martes, 26 de diciembre de 2017

LA VERDADERA SOBERANÍA

Desde la época de los estudios secundarios nos enseñaron que el Estado es un conjunto que encierra los tres elementos, gobierno, población y territorio; y también que este conjunto orgánico debe ejercer soberanía para protección de la población dentro del suelo que ocupa, bajo un concepto que probablemente se inspira en la vieja teoría del Estado Naturaleza, ese organismo cuyo fin principal se deriva de la guerra como único medio de protegerse frente a otros similares, en época en que la constitución política era una espada y el gobernante era quien mataba con su propio brazo a todos sus contrincantes. Con ello, la soberanía del Estado descansaba en las fuerzas armadas y de su poder militar dependía su autonomía en el escenario universal que, para evitar derramamientos innecesarios de sangre, se reglamentó mediante acuerdos y organismos internacionales.

Así se mantuvo el cuento hasta los años ochenta del siglo XX, cuando se modificó el sistema capitalista mundial y se impuso el Capitalismo Rentista con predominio de sus principales protagonistas, los fondos de inversión, bajo el esquema de globalización financiera y soporte teórico en el pensamiento que el alemán Wilhelm Ropke denominó Neoliberalismo. Los Estados perdieron su magnificencia sometiéndose a los designios de los fondos, que tomaron al organismo como objeto de su negocio, aplicando el mecanismo de financiar los gobiernos comprando papeles oficiales y ejerciendo el sometimiento a través de los extorsionistas que llaman Certificadoras Internacionales, con las cuales presionan a los ministros de finanzas para que, bajo amenaza, apliquen las políticas que desde la órbita política imponen las entidades multilaterales como el FMI, el BM y la OMC.

Hoy peligro de guerra y de invasión del territorio solo existe en los países que se salen del esquema y se apartan de la órbita de la Reserva Federal de USA. Mientras el país esté ahí dentro, las fuerzas militares solo se requieren para el control interno, por si de pronto surgen fenómenos emancipadores del ordenamiento económico mundial. Pero en cambio, la soberanía económica está totalmente perdida desde cuando apartaron el banco central de manos del gobierno y lo colocaron de rodillas al servicio del capitalismo financiero internacional.

¿De cuál soberanía estamos hablando, si los Estados no pueden controlar su economía y deben someterse, como cualquier parroquiano, a las reglas del mercado y sus finanzas dependen de su situación frente al mercado de capitales y la capacidad de endeudamiento, bajo el yugo de las certificadoras internacionales? El otrora instrumento para manejar adecuadamente las finanzas públicas que era la emisión de dinero, cuya función de válvula reguladora le permitía sobreponerse por encima del bien y del mal, ahora se lo tienen impedido, para así, asegurar el poder de los Fondos y el mercado de capitales, lo cual significa que, en las condiciones económicas del mundo de hoy, la emisión de dinero por parte del Estado, se convierte en la verdadera soberanía.

miércoles, 20 de diciembre de 2017

Y OTRA VEZ SOBRE LAS PENSIONES

Publicó la página La Silla Vacía en la web, que conocían de un acuerdo secreto entre Uribe, Vargas Lleras, Sarmiento Angulo, el propietario del Grupo Aval, y el Grupo Empresarial Antioqueño, mediante el cual el próximo gobierno acabaría con Colpensiones, lo que significa la privatización total de este servicio público, para favorecer los fondos y sacrificar a las personas de la tercera edad, lo cual debe disparar las alarmas y poner en alerta a todos los colombianos, porque, si lo público se define como los asuntos de interés general que nos competen a todos, después de la salud, el tema de más alto valor público es la vejez, que a todos sin excepción nos llegará, si no muere antes.

La vejez como uno de los asuntos públicos más importante, es de gran interés en todas las latitudes del mundo. Hoy, para no ir más lejos, en Argentina está enfrentada la población contra el gobierno por una reforma que Macri quiere introducir y la población, incluidos los jóvenes que algún día serán viejos, no quiere aceptar por los perjuicios que le causa. Así que en Colombia es hora de alistarse para emprender una gran cruzada en defensa de los bienes públicos, en este caso de Colpensiones y de la política apropiada al bienestar social que hoy está siendo acechada por los fondos privados que son los beneficiados con el enfoque neoliberal de la privatización que hoy amenaza el bienestar social.

El argumento repetido es el golpe fiscal que produce el pago de pensiones. Pero ocultan la verdadera causa que es, precisamente, el surgimiento de los fondos privados, que secuestraron a los jóvenes y los tienen amarrados durante más de veinte años pagándoles la cotización mensual recibiendo nada a cambio y cuando llegan a viejos, como ya está ocurriendo con los capturados en los años noventa, les salen con un chorro de babas, mientras que al Estado le dejaron los viejos que solo reciben el pago de la pensión el cual, lógicamente, debe cargarse al presupuesto nacional.

El otro factor del problema fiscal es el servicio de la deuda, que es la principal razón para proponer cambios en el régimen pensional. La estructura de financiamiento del Estado que impuso el Capitalismo Rentista debidamente sustentado en las ideas neoliberales, justamente se soporta en eso: vender bonos a los fondos de inversión para conseguir los recursos del gasto público, en un espiral geométrico que crece desmedidamente y por eso es necesario recortar el gasto social, aunque sea de alto valor público como las pensiones. El modelo neoliberal arrasó con la soberanía del Estado que no se basa en las fuerzas armadas como nos han hecho creer, sino en la capacidad de emitir dinero, lo que hacía el Banco Central cuando estaba en manos del gobierno. Y para completar los factores de la llamada crisis fiscal, es que los ricos, que son los mismos rentistas, no pagan impuestos, castrando así una fuente significativa de ingresos para el Estado.

El enfoque neoliberal desvió totalmente la filosofía de las finanzas públicas. ¿Si los recursos de los impuestos no son para pagar los bienes públicos como las pensiones, entonces para qué son? Pero en su filosofía, los ingresos tributarios deben ser prioritariamente para alimentar a los capitalistas rentistas asociados en los fondos de inversión pasando a segundo lugar el gasto social, por lo cual debemos estar siempre pensando en los temas públicos y hablando una y otra vez sobre las pensiones.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

EL CARNAVAL DE LA DEMOCRACIA

Con el cierre de la inscripción de listas de candidatos a las corporaciones del Congreso de la República, se vio finalmente el balance de lo que están pensando y deseando los políticos, antiguos y nuevos, y con ello la evidencia de la identidad del régimen político colombiano, que lo conocemos como “Régimen Democrático”, pero que en los rasgos que lo caracterizan no hay ningún parecido entre el sistema funcional que encierra y la etimología de la palabra que lleva por título. Claro puede darse ese lujo de atropellar las bases establecidas por los griegos varios siglos antes de Cristo y obrar con el grado de degeneramiento que hoy presenta, porque así se lo permite la cultura política colombiana, soportada en la alienación mental y el predominio de patrones que imponen el interés personal por encima del interés general y el bien común.

Los delincuentes, o sea quienes están en la cárcel por haber cometido delitos y que son un buen porcentaje de los políticos, siguen tan campantes como si nada hubiera sucedido. Simplemente inscribieron a sus hijos, a sus hermanos, a su cónyuge o a cualquier otro testaferro, pero siguen siendo sus votos cautivos y su dinero de dudosa procedencia, los factores que determinarán la elección y con ello el mantenimiento del poder político desde la cárcel mediante intermediarios o por celular. Los otros, los politiqueros de pacotilla que son la mayoría, también, a repetir curul, como si sus desaciertos y procedimientos antiéticos de los cuatro años anteriores, no tuvieran significado.

De nada ha valido la amplia difusión a través de las llamadas redes sociales ni en los medios de comunicación, donde se ha dicho y reiterado sobre las conductas violatorias de la ética pública y de la más elemental moral de la humanidad. Parece que a la sociedad le entra por un oído y le sale por el otro, si vemos las fotos en la prensa del grupo de aduladores y lagartos que acompañaron la inscripción de los aspirantes.

Por lo visto, en las próximas elecciones muy poco o casi nada cambiará. Seguirá el manejo del Estado, que se realiza a través de leyes, en manos de personas que van a los organismos de decisión, no motivados por el servicio a la comunidad y el bienestar del país, sino impulsados por sus apetitos económico y de poder que les permite una práctica mafiosa en el seno del régimen político.

La política, que debería ser el mecanismo con el cual la sociedad promueve el desarrollo de sus procesos de mejoramiento de las condiciones de vida, se ha convertido en un mercado de negocios donde las transacciones de los recursos fiscales es el centro de la operación y el tráfico de conciencias para sustentar los mecanismos de dominación, son las acciones mercantiles que predominan en el escenario donde la dignidad de la participación se ha convertido en el carnaval de la democracia. 

martes, 5 de diciembre de 2017

LA CULTURA DE LA VIOLENCIA

Alguna vez, hace como tres años, leí un comentario en Facebook que decía “hacer un acuerdo de paz en Colombia es como bañar y perfumar un gamín bogotano”, lo cual me pareció muy curioso y además de recordarme la famosa frase del diputado antioqueño sobre “perfumar un bollo”, me hizo pensar sobre el pesimismo de su autor y la osadía de hacerlo público en una de las llamadas redes sociales. Pero viendo hoy lo que está haciendo la oligarquía colombiana, principalmente el ala de la extrema derecha neonazi, y sus representantes en el aparato legislativo, no queda otra alternativa que reflexionar sobre la frase.

Si repasamos la historia del Colombia a partir de 1819, la que nos enseñaron en el colegio en los años sesentas, vemos que el eje principal de la narración histórica es la secuencia de guerras y enfrentamientos internos entre diferentes grupos de colombianos que siempre se agrupan en torno a un paquete de intereses y querían derrotar a los otros, recurriendo a los métodos violentos, de modo que el conflicto y la confrontación se han vuelto el común denominador histórico.

No hace falta repasar las distintas manifestaciones violentas del conflicto que todos conocemos desde nuestra juventud de estudiantes. Desde la noche septembrina cuando trataron de eliminar a Bolívar, pasando por la revolución del medio siglo, la guerra de los mil días, la violencia liberal-conservadora etc., es poco el tiempo de nuestra historia en que la sociedad colombiana ha vivido en paz.

Por supuesto, la repetición de hechos de este carácter sembró el patrón cultural que hoy rodea la conciencia colectiva y polariza la comunidad nacional en dos bandos; por un lado quienes aspiran, ya aburridos, que las expresiones de violencia se terminen o,  por lo menos que disminuyan; y por otro lado, quienes motivados por el rencor, el odio, el afán de venganza y nutridos por el veneno de la intolerancia, se niegan a aceptar el acuerdo de paz suscrito con uno de los grupos insurgentes, cuya irrupción histórica en los años sesenta, se sustentó en el legítimo derecho universal de la rebelión, creado antes de Cristo y consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Otra cosa es que posteriormente se haya criminalizado y políticamente se haya torcido.

La conclusión al ver los hechos políticos actuales con la división de la oligarquía, es que definitivamente, en Colombia no se podrá recurrir a salidas negociadas y pacíficas a los conflictos sociopolíticos. ¿Para qué negociar con el ELN, si va a ocurrir lo mismo? Y lo más grave es que, no solo los ricos se oponen a los acuerdos, sino que hay una masa de alienados mentales de las clases pobres, que repiten los argumentos de la extrema derecha neonazi sin profundizar en la reflexión necesaria para comprender el fenómeno político, porque ya se ha consolidado un mecanismo de operación automática en la mente que se extiende por toda la instancia ideológica del país y que tiene generalizada la cultura de la violencia.

martes, 28 de noviembre de 2017

EL CARÁCTER PÚBLICO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

La comunicación social es un asunto público que ha estado privatizado desde cuando se convirtió en un negocio, que hoy en Colombia saben explotar muy bien los grandes grupos económicos, como ocurre con las cadenas, canales y publicaciones de cobertura nacional. Así, la función pública de la comunicación social, deja de cumplir su finalidad natural, que es tan antigua como la misma especie humana, y se convierte en un objeto de negocio para satisfacer intereses particulares.

En esta semana el presidente Santos hizo un comentario totalmente cierto, sobre lo que es el enfoque amarillista del periodismo, que, impulsado por el afán de capturar audiencia sobre la base de la morbosidad del público, no mide el impacto social de lo que ellos mismos se encargan de calificar subjetivamente como noticia. Por supuesto y como siempre lo hacen, los periodistas de los grandes medios nacionales de propiedad de los poderosos grupos económicos, pusieron el grito en el cielo y regañaron a Santos con el argumento repetido ya, de que ellos son perfectos y que nunca se equivocan y que siempre se equivoca quien no tiene el micrófono en la mano.

Con el cambio del modelo de Estado, que se introdujo en 1991 cuando por norma constitucional se promovió la implantación de la New Public Management, por supuesto tratando de copiar a los gringos, la comunicación social se ha revestido de una trascendental connotación sin la cual no es posible realizar la gobernanza ni desarrollar la democracia participativa. Pero el país viene rezagado frente a este reto. Todavía la comunicación social, aun con su carácter público, viene sometida a las conveniencias de los medios masivos convencionales cuya impronta es esencialmente mercantil, por lo cual pierden la necesaria independencia que debe tener la función pública. Y a pesar de varios esfuerzos, inclusive del mismo gobierno, por promover medios alternativos de carácter popular, los requerimientos de financiamiento han impedido que se extiendan suficientemente las opciones de comunicación social acordes con la gestión de políticas públicas y los requerimientos del Modelo de Estado Gerencial. Lamentablemente, sin venta de pauta publicitaria no es posible subsistir y por lo menos a ojos vista, no hay otra forma de subsistir.

Sin la adecuada y pertinente comunicación no es posible que haya gerencia pública y con ello las posibilidades de eficiencia, eficacia y efectividad que requiere el manejo de lo público además de la transparencia y la honestidad, serán más difíciles y así seguirán los Sarmientos, los Ardilas los Santomingos y los demás que tienen el suficiente dinero para sostener medios, haciendo equipo con los fariseos del periodismo que pisotean la ética profesional que en este caso es la ética pública, manipulando la opinión y manejando la conciencia colectiva de la comunidad nacional con fines diferentes a los que exige el carácter público de la comunicación social. 

martes, 21 de noviembre de 2017

EL DEFAULT FUE A MADURO

Muchos se han preguntado, si la situación de la población venezolana es tan grave por culpa del gobierno, ¿por qué Maduro no ha caído? Muy sencillo: porque estaba pagando el servicio de la deuda. Al capitalismo financiero internacional no le importa cómo vive la población de un país, pero tumba gobiernos cuando no pagan la deuda o ponen en riesgo el pago como le ocurrió a Dilma Rousseff en Brasil.

Pero ahora se le puso grave la situación a Maduro. Las reservas internacionales han bajado tanto por motivo de las fugas de capital y el bloqueo de Estado Unidos, que el gobierno venezolano tiene dos alternativas: con los pocos dólares que tiene, o paga el servicio de la deuda, o importa alimentos para su población; y en estas condiciones las certificadoras internacionales emiten el grito de alerta para prevenir a los especuladores internacionales del dinero, que ahora les llaman inversionistas, sobre las dificultades del país para cumplir el pago de intereses y el principal al vencimiento.

El default es algo así como la Ley 550 para el Estado colombiano. Venezuela dejará de pagar las obligaciones vencidas, pero habrá una negociación sobre las mismas, considerando que no se trata de insolvencia sino de iliquidez, ya que ese país cuenta con activos fijos y monetarios suficientes para respaldar su deuda, pero que no puede utilizar en la fecha exigida. Lo grave es que, si declara el default y hace la negociación con los acreedores, no lo pueden embargar, pero se frenan las operaciones internacionales y, de todos modos, la situación política se le complica. En la primera reunión con acreedores no llegaron a un acuerdo o sea que el default no se ha declarado.

El capitalismo rentista, que domina el mundo hoy, ha establecido todos los mecanismos para evitar que les ocurra a los especuladores lo que les sucedió en 1928, ahora en el marco de la economía globalizada. Además del control que ejerce sobre los bancos centrales de los países víctimas, como el caso colombiano, y la administración del FMI, ha creado las certificadoras internacionales y como entre bomberos no se pisan las mangueras, ellos se auto protegen evitando que sus colegas sufran golpes. Las certificadoras alertan al mercado sobre las dificultades que afrontan los países en sus finanzas para que no les concedan nuevos préstamos ahogando más al país emproblemado.

Al gobierno no le conviene el default; porque si bien es cierto entra en cesación de pagos sin que le puedan embargar los activos, también es cierto que se cierra el flujo de nuevos recursos para sostener las operaciones normales de la economía, que, en el caso venezolano, son de subsistencia por cuanto tiene obligatoriamente, que importar los alimentos y los productos de consumo básico. Así la situación política se le hace tan complicada al gobierno que ahora sí la caída está cerca y eso quiere decir que, si los rusos y los chinos no lo salvan, al que también le llegó el default fue a Maduro.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

DESFACHATEZ DE ANIF

El agente del capitalismo salvaje y recalcitrante exponente del pensamiento neoliberal Sergio Clavijo, salió ahora con una propuesta que produce asombro por lo irracional cuando se trata de examinar los asuntos públicos, relacionada con el manejo de las pensiones en Colombia. Dijo que se debía aumentar la edad para pensionarse, lo cual podría ser aceptable si fuera posible que dieran empleo a los viejos, pero lo más absurdo fue su propuesta sobre el marchitamiento de Colpensiones, cuando, para solucionar el problema, precisamente lo que hay que acabar son los fondos privados de pensiones y no la entidad oficial, dónde radica la causa de lo que él llama la bomba fiscal.

Entendemos su postura porque para eso lo tienen ahí. Pero no debemos olvidar que ha sido el modelo del Capitalismo Rentista impuesto desde los años ochenta y que se consolidó después del Consenso de Washington modificando la estructura de financiamiento del Estado para poner las finanzas públicas como objeto central del negocio de los fondos privados de inversión, lo que tiene hoy a casi todos los Estado del mundo, en la grave situación financiera, tal como ocurre en Colombia y más.  Lo que les preocupa a los capitalistas rentistas agrupados en los fondos y a los fondos mismos que son los más beneficiados, es el servicio de la deuda. Los asuntos públicos y los problemas sociales no les importa, como ahora con el tema de las pensiones. Su preocupación no es el asunto público de la vejez, sino el pago de las obligaciones adquiridas por el fisco a favor de los tenedores de bonos.

El nicho natural de lo público es el Estado, tal como se estableció desde el siglo XVIII, por lo cual quien debe manejar las pensiones es el organismo estatal. Pero los fondos privados secuestraron los jóvenes que pagan la cotización mensual, de quienes se nutren durante más de 20 años, dejando a Colpensiones los viejos, que no pagan, pero que demandan la mesada pensional cuya fuente es el presupuesto público. Por lo tanto, la solución es simple: que regresen los jóvenes al Estado y les dejen los viejos a los fondos privados. Así, Colpensiones tiene una fuente de ingresos y la carga contra el presupuesto deja de ser una bomba.


Mientras no se cambie la actual estructura de financiamiento del Estado impuesta por el Consenso de Washington, donde las finanzas públicas se han reducido a abrir un hueco para tapar el otro hueco abierto años atrás, siempre incrementando la deuda con los cuantiosos intereses que debe pagar, nunca llegará la solución definitiva para los problemas sociales y las necesidades del desarrollo nacional. Mientras el Estado siga siendo el marrano para asegurar los lucrativos negocios de los fondos de inversión y siga alejado del cumplimiento de los sus fines sociales, ni las pensiones, ni la infraestructura, ni la educación, ni la salud, ni el deporte, ni nada, tendrá los mecanismos adecuados para satisfacer los requerimientos humanos. Se comprende la postura de Clavijo quien debe defender a toda costa los fondos sin que le importe un comino, ni el Estado, a quien ven simplemente como el cliente de su negocio, ni la comunidad, a quien ven como un obstáculo para su negocio; pero ya llegar al extremo de sus propuestas con la idea de arrebatar del todo lo público de las manos del Estado, es una perversa desfachatez de ANIF. 

miércoles, 8 de noviembre de 2017

DESPILFARRO EN EL TERRITORIO

Hoy, cuando el mundo está globalizado con una dominación cultural asfixiante, cuando los grupos de poder económico universal imponen el Nuevo Orden Mundial para favorecer los intereses de dos centenares de multimillonarios de Estado Unidos y Europa, que tienen un poder económico y militar invencible, son muy escasas las opciones  de emancipación en África y Latinoamérica y por supuesto, las posibilidades de construir procesos sociales basados en el nacionalismo y la protección de los propios intereses, como la defensa de la identidad, la pertenencia y los recursos naturales del patrimonio local.

Ante esa escasez de posibilidades de generar proyectos políticos capaces de contrarrestar los efectos de la globalización, la tradición ancestral y el arraigo de las comunidades indígenas encierran un gran potencial que puede convertirse en la punta de lanza de toda la sociedad, para orientar procesos de largo alcance hacia objetivos políticos independientes y sostenibles, diferentes a los tradicionales en manos de la oligarquía criolla entreguistas y vende patria. La energía social que encierra la comunidad indígena es la única que tiene la magnitud para liderar y arrastrar a la totalidad de la población alrededor de un gran proyecto político nacional, pero siempre que los grupos indígenas cuenten con la visión política adecuada y un liderazgo interno a la altura de las necesidades. Una visión que se aleje de sus intereses mezquinos y su afán economicista, para dimensionar sus acciones en el marco de toda la sociedad nacional sin distingos de etnias ni estratos sociales.

Vemos la energía social de la comunidad indígena, pero también vemos lastimosamente las limitaciones de sus líderes y dirigentes que no ven en el horizonte el gran potencial. Se encierran en sus aspiraciones puntuales y en vez de ganarse el apoyo y respaldo de toda la sociedad, propician la división y el rechazo de otros grupos poblacionales, igualmente colombianos, actores de la historia reciente y sujetos de derechos derivados de los cambios dialécticos que han surgido a lo largo de la historia. Para enfrentar la globalización, además del liderazgo social, se requiere la unión de todos los habitantes que sienten los nocivos efectos del dominio internacional. Las posturas y acciones que crean conflictos internos en la comunidad nacional son contraproducentes.

Es lamentable el desperdicio que afecta no solo a las comunidades protagonistas, sino a todo el país que pierde una gran opción de construcción de patria y aprovechamiento de la fortaleza multicultural para implementar procesos de mejoramiento de las condiciones de vida a partir de las propias realidades históricas, todo debido a dirigentes que marchan por la línea equivocada respecto a las condiciones históricas de la realidad presente, en el marco no solo del departamento del Cauca, sino en el concierto universal, que hoy, más que nunca, cuando ya llevan algunos años procesos en otros países de Suramérica, se presente semejante despilfarro en el territorio. 

martes, 31 de octubre de 2017

EL ENFOQUE DE LA COMPENSACIÓN FAMILIAR

Con la expedición de la Ley 1413 de 2010, por la cual se incluye la “Economía del Cuidado” en las Cuentas Nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas, se abre la puerta para el análisis y el debate sobre otros temas relacionados con la familia y el hogar, que también merecen reflexión y propuestas de ajuste pragmático respecto a la realidad colombiana presente, hoy que la coyuntura histórica del país, muestra condiciones especiales que hasta finales del siglo pasado ni siquiera las imaginábamos.

La citada ley solo se refiere a los aspectos económicos de varios de los oficios domésticos principalmente los que realiza la mujer, como el cuidado de las personas vulnerables, la preparación de alimentos, la conservación de la casa, etc., los cuales conllevan valor que no se contabilizaba en la economía; pero de paso, llama a pensar sobre otros aspectos relacionados con la familia y el hogar que no cuentan con las políticas apropiadas, hoy que se viven situaciones sociales que generan preocupación e incertidumbre.

Uno de los temas que invoca la ley es el de la Compensación Familiar, cuya institucionalidad fue creada hace cerca de medio siglo y que ha ocupado un lugar importante en este sector, pero que ya es hora de revisar para examinar su pertinencia frente a las condiciones actuales de la familia colombiana en el contexto de la actual realidad socioeconómica.

La compensación familiar tradicional, con buenos propósitos presta servicios muy importantes que probablemente fueron pertinentes en época de su creación; pero hoy que el mundo ha cambiado, no responde plenamente a requerimientos y necesidades de la familia, algunos que no son atendidos por otro de los sectores institucionales existentes. En cambio, compite con sectores donde los mismos servicios son más eficientes. Los colegios corresponden al Ministerio de Educación, la salud corresponde al Ministerio de Salud, la recreación y el deporte a Coldeportes, la vivienda al Ministerio de Vivienda, la distribución urbana de la canasta familiar al Ministerio de Agricultura y al sector privado y así sucesivamente. Lo único que bien se puede inscribir exclusivamente en la compensación familiar son los subsidios en dinero que se pagan por los hijos. En cambio, quedan por fuera, sin doliente, sin que haya un sector especializado, problemas y asuntos familiares que bien pueden incluirse en la compensación familiar y que nadie los atiende.

Es hora de incluir en la agenda del nuevo gobierno, la revisión y ajuste de la compensación familiar, que por cierto maneja cuantiosos recursos parafiscales, que por lo tanto son públicos, para que se estudie a fondo las necesidades de la familia y se diseñe una política pública que llene ciertos vacíos existentes en materia de compensación familiar y que hace que el actual sistema se haya vuelto anacrónico, por lo cual hoy, se presenta la exigencia de cambiar el enfoque de la compensación familiar. 

miércoles, 25 de octubre de 2017

LA LÓGICA DEL MERCADO

Un principio elemental de la Teoría de los Precios es el que señala que nadie produce algo que no se pueda vender en el mercado, porque no tiene cualquier tipo de utilidad para algún consumidor. Pero ahora la DEA salió a decir que el aumento del consumo de cocaína en USA se debe a que en Colombia han incrementado las hectáreas sembradas de coca. Pobrecitos ellos, tan buenos que son.

Pero lo que no dicen, es que, desde la caída de los carteles colombianos, las mafias mexicanas propiciaron la extensión de los canales detallistas de distribución urbana del producto en las ciudades de USA, donde los actores protagonistas son gringos. Sin esta red hecha por nacionales de ese país, los poderosos grupos que controlan la distribución mayorista y que se abastecen desde Colombia, jalonando, por supuesto, la siembra y el aumento de la producción, no hubieran podido alcanzar sus propósitos. Estas son las principales causas cuyas consecuencias se manifiestan en Colombia, donde por motivos de lo que podríamos llamar “la economía del instinto”, los pobres campesinos generan las respuestas con expansión de la superficie cultivada.

Los humanos no se pueden dejar morir; y así ha sido desde que existe la especie del homo sapiens hace ya varios millones de años. La ley de la naturaleza propició, mediante mecanismos instintivos, la creación del sistema económico con los fines naturales de producir los medios para la subsistencia humana y la conservación de la especie. Otra cosa es que hoy hayan convertido la economía en el medio para enriquecer más a los ricos; pero esa no es su función natural. Entonces, movido por el instinto, el humano recurre a la acción más sencilla para conseguir sus medios de vida, como es cultivar algo que tiene la venta asegurada.

Desde hace más de medio siglo, los mismos gringos impusieron y hoy lo siguen haciendo con la complicidad de las élites de dominación criollas a quienes les dejan caer migajas, modelos económicos de dominación que favorecen a los ricos de allá y aumentan la pobreza de los pobres de acá, como la población asentada en las zonas de economía campesina, donde existe un caldo de cultivo para que se desarrollen los cultivos de coca. Primero fue el llamado Modelo de Sustitución de Importaciones, para colocar el país al servicio de las multinacionales; y ahora el modelo de globalización, para favorecer el capitalismo rentista y las transnacionales de los siete países del G-7; en ambos casos, imponiendo la idea de que el capital extranjero hace bien al país y ocultando sus efectos a largo plazo donde las remesas hacia esos países, de utilidades, intereses, regalías, uso de patentes y todas las demás formas de remuneración del capital, fueron chupando  y llevándose el Excedente Económico de Colombia y dejando grandes masas de población empobrecida. Pero ahora se quejan porque esa cultura que ellos mismo crearon desde la guerra de Vietnam con un patrón de alto consumo de drogas, está facilitando a las mafias del microtráfico, que ellos mismos conforman, aumentar el consumo de la cocaína en ese país echándole la culpa a Colombia, que no es más que una víctima de la lógica del mercado. 

miércoles, 18 de octubre de 2017

LA RACIONALIDAD EN LOS BIENES PÚBLICOS

Con la entrega del Premio Nobel de Economía a Richard Thaler por su contribución a la economía conductual que analiza las consecuencias de los mecanismos psicológicos y sociales en las decisiones de los consumidores, nuevamente se coloca sobre la mesa el viejo tema, introducido en la teoría desde finales del Siglo XIX por los marginalistas, basado en la conducta del consumidor que ellos incluyeron en la Función Demanda, como una de las variables que determina el comportamiento de una de las fuerzas del mercado. Ahora en este siglo, Thaler profundiza en el tema y deja de lado los supuestos tradicionales de la economía ortodoxa, que considera la racionalidad del consumidor como el mecanismo que define su conducta, con base en raciocinios orientados a la maximización de su utilidad. Thaler considera que la conducta del consumidor tiene un fenómeno de impulso sin la racionalidad capitalista que antes se consideraba y que esto está repercutiendo notoriamente en los mercados, que ahora son globales.

Pero el tema viene al cuento, no por el caso del citado premio al economista gringo, sino porque también se relaciona con una situación que cotidianamente vivimos todas las personas del común, cuando se trata de consumir los bienes públicos, que la teoría económica ortodoxa, o sea la que alimenta la Teoría de los Precios, no ha reconocido en la esfera académica pero que se manifiesta en el diario vivir. La teoría marginalista caracteriza los bienes públicos según dos principios, el de no exclusión y el de no divisibilidad, que no viene al caso entrar en detalle en un artículo periodístico; otro enfoque identifica estos bienes por su relación con la ley de la naturaleza y su dependencia frente a los factores biológicos de la especie humana; y la norma dice que lo público es lo de interés general que nos compete a todos y esto se da por el carácter natural que todos los individuos de la especie poseen.


Con ello surge la diferencia entre los bienes públicos y los bienes privados, estos últimos suficientemente estudiados por la economía ortodoxa, donde los primeros presentan una conducta del consumidor que tiene un factor instintivo sin la racionalidad capitalista de la teoría tradicional, que ahora con Thaler se comienza a abrir campo en la esfera académica de los países desarrollados, o sea los que imponen los paradigmas del conocimiento a los demás países como Colombia. El haber otorgado el premio nobel por un trabajo sobre economía conductual que se aleja de la ortodoxia sobre comportamiento del consumidor, le abre las puertas al concepto de lo público basado en la ley natural y comienza a reconocer que las decisiones de las personas cuando se trata de consumir bienes públicos conllevan un componente instintivo que en muchos casos genera manifestaciones irracionales propias del comportamiento animal. Y así, la privatización de lo público y los empresarios voraces que creen que los bienes públicos son solamente para llenarse los bolsillos, se ven obligados a incluir otras consideraciones para el establecimiento de estrategias de marketing, diferentes a la racionalidad de los bienes privados y apropiada a la racionalidad en los bienes públicos. 

miércoles, 11 de octubre de 2017

TRAS DE GORDO HINCHADO

Describía el domingo pasado Nelson Paz, lo que podríamos denominar una radiografía de la situación política del departamento del Cauca y muchas expresiones, casi de terror, iban saliendo a medida que se avanzaba en cada párrafo. La realidad del territorio para el debate electoral que se aproxima, no ofrece buenos augurios para una comunidad que adolece de graves problemas en las esferas económica, social, cultural, ambiental e institucional.

El cumplimiento del acuerdo de Paz, que hacía pensar en las oportunidades del Punto 1 para adoptar una adecuada, pertinente y consecuente política pública para el campo, ahora está dejando dudas por las acciones del gobierno nacional que, basado en el centralismo bogotano tradicional, no muestra los aciertos necesarios para lograr los propósitos del acuerdo, por lo que se desean y esperan los ajustes y correcciones que, sin la intervención de los organismos regionales, probablemente no sucederán y entonces todo será un fracaso.

Una columnista de la Revista Semana hizo referencia a un tema que ya en este diario otros comentaristas habían tocado, claro, con mayor precisión que la periodista bogotana en lo que se refiere al Cauca, pero con menor eco en la opinión pública, sobre los bandazos que está dando el gobierno nacional en sus programas de erradicación de los cultivos de uso ilícito, que realiza con una actitud desesperada por las cifras de áreas cultivadas que ha mostrado la ONU.

El desempleo y la descomposición social cada día inundan más las comunidades locales generando zozobra y desesperación en las familias, que ven cómo la delincuencia y sus efectos en la inseguridad lesionan la calidad de vida de los caucanos, ante unos gobiernos territoriales que, más se preocupan por las campañas electorales del próximo año, que por cumplir la misión encomendada por los electores; y todo agravado por un elevado número de escándalos de corrupción que produce rabia en la gente y desconcierto ante la injusticia de la justicia que en lugar de proteger el interés general y el bien común, se amanguala con los delincuentes de cuello blanco que saquean los recursos de toda la población.

La comunidad del Cauca no merece este destino. Puede haber cometido muchos pecados como el de haber repetido tantas veces la elección y designación de los mismos con las mismas para manejar los asuntos públicos del territorio y otros pecadillos más, pero no como para caer en la actual situación donde los ineptos y los politiqueros siguen campantes preparándose para las próximas elecciones sin que haya un despertar que motive el cambio de rumbo donde los protagonistas de la actividad pública sean otros, más concordantes con las necesidades de cambio para salir de la crisis generalizadas, con nuevos liderazgos que no dejen llegar a un futuro donde siga sucediendo que tras de gordo hinchado.

martes, 3 de octubre de 2017

LA COMPLEJIDAD DE LAS ESE

Uno de los nocivos impactos de la catastrófica Ley 100 de 1993 es el ocurrido en los centros de atención de pacientes de propiedad oficial, que hoy les llaman Empresas Sociales del Estado (ESE) y que se clasifican según el grado de complejidad técnica, tecnológica y científica en la prestación de los servicios y por supuesto, en la atención del tipo de patologías. Anteriormente existían los puestos de salud, los centros de salud y los hospitales; pero a los primeros los acabaron dejando solo estos últimos con el nombre ya citado.

Al tenor del más puro pensamiento neoliberal, a las ESE las convirtieron en un salpicón conceptual que enreda su manejo. Estas tienen un carácter doblemente público; pues el objeto de trabajo, o sea la salud, es pública y el propietario de la empresa es El Estado. Pero las tratan como empresas a las que se les aplica el paradigma privado, que significa navegar en la turbulencia del mercado. Así, eficiencia, eficacia, efectividad y competitividad, son principios de obligatorio cumplimiento, en un medio donde las condiciones para vivir como empresa privada rentable no es apropiado. Primero por las condiciones de su propietario que no tiene la libertad para operar como empresa privada, ya que el Estado sólo puede hacer lo que la ley le permite, a diferencia de las empresas privadas que pueden hacer lo que les da la gana, siempre que la ley no se los impida. Por otro lado, porque al aplicar el fundamento de la racionalidad capitalista en un objeto público, se pierde el carácter humanista que debe tener el servicio y se aleja de los fines sociales del Estado. Y para acabar de completar, los agentes de la administración no son propietarios de la empresa por lo cual no les duele el bolsillo cuando hay despilfarro, que ellos mismos propician al utilizar la empresa con fines políticos u otros intereses particulares, como ha ocurrido en el HUV de Cali y los varios gobernadores que lo llevaron a la crisis. El régimen laboral es dual por la presencia de empleados públicos y trabajadores oficiales, a lo que se agrega los contratistas de prestación de servicios y ahora, los esquemas del paradigma privado de outsourcing o tercerización, que como en HUV de Cali, se utilizan para otros fines diferentes a los propósitos gerenciales de la administración pública.

Ante esa situación, es necesario crear modelos administrativos que, en el contexto de la administración pública, puedan imponer la racionalidad en condiciones de equilibrio entre el paradigma privado y el público. Pero eso no ha ocurrido. Pretendieron convertir a los médicos en gerentes mediante una especialización académica, como requisito para ocupar los cargos de gerente de ESE; pero esto no da brindado los resultados esperados, ni los brindará, porque de la noche a la mañana no se puede formar gerentes para entidades que aglutinan tan diversos factores administrativos, dentro de en una disciplina de conocimiento que aún está en construcción, que comenzó cuando se trasladó lo público al mercado y se inició la creación de la teoría de la nueva administración pública que integra aspectos de la administración privada pero que debe afrontar las dificultades de aplicar dichos conceptos en el marco de lo público, lo cual se expresa claramente en la complejidad de las ESE.

martes, 26 de septiembre de 2017

LOS TUMBOS DE LA DEMOCRACIA

Por allá en los siglos 17 y 18, los ricos europeos (manufactureros, financistas y comerciantes) todos plebeyos, inventaron un régimen político de su conveniencia, para lo cual desempolvaros la palabra “democracia” que había sido utilizada por los griegos como sistema de gobierno varios siglos antes de Cristo, en época de Pericles. Por supuesto, el régimen de ahora, para el Estado Moderno, se diferencia substancialmente del de los griegos por lo cual le colocaron el apellido “representativa”. Desde entonces y como ahora, la democracia ha sido el gobierno de los ricos para beneficio de los ricos, pero, por supuesto, con el voto de los pobres.

La inepta y corrupta oligarquía colombiana siempre se ha ufanado de la democracia de este país. Vociferan a los cuatro vientos que es necesario proteger el régimen y ahora, utilizan el caso de Venezuela para argumentar su defensa. Pero no dicen nada cuando en el siglo pasado los dos partidos tradicionales cerraron las opciones de participar a otras organizaciones políticas, ni dicen nada ahora, cuando los aspirantes más cercanos a la presidencia y quienes controlan los órganos de poder, son hijos o nietos de los mismos que hoy están con las mismas. Las corporaciones legislativas y las administrativas territoriales, integradas supuestamente por representantes legítimos del pueblo, operan viciadas en las decisiones que condicionan a prebendas y beneficios personales: casi ninguno vota gratis, por lo cual el gobierno solo puede adoptar políticas, siempre que reparta mermelada.

Ahora la oligarquía, aun dividida, firmó un acuerdo con el grupo guerrillero Farc, que pidió entre los compromisos, apertura democrática para participar en procesos que durante más de medio siglo les cerraron a ellos y a otros grupos que han estado por fuera de las élites de poder como la UP y, hoy Gustavo Petro, a quien, por todos los medios, tratan de frenar para que no avance en la conquista del gobierno. Henry Acosta Patiño, el facilitador del diálogo con las Farc, distribuyó por las llamadas redes sociales un mensaje quejándose por el incumplimiento del gobierno en los compromisos del acuerdo sobre la participación de dicha organización en la actividad política, en razón a la telaraña de instancias que enredan las decisiones.


Y lo más preocupante es que, en el concierto Latinoamericano, el régimen político colombiano está mal posicionado, según se aprecia en la lectura del Índice de Desarrollo Democrático que publica la organización Polilat de Argentina con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. En 2016, Colombia ocupó el puesto 13 entre 18 países con un puntaje de 2,98 sobre 10,00 posibles. Entre los cinco países que superó, están Venezuela y Nicaragua.  En dicho informe se aprecia también, que en materia de derechos político y libertades civiles, Colombia sólo tiene debilidades y ninguna fortaleza, lo mismo que en el campo de la calidad institucional y la eficiencia políticas, concluyendo que “pasa a calificar como país con mínimo desarrollo democrático” y en el análisis del período 2002-2016, solo se ven los tumbos de la democracia. 

miércoles, 20 de septiembre de 2017

EL ALCANCE DE LAS COOPERATIVAS

En época del capitalismo empresarial con el enfoque de desarrolló exógeno, soporte keynesiano y economía cerrada, hace más de medio siglo, las cooperativas tuvieron más difusión y recibieron más apoyo de parte del gobierno, que ahora, cuanto tenemos el capitalismo rentista con enfoque de desarrollo endógeno, soporte neoliberal y economía abierta. Justo, cuando las bondades del pensamiento cooperativo ofrecen más utilidad y beneficios, no sólo para las clases populares, sino para la economía nacional en general, que las reglas operativas de la globalización han llevado a la situación que hoy afronta, con alto nivel de desempleo y recesión.

Pero todo depende del gobierno, quien debe adoptar una adecuada política pública para este sector, que incluya instrumentos de políticas fiscal, monetaria y cambiaria, medios de fomento, estímulo y apoyo, y en general los recursos de fortalecimiento que sean apropiados bajo las condiciones sociales colombianas, con su cultura y su economía.

En materia de desarrollo endógeno, desde hace un cuarto de siglo se viene agitando el discurso de los emprendimientos como medio para generar empleo y fortalecer la base económica; pero varios estudios hechos por universidades muestran que sólo el 10 % de las microempresas creadas con la dinámica del emprendimiento, han superado los primeros cinco años y se han consolidado como verdaderas empresas. El restante 90 % ha sido pérdida de esfuerzos y recursos de capital desperdiciados. La razón principal, entre otras, es que, en una economía abierta y globalizada, la competitividad solo se logra con grandes capitales acumulados que permitan la fuerza suficiente para navegar en la turbulencia del mercado, además de otros factores de política que, justamente, el gobierno no les ha aportado a las microempresas resultantes del emprendimiento.

Las cooperativas permiten, en el marco de la democratización económica, aglutinar grandes capitales en un solo esfuerzo empresarial, que suma grandes volúmenes de energía social convirtiéndose en una fábrica de capital social, donde la persona está por encima del capital y con ello, la fortaleza necesaria para afrontar la lucha en el mercado que en este caso no solo es contra las grandes empresas nacionales sino contra las multinacionales y transnacionales que dominan el mercado global.


El Acuerdo de Paz incluye un compromiso con el cooperativismo, que ojalá el gobierno cumpla, para crear y fortalecer principalmente las cooperativas de producción y de comercialización; pues las de crédito se han fortalecido solas. Pero si el centralismo bogotano no formula e implementa una política pública dentro del contexto del desarrollo endógeno, que obligue la contribución de los gobiernos territoriales, no será posible avanzar en este campo de la economía y organización social, tan pertinente en la actual coyuntura económica y entonces, Colombia terminará desaprovechando de manera irracional el alcance de las cooperativas.

miércoles, 13 de septiembre de 2017

FIRMAS CONTRA LAS EPS

Desde hace un cuarto de siglo existe el instrumento, pero sólo ahora ha tomado fuerza el mecanismo de las firmas para el ejercicio de la democracia participativa, que se viene utilizando con diversos propósitos, siendo un síntoma que demuestra la desconfianza en las instituciones colombianas. Ya ni en los partidos políticos se puede confiar, según se deduce del hecho que muchos aspirantes a presidente recurren a los grupos significativos de ciudadanos para sustentar su candidatura, tal vez, por la mercantilización que han tomado los avales de los partidos.

Ahora surge en Manizales un comité promotor de la recolección de firmas para exigir a los órganos estatales competentes, la eliminación de los mercaderes de la muerte y traficantes de vidas humanas, alias las EPS, esas empresas creadas para hacer de la salud del pueblo un negocio rentable, cuyas utilidades o ganancias dependen de la vida humana. Si salvan a los pacientes, la empresa quiebra.

Las EPS nacieron con la filosofía del aseguramiento. Pero con el tiempo se han convertido en un parafiscal que opera como un impuesto cuya base gravable son los ingresos de la víctima, que llaman paciente y en algunos casos cliente. Son la principal causa de la crisis institucional del sector salud, por lo cual su desaparición se ha planteado varias veces, pero ellas luchan como fiera herida para defenderse y conservar su lucrativo negocio. Recurren a la corrupción de los congresistas, a quienes les dan aportes en la campaña electoral y luego coimas para que voten a su favor en las cámaras. Esto es de conocimiento general y suficientemente difundido en la opinión pública.

El recurso de las firmas es procedente, ya que la iniciativa gubernamental no pasa en el Congreso. Aunque el gobierno presente el proyecto de ley respectivo, los congresistas lo modifican o no lo aprueban y las EPS permanecen vivas. El comité de Manizales debe extenderse por toda la Nación, porque el país ya no aguanta más los atropellos de estas entidades y su contribución al deterioro de este servicio social. Desde varios actores han presentado fórmulas para la organización institucional del sistema de salud sin la existencia de las EPS, lo cual es perfectamente viable y evidencia que no son necesarias. Se trata de seguir con un esquema de corte neoliberal como el actual, conservando la capitación y los pagos mensuales, pero sin la presencia de este parásito que se come la mayor parte de los recursos de financiamiento. Por supuesto, significa reformar el Fosyga, modificar la administración de las IPS, cambiar el rol de las secretarías de salud territorial y ajustar la superintendencia. Pero es fácil. Sólo falta voluntad política.

Por supuesto en el largo plazo es necesario adoptar el mecanismo de universalización de la salud con un esquema de financiamiento apropiado, para sacar este bien público de las garras del neoliberalismo y, sin regresar al Estado asistencialista, aplicar fundamentos alejados de las leyes del mercado que permitan brindar soluciones de corte social a la comunidad y al derecho a la vida, por lo cual es conveniente apoyar la iniciativa de Manizales de recoger firmas contra las EPS.

martes, 5 de septiembre de 2017

NUEVA PAPAYA DEL PARTIDO LIBERAL

Con el nacimiento del partido político Farc se modifica substancialmente el escenario político nacional y las condiciones de la confrontación electoral. Aunque a muchos no les gusta, es un partido que surge con los atributos apropiados para ser uno de los actores protagonistas del debate político que, por las circunstancias nacionales e internacionales, tiende a polarizarse en los dos bandos de los extremos del espectro ideológico.

Lo que estamos viendo en Colombia es que, en la confrontación política, más allá de las pugnas electorales y centrándose en las puras ideas y propuestas, las dos tendencias demarcarán con claridad sus linderos: por una parte el nuevo partido sustentado en la anacrónica propuesta socialista de la economía planificada con manejo estatal de los medios de producción y por la otra la postura neoliberal del capitalismo salvaje con pleno dominio del mercado como autoridad económica, alta concentración de la riqueza en manos de unos pocos, pobreza generalizada en todas las capas sociales restantes y entrega del Estado a las directrices del capitalismo financiero internacional, tal como hoy está ocurriendo.

Pero en Colombia ya no caben ni el uno ni el otro. Los dos extremos son impertinentes frente a la realidad del país que, gústenos o no, está metido en la ejecución y cumplimiento del Acuerdo de Paz, cuyo Punto Uno sobre la zona rural, abre las puertas para la construcción de un modelo económico diferente, con soportes autóctonos para el recate del aparato productivo. En este país no cabe el socialismo clásico de la economía planificada sin propiedad privada de los medios de producción ni el socialismo del Siglo XXI; pero, igualmente, ya la comunidad nacional no aguanta más el modelo económico de libertad extrema para las leyes del mercado y sometimiento de las políticas de Estado a los intereses de los Fondos de Inversión.

Es ahí donde está la nueva oportunidad. Ni tanto que queme al santo ni tan poquito que no lo alumbre. Se necesita un modelo dentro del Capitalismo, con propiedad de los medios de producción tanto del Estado como de los particulares, con el mercado como mecanismo de funcionamiento de la economía, pero suficientemente intervenido por el Estado para evitar la injusticia social y permitir la concentración de riqueza, pero en justas proporciones. Un esquema socialdemócrata que facilite el crecimiento económico con equidad social.

No estamos hablando de un modelo similar a Suecia o a otro país extranjero. Se trata de una socialdemocracia a la colombiana que se construya a partir de las propias especificidades culturales, sociales y económicas, con la creatividad y el ingenio de los propios actores sociales y con un partido político que lidere el proceso e imponga la debida trayectoria en el rumbo del Estado. Lamentablemente, el partido político que en su plataforma ideológica y en sus estatutos se autoproclama socialdemócrata, es el Partido Liberal.

Cuando en el año 2002, ese partido se entronizó en los lineamientos socialdemócratas, muchos creímos que había surgido una alternativa política consecuente con la realidad histórica. Pero después esa organización cayó en las garras del decano del neoliberalismo en Colombia, Cesar Gaviria, quien, con su séquito a bordo, destruyó lo que Hernando Agudelo y Eduardo Verano, entre otros, habían sembrado a comienzos del siglo. Pero ahora, ante la coyuntura política que se avecina y la necesidad de presentar la tercera alternativa ideológica en el escenario político, queda abierta la oportunidad de rescatar el mérito histórico que ese partido ha tenido desde la época de Rafael Uribe y Jorge Gaitán. Lamentablemente, como anotamos antes, esa organización no cuenta con un líder o dirigente a escala nacional que convoque, aglutine y oriente las masas del trapo rojo para que aproveche la nueva papaya del Partido Liberal.

martes, 29 de agosto de 2017

LA OTRA DIMENSIÓN DEL PAPA

Con la próxima visita del Papa Francisco a Colombia han surgido diversos comentarios a favor y en contra, como quienes, impulsados por algunas sectas cristianas, reprochan los gastos en que incurrirá el gobierno para el efecto, argumentando que dicho evento no es trascendental como para justificar el costo. No obstante, además del carácter espiritual y religioso que tiene el personaje, hoy, en época de la globalización, otros aspectos también hay que tener en cuenta en el significado del Estado Vaticano y particularmente del Papa Francisco.

Con la Encíclica Laudato Sí quedó todo bien claro. El texto de dicho documento papal, que es más un documento sociopolítico que religioso, quedó demostrado que el Papa es un actor relevante en la geopolítica mundial quien, en el actual mundo globalizado, se reviste de especial significado. Los creadores de la globalización que hoy promueven la implantación del Nuevo Orden Mundial, fueron sacudidos por la encíclica. Tanto que posteriormente a la expedición, tres de los más connotados líderes del Club Bilderberg fueron a Roma, no se sabe a qué, pero es de suponer que fue con el propósito de regañar al Papa. Ese club, que concentra el centenar de multimillonarios más ricos del mundo, pretende establecer un orden mundial donde ellos gobiernen a su antojo y para sus propios intereses.  

Rusia y China se oponen al Nuevo Orden Mundial concebido tal como lo promueve Bilderberg; pero el enfrentamiento de estos países sería fatal para la humanidad porque estos también tienen intereses de dominación internacional y sus argumentos se basan en la tenencia de armas nucleares. Mientras que el Papa es un líder universal espiritual cuya arma radica en la palabra. Son cerca de 1.200 millones de personas en el mundo que siguen el liderazgo del Papa. Es decir, el único líder global que está en condiciones de enfrentar las propuestas del Nuevo Orden Mundial promovidas por Rockefeller, Rothschil y Kissinger, los que visitaron al Papa, y hora Soros que reemplaza al fallecido Rockefeller, es el Papa.

Por supuesto, el Papa Francisco nunca lo ha dicho ni lo dirá; pero de la lectura del texto de la encíclica se puede sacar la conclusión. El cuestionamiento al capitalismo salvaje de la globalización financiera con su soporte doctrinario del pensamiento neoliberal, es claro, por lo que la geopolítica mundial no puede hoy dejar de lado la postura del Vaticano frente a los sucesos de la aldea global, donde fuerzas ocultas muy poderosas y multimillonarias, se erigen como la autoridad que rige los destinos del mundo y define el rumbo de la humanidad, por lo cual Francisco, o el antipapa como lo califican los de extrema derecha tipo José Galat, además de ser el líder espiritual de gran parte de la humanidad, también deja ver en el escenario geopolítico la otra dimensión del Papa. 

martes, 22 de agosto de 2017

EL RESTO DE MUNICIPIOS

Es cierto que el Punto 1.2.2 del Acuerdo de Paz dice que “se priorizarán las zonas más necesitadas y urgidas con PDET para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este acuerdo”, pero también dice que “el proceso de transformación estructural del campo debe cobijar la totalidad de las zonas rurales del país”, lo cual es completamente sensato para evitar acciones discriminatorias contra algunos territorios igualmente necesitados como casi la totalidad de las zonas rurales.

El Decreto 893 de mayo de 2017 selecciona 170 municipios entre los cuales hay 17 de Cauca y 2 de Valle del Cauca dentro de lo que denomina Subregión Alto Patía y Norte del Cauca, que incluye también 5 de Nariño. Adicionalmente en la Subregión Pacífico-Medio, incluye 3 de Cauca y 1 de Valle, para un total de 20 del departamento del Cauca y 3 del Valle, que a criterio del gobierno nacional se ajustan a los factores de priorización. Pero, independientemente de lo que diga el acuerdo, la pregunta es, si los demás municipios no necesitan una política pública rural o la construcción del clima de convivencia pacífica.

En las bondades del Acuerdo lo más destacable es la oportunidad de formular, por primera vez, una política pública rural que se instrumente con el Enfoque Territorial, el cual, aunque es de esencia neoliberal, implica el cambio en los procesos de gestión pública territorial y eso de por sí, ya es una ganancia. Puede ser que recursos de financiamiento e inversiones no haya por la crisis fiscal; pero el cambio en los procesos de planificación, ejecución y control en las actividades para el desarrollo, es beneficioso para las comunidades rurales. Hasta ahora se piensa que el Enfoque Territorial solo va para los 170 municipios priorizados; pero no es procedente implantar otra vez, una dualidad entre los que aplican el enfoque territorial y los que continúen usando el tradicional y caduco enfoque sectorial.


Aun con los mismos escasos recursos existentes, el cambio de enfoque en la gestión pública traería beneficios para las zonas rurales. Por eso el cumplimiento del Acuerdo en esta materia no debe limitarse solamente a los municipios priorizados, sino que los procesos de gestión deben transformarse en todo el territorio nacional. Esto, por supuesto, conlleva las correcciones al actual ordenamiento territorial, lo que de por sí es un valor agregado para los municipios que, a pesar de los dos decenios de la ley 388, todavía presentar irracionalidades e inconsistencia en la relación del espacio con los procesos de desarrollo económico y social. Por eso, y porque la convivencia pacífica no es exclusiva para algunos territorios sino para todos, independientemente de la programación de la ART y por iniciativa local, es conveniente aprovechar las oportunidades que brinda el Acuerdo para enderezar procesos cuya tendencia es desorientada con relación a las condiciones de vida de las comunidades y al cumplimiento de los fines sociales del Estado, que aunque sea víctima del régimen político imperante, no puede abandonar su misión social y dejar por fuera el resto de municipios.

martes, 15 de agosto de 2017

EL ROL DEL DEPARTAMENTO

El departamento es un administrador territorial creado en 1886 para sustituir a los Estados soberanos y con ello poner el país al servicio de los intereses de los industriales ingleses. Pero en 1991, fue discutido y algunos propusieron acabarlo porque la Carta de la fecha consagraba al municipio como célula básica del Estado. Al final, la Constitución le asignó la función básica de ser intermediario entre la nación y el municipio.

Pero en cumplimiento de esa tarea, su papel se diluye y el gobernador queda siendo un mandadero del presidente, porque los principios de la descentralización van de arriba hacia abajo. En cambio, sí se vuelve un municipio grandote, por el principio de subsidiariedad, como ocurre en los sectores de salud y educación, donde el administrador intermedio se baja a cumplir las funciones del municipio. Sin embargo, el nivel regional es muy importante en la administración territorial porque en la realidad existen procesos supramunicipales, como los de infraestructura, los económicos y los ambientales, por lo cual la existencia de este administrador es necesaria, pero claro, con linderos diferentes, asociados al ordenamiento territorial.

Hoy, en la coyuntura histórica que vive el país, cuando, gústenos o no, hay que cumplir el Acuerdo de Paz que tiene a la ONU supervisando; el Punto Uno del acuerdo, el que crea una gran oportunidad para la reconstrucción del país rural con una verdadera política agraria, al departamento se le presenta la ocasión para su reivindicación histórica, asumiendo tareas que, por ahora, no hay quien las recoja. El gobierno, siguiendo la columna vertebral de la Rama Administrativa del Poder Público, está montando el eje institucional para el cumplimiento del Punto Uno del acuerdo en la línea ART-Gobernación-Municipio-Comunidad.

Pero hay una opinión generalizada de que las administraciones municipales no están preparadas para cumplir esa misión, por lo que necesitan que alguien les de la mano y en este caso le corresponde al departamento. No solamente por las limitaciones en la capacidad operativa y por el vaivén politiquero en que se mecen los municipios, sino, y principalmente, porque la administración del Estado está concebida, diseñada, organizada y estructurada, para la gestión pública sectorial y el Acuerdo de Paz en el punto uno exige que se realice la gestión con enfoque territorial que es suprasectorial y holístico, por lo cual se necesita hacer la respectiva conversión.

Alguien debe ayudar a los municipios a realizar esta conversión de lo sectorial a lo territorial, sobre todo a los de nivel 5 y 6, que es donde ha estado mayormente concentrado el conflicto. Se necesita un mecanismo convertidor que opere como un puente entre el municipio y las comunidades y que se encargue de la conversión del enfoque sectorial existente al enfoque territorial requerido; pues la estructura actual no se puede cambiar de la noche a la mañana y mientras eso ocurre, se ha terminado del plazo de los 10 años de los PDET. Por eso por ahora debe existir ese mecanismo de conversión y esto crea un campo para la acción de la administración regional que puede intervenir en apoyo a los municipios para suplir de alguna manera, el vacío existente en la gestión pública y a la vez aportando un agregado en el rol del departamento.

viernes, 11 de agosto de 2017

LINEAMIENTOS DE UNA PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE LOS PDET

INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional en su afán de dar cumplimiento a los compromisos pactados en el Acuerdo, viene expidiendo actos administrativos tendientes a crear un piso jurídico apropiado a los procesos necesarios para implementar los instrumentos que en futuro permitirán la construcción de un nuevo país. Pero es necesario analizar detalladamente los alcances y limitaciones de las normas en cuando a su pertinencia frente a la realidad de los territorios donde se realizarán las acciones más importantes para el cumplimiento del acuerdo.

Si bien es cierto Colombia es una república unitaria, también es cierto que tiene un carácter descentralizado con autonomía territorial para los procesos de planificación y construcción del desarrollo, entendido este como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

En concordancia con las normas constitucionales, el Gobierno ha creado un ordenamiento institucional con base en el eje Presidente-Gobernador-Alcalde sobre el cual gira la Rama Administrativa del Poder Público. Pero esta estructura administrativa es apropiada para las operaciones normales del Estado en cumplimiento de sus funciones para alcanzar los fines esenciales. No obstante, tratándose de una coyuntura histórica que tiene particularidades excepcionales como es el caso del cumplimiento de un acuerdo para solucionar un conflicto armado montado sobre la base del Derecho a la Rebelión, las estructuras y mecanismos convencionales merecen una revisión detallada para examinar la viabilidad de los fenómenos de excepción derivados del acuerdo.

Los procesos de construcción futura de un clima de convivencia armónica y pacífica entre todos los actores sociales, se realizan en las localidades y comunidades vecinales, por lo cual el enfoque de política pública Top-Down (De arriba hacia abajo), que se aplica tradicionalmente en Colombia, se contrapone a la verdadera democracia participativa que exige políticas de enfoque Button-Up (De abajo hacia arriba) de conformidad con el espíritu del acuerdo.

La realidad administrativa de las entidades territoriales, principalmente los municipios que son la célula básica del Estado, no es la más favorable para el cumplimiento del acuerdo principalmente en el Punto Uno sobre un nuevo campo colombiano que conlleva la reforma rural integral.

El Punto 1.2 incluye los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que significa el paso trascendental de cambiar el Enfoque Sectorial tradicional por un enfoque holístico y totalizante, con unidad de planificación-gestión en el territorio, al contrario de lo que tradicionalmente se había hecho con base en unidades sectoriales. La administración del Estado está confeccionada y “acostumbrada” a operar sectorialmente, por lo cual la operación territorial requiere de otros diferentes mecanismos de gestión pública. De otro lado, la realidad política de la mayoría de las entidades territoriales está invadida de prácticas politiqueras y corruptas. Esto sin considerar las deficiencias en el cumplimiento de las normas vigentes sobre gerencia pública que rigen los sistemas operativos y de control, normas que aparentemente en los aspectos formales se aplican, pero que según la teoría administrativa en la realidad no existen. Por lo tanto, no puede una administración pública diseñada para el enfoque sectorial, responder debidamente cuando se trata del enfoque territorial.

LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA

Es procedente tener en cuenta algunos aspectos en el ordenamiento institucional previsto y que se expresa en los decretos expedidos por el Gobierno, particularmente los decretos 2366 de diciembre de 2015 y el 893 de mayo de 2017. Estos decretos establecen la normatividad para la formulación y ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que constituyen la espina dorsal sobre la que se construirá la reforma rural integral.

  1. Dimensiones del desarrollo 
Si se va a sustituir el enfoque sectorial por el enfoque territorial, la unidad objeto de planificación-gestión debe descomponerse con otro criterio diferente a los sectores institucionales, para efecto de profundizar en las especificidades y detalles del objeto sin descomponer la totalidad. Para el efecto se reconocen las “Dimensiones del Desarrollo” como partes que integran el todo, definidas con factores de homogeneidad que permiten la uniformidad técnica en su tratamiento. Estas son:

Dimensión Ambiental: Activos y procesos relacionados con los recursos naturales (agua, suelo, subsuelo, flora, fauna, aire y paisaje) y sus interacciones con los procesos socioeconómicos y los procesos institucionales.

Dimensión Físico-Espacial: Activos y procesos relacionados con la infraestructura (básica y especializada), las obras construidas, el espacio público y sus interacciones con los procesos ambientales, socioeconómicos e institucionales.

Dimensión Económica: Activos y procesos relacionados con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios de origen privado o público, y los recursos o factores incorporados a los procesos productivos, generados para satisfacer las necesidades humanas y colocados en el escenario del mercado para la distribución social.

Dimensión Socio-Cultural: Activos y procesos de producción y asignación de bienes y servicios conductores de satisfactores de necesidades humanas para la elevación de la calidad de vida de la población, sumados a los patrones mentales que rigen la conducta individual en el marco de la vida social.

Dimensión Institucional: Normas y organismos que regulan y direccionan los procesos sociales para crear un ambiente de convivencia en el marco de los derechos y deberes de los individuos y sobre los fundamentos de la gobernanza.

  1. Delimitación del objeto 
Por supuesto, la gestión de los PDET debe realizarse en unidades de planificación-gestión de cobertura manejable y viable. Pero los linderos de veredas, corregimientos y municipios no son los adecuados para lograr los fines del Enfoque Territorial. Por ello las entidades territoriales actuales con sus linderos no son apropiadas para el efecto.

En el marco del ordenamiento territorial, entendido este como la adecuación del espacio y el territorio de conformidad con los requerimientos que en esa materia demandan las estrategias de desarrollo económico y social, es necesario definir nuevas unidades territoriales objeto de los procesos de planificación-gestión para aplicar el enfoque territorial.

Deben ser los mismos actores locales que utilizando factores homogeneidad geográfica o natural, cultural o ancestral, económica y social, determinen los linderos de las unidades espaciales objetivo del enfoque territorial.   

  1. Actores protagonistas 
Por supuesto que son las comunidades locales los actores protagonistas de los procesos del Enfoque Territorial en las fases de formulación, ejecución y control de los PDET. Tradicionalmente se ha contemplado la organización comunal como núcleo central para concentrar la participación comunitaria. Pero es necesario revisar este esquema, sobre todo examinando de manera pragmática la viabilidad en cada vereda o localidad. No puede adoptarse una fórmula estándar o única para todo el país. Habrá que examinar en cada lugar, cuál es la organización social de base más adecuada; pues no siempre la organización comunal tiene las condiciones y fortalezas necesarias para llevar al éxito los procesos. Habrá que examinar su representatividad, su independencia política, su capacidad operativa, su dotación técnica, su flexibilidad y el liderazgo social de sus dirigentes, entre otros factores.

  1. Engranaje institucional 
El eje Nación-Departamento-Municipio-Comunidad que el Gobierno está planteando para la realización de los PDET no es el más adecuado, por los motivos que ya se anotaron en relación con las debilidades de las entidades territoriales.

Se propone adoptar otro engranaje institucional conformado por:

Nación (ART)-Aparato Universitario-Sociedad Civil-Comunidad.

Es decir, establecer un mecanismo que sustituya a las entidades territoriales en el componente técnico de Formulación-Ejecución-Control.

No se trata de desconocer las funciones y responsabilidades constitucionales de las entidades territoriales, sino suplir sus deficiencias técnicas con la presencia del aparato universitario nacional y las organizaciones civiles (las que se rigen por el Código Civil).

Por una parte, se debe crear una organización conformada por las universidades del Estado y las privadas que voluntariamente se sumen; y por otra parte se debe crear una organización conformada por fundaciones, corporaciones, asociaciones, clubes y demás ONG.

El Estado y la Administración Pública existentes hoy, han sido concebidos, diseñados, estructurados y organizados para la gestión sectorial. Se entiende por gestión el conjunto orgánico de los procesos de planificación, ejecución y control de los asuntos públicos. El Acuerdo de Paz exige que la gestión del desarrollo rural se realice mediante el enfoque territorial que es supra-sectorial y holístico. Por lo tanto, se necesita un mecanismo que se encargue de hacer la conversión del enfoque sectorial al enfoque territorial en los procesos de planificación, ejecución y control. El dúo o equipo formado por la universidad y las ONG se encargarán de regir y orientar esta conversión.

La organización universitaria se encargará del direccionamiento del componente técnico, tecnológico y científico y la organización de la sociedad civil se encargará del componente operativo y realizará la función de puente entre la universidad, las comunidades y las entidades del gobierno.

Los planes (objetivos y estrategias) y los proyectos que surjan para el efecto, serán canalizados a través del mecanismo universidad-sociedad civil con el respaldo de la administración municipal.

El equipo Universidad-Sociedad Civil brindará asistencia técnica a las administraciones municipales y a las organizaciones de base para todos los fines de los PDET.

No se trata que desde Bogotá se contrate a valores multimillonarios una ONG para que cubra todo el país y se desplace a los territorios buscando agentes locales. NO. Se trata de que, en cada territorio, se conforme un equipo de ONG y de Universidades, que se encargue en su propia región de realizar las tareas necesarias.

  1. Aspectos de método 
Algunas consideraciones que deben contemplarse en el método para la gestión de los PDET son las siguientes:
-          Debe hacer énfasis en la aplicación del Método Estratégico de Planificación. Esto es, trascender la simple formulación de planes y orientar la acción hacia el establecimiento de procesos continuos y permanentes de planificación.
-          Se debe orientar la acción de planificación, que supla la formulación de planes como objetivo principal (Método Normativo), con el establecimiento de sistemas de planificación (Método Estratégico) como mecanismos de operación automática, que descansen sobre los hombros de los actores locales, cuyas interacciones signifiquen procesos de planificación que arrojen como producto los planes y proyectos.
-          Al cambiar el enfoque sectorial por el enfoque territorial, es necesario modificar el tradicional método que parte de la oferta sectorial, por un método que parta de la demanda social basada en las necesidades humanas. Es decir, los diagnósticos y la formulación no deben ser considerando los servicios y proyectos de las entidades sectoriales, sino con base en la calidad de vida definida en términos de la satisfacción del conjunto de las necesidades humanas.  
-          Se propone que, para los fines de la metodología, se consideren como necesidades humanas las siguientes:  Alimentación, Vestuario, Vivienda, Funcionamiento del organismo humano, Conocimientos y formación, Ocio, Libertad, Protección, Integración con semejantes, Definiciones públicas, Identidad, Afecto, Creación e innovación, Entendimiento.
-          Se propone que, para efectos metodológicos, se consideren los siguientes procesos sociales, institucionales y sectoriales: Consumo básico, Vivienda y saneamiento básico, Salud, saneamiento básico, ambiente saludable, educación física y deporte, Educación, Recreación y Deporte, Derechos ciudadanos, Seguridad Pública y Seguridad Social, Desarrollo comunitario, Participación social, Tradiciones culturales, Bienestar familiar, Desarrollo del talento humano, Solidaridad y apoyo comunitario
-          Los diagnósticos no deben ser los tradicionales que se orientan a la identificación de las necesidades y problemas. Estos deben ser orientados a identificar las fortalezas y potencialidades existentes con las cuales se puede llegar a la visión territorial esperada construyendo procesos y estrategias con carácter endógeno. Es decir, aprovechando el inventario de recursos existente en todas las dimensiones del desarrollo.
-          Los actores de la comunidad serán quienes identifiquen los ejes o líneas de transformación de la realidad presente hacia el futuro esperado, con base en las expectativas de satisfacción del conjunto de necesidades humanas con miras al mejoramiento de la calidad de vida. O sea, los satisfactores y formas de satisfacer las necesidades no podrán ser impuestas por agentes extraños a la realidad local. Cada comunidad definirá los patrones de su propia calidad de vida.
-          Los PDET deben ser factores condicionantes de los planes de desarrollo territorial y no como dicen los decretos del gobierno, que estos PDET deben someterse a los PDT. Significa que, una vez formulados los PDET, debe realizarse una modificación al plan de desarrollo territorial, para acondicionar este último a los contenidos de los PDET.
-          Los ajustes a los PDET no deben ser cada cinco años como determina el decreto del gobierno, sino que deben ser situacionales. Es decir, la revisión y ajuste debe ser de conformidad con las situaciones que se presentan, la cuales son cambiantes sin precisión en el tiempo.
-          Los POT deben ajustarse de conformidad con los requerimientos de espacio y territorio que demanden los PDET.
-          Los PDET deben inscribirse en el contexto de una Política Pública Municipal, la cual debe ser adoptada por Acuerdo del Concejo, una vez cumpla con el proceso metodológico para este fin.
-          La gestión pública debe ser de carácter suprasectorial para efecto de respetar el enfoque territorial. Para el efecto, las administraciones territoriales deben hacer los ajustes en el modelo de operación por procesos y adoptar los esquemas administrativos pertinentes.