LA PRUEBA DE LO DICHO

En varias ocasiones y por distintos medios se ha señalado, que la erradicación de cultivos de uso ilícito había sido un fracaso porque utilizaban medidas de política gubernamental para solucionar un problema cuya causa es de mercado; y por lo tanto, solo se podía solucionar si se aplicaban medidas de mercado, tal como se está palpando ahora en las zonas de economía campesina tradicionalmente ocupadas en este tipo de cultivos. 

El gobierno actual, a diferencia de los anteriores, está aplicando medidas dirigidas, no contra los cultivadores campesinos, sino contra los agentes del mercado, como son los acopiadores, transportistas, mayoristas, distribuidores y principalmente exportadores, a quienes les han incautado muchos cargamentos de la mercancía. Entonces, fue sin querer queriendo. Pero al impedir que los canales de comercialización operen libremente en el escenario del mercado, donde, según lo dicen algunas investigaciones, contaban con protección de organismos del Estado, se produjo una contracción de la demanda en zonas productoras y, en consecuencia, ya se está viendo la sustitución de cultivos por otros cuyo uso es lícito, ante la imposibilidad de vender la mercancía que ya tenían en inventario.

Por supuesto, el golpe a las finanzas campesinas en dichos territorios es fuerte y los perjuicios sociales son lamentables; pero es una situación transitoria mientras se estabiliza la economía rural en actividad de producción y mercadeo sin efectos de ilegalidad. No obstante, en casos como estos, la presencia del Estado es indispensable, con apoyos de financiamiento, asistencia técnica y soluciones de comercialización para los nuevos productos lícitos, porque sino las mismas leyes de mercado se encargan de golpear a las familias con efectos sociales de impredecibles consecuencias.

De esa forma, el caso trae aspectos favorables y desfavorables cuyas consecuencias, como siempre, afectan a las familias rurales, pero es un fenómeno que se debe conocer y estudiar detenidamente por los organismos gubernamentales; y, sobre todo, es un hecho que muestra los caminos correctos de solución y ante todo que permite observar con evidencias que es la prueba de lo dicho.