, pero en concordancia con la nueva realidad histórica, para encontrar la viabilidad real de las propuestas. 

Principalmente dos aspectos claman a gritos para tener en cuenta en las reformas: por una parte, la complejidad, heterogeneidad y diversidad de la realidad del subdesarrollo colombiano sobre una geografía también diversa; y por otra parte las políticas del plan nacional de desarrollo que se discute en el Congreso y que hace énfasis en la economía popular, social y solidaria. 

Los sistemas fiscales, parafiscales, y de protección social, no deben tener un sistema tarifario uniforme y rígido, desconociendo la diversidad sectorial, institucional y geográfica, si se quiere evitar que las reformas ocasionen un bumerán donde el remedio resulta peor que la enfermedad. El subdesarrollo incluye dualidad en muchos sectores de la economía, de modo que a todos no se les debe tratar con el mismo rasero. La economía popular no cuenta con la fortaleza suficiente como para asumir la carga fiscal y parafiscal propia de una gran empresa, y, peor aún, como una multinacional similar a las del siglo pasado, cuando la época del modelo cepalino de sustitución de importaciones; de tal manera que el éxito de las propuestas del gobierno, en gran medida, depende del pragmatismo de las reformas. 

OTRA LEY PARA REFORMAR

 Ahora que están en boga, el tema del plan de desarrollo y los cambios en leyes, es oportuno reflexionar sobre la necesidad de reformar la Ley 152 de 1994, llamada “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, ya que la Constitución Política establece en su artículo 339 que habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general, donde se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. Pero, en el artículo 341, introduce una contradicción, o crea una confusión, cuando señala que el gobierno presentará el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo. Así mismo, la Carta establece en el artículo 342, que se expida la correspondiente ley orgánica que reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo. 

Se desprende la duda, si la norma obliga elaborar un plan de desarrollo o un plan de gobierno; pues en la primera parte claramente se refiere a un plan de desarrollo, pero en la segunda trata lo relacionado a un plan de gobierno, por lo cual el ejecutivo de esa época, ni corto ni perezoso, tramitó ante el Congreso todo lo relacionado al plan de gobierno, dejando un vacío grande en los aspectos del pan de desarrollo, que la misma Constitución invoca, como para el largo plazo. El gobierno se limitó a institucionalizar la costumbre implantada por Misael Pastrana en 1970, que continuaron los demás presidentes con el procedimiento que se le llama del “libro plan”, donde consignaban las acciones que se proponían realizar durante su período. Pero el desarrollo, entendido como el cambio para mejorar las condiciones de vida, no se logra en cuatro años, además que, en un sistema de mercado, el desarrollo económico, que es la base, no es protagonizado por el gobierno sino por los empresarios. Ese vacío sobre el largo plazo, es tal vez, la debilidad más fuerte de la ley, por las consecuencias que ha tenido en temas como el ordenamiento territorial, los ajustes culturales y la gestión de proyectos públicos, entre otros. 

Transcurridos ya casi tres decenios de vigencia, el país ha tenido la oportunidad de verificar en la práctica, las deficiencias de la ley orgánica del plan, por lo que ya están identificados los elementos normativos que se debe reformar, sobre todo en los niveles territoriales, donde no se aprecia el cumplimiento del artículo 31, mediante el cual le otorga facultades a las corporaciones administrativas territoriales, para que determinen los términos y condiciones de la conformación de los planes en el territorio, es decir para que definan el contenido y metodología para la formulación.

De otro lado, es conveniente tener en cuenta que, de 1994 a la tercera década del presente siglo, muchos aspectos de la vida económica, social, institucional y ambiental han cambiado, así como las teorías del desarrollo, ahora que existe un mundo globalizado con enfoques de desarrollo endógeno, en el marco de la democracia participativa, diferentes a lo que fue la época de los libros plan del siglo pasado.

Son muchas las falencias que se han evidenciado en dicha norma a la luz de la conceptualización sobre planificación, que se construyó en la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando se evidenció el fracaso del método normativo, irrumpió el método estratégico y se propuso la prospectiva, entre otros avances en la estera del pensamiento, que sumados a todos los casos impertinentes como ese del centralismo bogotano que se manifiesta a través del kit territorial impuesto por el DNP, los que permiten hoy afirmar que la 152 de 1994, es otra ley para reformar.

POPAYÁN Y LA ACUMULACIÓN FLEXIBLE

 Ahora que se requiere el debate sobre la situación del peniplano de Popayán, que agrupa los municipios de la zona centro del departamento, en lugar de estar hablando de candidatos, de esos que pululan, conviene tener en cuenta el caso exitoso de desarrollo regional que se le conoce como “La Tercera Italia”, que con base en la percepción de Michael Piore y Charles Sabel, formularon la propuesta que se le denomina la “Acumulación flexible” a finales del siglo pasado, y que conlleva un modelo asociado al desarrollo endógeno, que se basa, no en la competencia entre empresas, sino en la emulación, similar al benchmarking norteamericano de los años sesenta, que tiene relaciones de aprendizaje entre empresas, lo cual se facilita si existe una cultura de solidaridad y mutualidad, más que de rivalidad. En Italia, el esquema fue aplicado para conjuntos de municipios, como en el caso del Cauca donde se puede agrupar Popayán con sus territorios vecinos. Ahí, en ese conjunto de municipios, se destaca la importancia de los aspectos sociales e institucionales, la acción colectiva de las empresas, la formación de redes y el factor llamado “medio innovador”, que requiere una cultura propia del capital social. 

En esta zona territorial y en el actual momento histórico de crisis por el desempleo y la descomposición social, que es un subproducto del modelo neoliberal que ya lleva tres decenios en Colombia, no se debe pensar en la instalación de grandes empresas como en el siglo pasado cuando prevalecía el concepto de desarrollo exógeno, ni en el estilo soñado y anhelado de la Ley de Páez de hace tres décadas que finalmente no generó los frutos esperados, ni en Promocauca posterremoto y el billete que despilfarró Mosquera. En este caso, se trata de que los territorios ubicados en la zona centro del departamento, que sí cuentan con las potencialidades suficientes, dinamicen un proceso de Acumulación Flexible, que propicie la generación de empleo y la posibilidad de insertar la economía regional en el mercado global. Entre las potencialidades, se destaca la existencia de múltiples programas académicos y de formación del aparato universitario local y entidades educativas, de donde surge gran volumen de capital humano susceptible de nutrir un proceso al estilo del modelo de la Tercera Italia. 

Lo que sí es fundamental y decisivo para implementar una estrategia apropiada a las condiciones regionales y la dotación de recursos disponibles, es el factor que los italianos llamaron medio innovador, donde se exige el ejercicio de un liderazgo institucional adecuado a las condiciones ideológicas locales y a las exigencias de los actores que conforman las fuerzas vivas del territorio, el cual no puede ser otro que el de los gobiernos territoriales. Por eso la elección de los próximos gobernantes se convierte en un factor clave para sacar la región del atolladero en que se encuentra, por lo cual conviene pensar en formas diferentes de hacer campaña electoral, de escoger los candidatos y de precisar el perfil de los gobernantes.

El cuarto de hora está dado hoy, que el gobierno nacional ha propuesto un plan de desarrollo donde es relevante la economía popular y donde la intervención de las localidades es determinante para el logro de los objetivos, o sea que se cuenta con las políticas nacionales necesarias para realizar una estrategia que bien le cabe el nombre de Popayán y la Acumulación Flexible.