LA HORA DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Constitución Política que nos rige estableció el modelo de Estado Gerencial que poco a poco se viene implementando en el país. Con ello, las necesidades socioeconómicas y en general los asuntos del desarrollo, se deben atender con políticas públicas en lugar de las políticas gubernamentales con las operaba el Estado antes de 1991, para así de aplicar ciertamente, la Democracia Directa en concordancia con el espíritu de la Carta. Para el efecto, se han expedido las leyes necesarias, de modo que hoy se cuenta con el piso jurídico suficiente para alcanzar la legalidad y legitimidad necesarias en los procesos participativos.

El modo de participación social en los términos de la Democracia Directa, no es otro que el de la co-gestión con responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad, para lo cual el fortalecimiento de las organizaciones sociales es un requisito indispensable; pero a los gobiernos poco les ha interesado que la contraparte se fortalezca para compartir la gestión de las políticas de desarrollo bajo los principios de la concertación, por lo cual no han propiciado la construcción de una sociedad civil adecuada a los requerimientos de las políticas públicas y en estas condiciones, los politiqueros y las mafias que controlan la rama administrativa del poder público, han hecho fiestas de interés particular, por encima de los intereses del bien común. Para la próxima elección de gobernantes territoriales, ya se alistan para continuar el festín con los recursos públicos, según se deduce de los candidatos que hoy están en el ruedo electoral.

Pero hasta cuándo? Acaso no es suficiente con lo que ha ocurrido en estos 20 años? Será posible que la sociedad esté anestesiada y no sienta el dolor de la descomposición social que viene ocurriendo?

Como se vislumbra, para los años venideros no se debe esperar nada bueno de los gobiernos territoriales. De los candidatos que hay para gobernador y alcalde no hay dónde escoger, así que la tendencia se mantendrá y el proceso descendente continuará hacia el abismo profundo, si la sociedad se queda de brazos cruzados, simplemente rajando del gobernante y en total pasividad.

O será posible que por aparte de las entidades gubernamentales se conforme una organización social fuerte que paralelamente al gobierno territorial impulse y direccione procesos de cambio aprovechando las oportunidades que brindan la políticas del Presidente Santos, que en su plan de desarrollo contribuye a profundizar la participación social abriendo puertas para que la iniciativa civil tenga acceso a los mecanismos de financiamiento. Desde ya la comunidad territorial debe prepararse para que, si el gobernador y el alcalde no dan la talla, a través del PND se puedan concretar proyectos trascendentales propiciando ahora sí la hora de la sociedad civil.

VEINTE AÑOS DESPUES

Hace dos decenios por esta época, se promulgó la constitución política colombiana que hoy rige. En aquella fecha se nos dijo que a partir de ese momento, por el país correrían ríos de leche y miel; que no nos preocupáramos, que le había llegado el futuro a Colombia porque la nueva carta política era la panacea. Todavía estamos esperando los ríos de leche y miel por cuanto, como les consta a los mayores de 45 años, los cambios ocurridos en este lapso no son los anunciados en esa época por la gran prensa bogotana.

Los muchachos de la séptima papeleta eran como héroes; nadie contó las papeletas, pero se dijo que eran más de dos millones. Extrañamente la Corte Suprema de Justicia tumbó la propuesta gubernamental de limitar la competencia de la Asamblea Constituyente y le abrió paso para cambiar totalmente la de 1886. La opinión pública aplaudía. Se cambió la Constitución de 1886 violándola a ella misma y todo se aceptó. El país estaba tan cansado de lo que ocurría con la politiquería de los años ochenta, cuya situación no era tan funesta comparándola con la de hoy, por lo que todos los atropellos al ordenamiento jurídico nacional se aceptaban, con tal de que cambiara.

Pero con el tiempo han surgido una serie de interrogantes aun sin resolver. Por ejemplo: de dónde salió el dinero para financiar la séptima papeleta?; por qué las coincidencias con lo ocurrido un siglo antes, cuando se cambió la constitución colombiana de 1863 para acomodar el país a los intereses de los industriales ingleses, en plena era victoriana del imperio, y se trasladó el discurso del político Disraeli al espíritu de la carta de 1886?. Por qué en la carta del 91 se trasluce el discurso del movimiento que se le conoce como “la nueva derecha norteamericana” y la doctrina de Hayeck, Friedman y Bernstein aparece en el trasfondo?; qué papel desempeñó el Instituto para la Economía Internacional de Washington (IIE) y el señor John Williamson?; por qué el mismo proceso se repitió en otros países subdesarrollados acondicionando el ordenamiento jurídico a las necesidades del Consenso de Washington?; por qué tanta armonía de las normas constitucionales con los intereses del Capitalismo Rentista donde los más beneficiados son los especuladores internacionales del dinero?; por qué se le arrebató el Banco de la República al jefe del Estado para ponerlo de rodillas al servicio del capitalismo financiero internacional?

Muchos más interrogantes surgen hoy después de observar los impactos del cambio en las relaciones Estado-Sociedad que trajo la nueva carta, cuando la Asamblea Constituyente derogó de un plumazo el Estado Formal de Derecho, para implantar el Estado Social Neoliberal. La evidencia muestra que las expectativas creadas no resultaron y que las condiciones del pueblo colombiano son peores veinte años después.

FALACIA DE LA CERTIFICACION EN CALIDAD

Desde cuando se viene transformando el modelo de Estado en Colombia, abandonando el Estado burocrático para implantar el modelo gerencial, uno de los instrumentos esenciales ha sido el cambio en el sistema de operación, donde se debe aplicar la norma técnica NTCGP 1000:2009, lo cual no es reprochable ni cuestionable, sino todo lo contrario, es loable. Muchas entidades se han empeñado en implementar la norma, que no es un fin en sí misma como en muchas partes lo han creído, sino un medio para alcanzar la finalidad más profunda, la del todavía nuevo modelo de Estado gerencial.

Una vez implantada la norma, el paso siguiente que trasnocha a los gerentes y directores, es lograr la certificación, para lo cual acuden a Bureau Veritas, a Icontec o a cualquier otra certificadora, con el propósito de obtener el documento que deja constancia que en dicha entidad se aplica la norma técnica de gestión de la calidad. Cumplido todos los requisitos, la certificadora del caso expide el correspondiente diploma y con ello parece que los gerentes han alcanzado la meta. Hasta ahí todo normal.

Lo aburridor del asunto es que las entidades así calificadas aprovechan la certificación para convertirla en tema de su propaganda y publicidad, la cual deja traslucir su mala intensión de engaño a la opinión pública. Sus mensajes publicitarios con métodos subliminales crean la idea en las mentes de la gente, que la entidad certificada ofrece a sus clientes la máxima satisfacción de sus requerimientos, tal como reza el concepto de calidad. Pero si examinamos lo que ocurre en la realidad, encontramos que es más fácil ver satisfacción del cliente en las entidades no certificadas que en las que han obtenido la bendición de las certificadoras.

La certificación en calidad no es garantía de que el servicio que suministra la entidad certificada deja plenamente satisfecho al cliente. Ella se refiere a que la empresa cumple todos los requisitos de la norma técnica en cuanto a la gestión de la actividad operativa, de modo que hacer creer que la aplicación de los requisitos de la norma en la gestión u operación de la empresa automáticamente satisface al cliente es un engaño. Una cosa es cumplir las disposiciones de la norma técnica en la gestión y otra bien distinta, es dejar satisfecho al cliente. La realidad muestra que las entidades certificadas, por el contrario, dedican la energía, el talento y el tiempo de su personal, más a llenar registros y papeles que exige la gestión, que a satisfacer los requisitos del cliente externo. Tanto que los servidores públicos de estas empresas se mantienen aburridos por tanto desgaste que produce la cantidad de trámites y papeles que conlleva la inadecuada interpretación de la norma; y más que asegurar la satisfacción del cliente, a lo que llevan es a acumular argumentos para demostrar la falacia de la certificación en calidad.