LA REALIDAD DEL SUBDESARROLLO

Por allá en la segunda mitad del decenio de los ochenta, Hernando de Soto con su obra “El otro Sendero” Y Manfred Max-Neef con su obra “Economía Descalza”, metieron el dedo en la llaga; y luego más adelante, Bombarolo y Bergesio, entre otros, nuevamente destapan y colocan a la luz pública un fenómeno universal al que se le ha querido ocultar el sol con los dedos de la mano. Bajo el concepto de Economía Informa o también de Sector Informal, se reconoce una realidad propia de las estructuras socioeconómicos de los países que en el siglo veinte llamaron del “tercer mundo” y que por más que luchen, esperen o se quejen, nunca podrán salir de sus condiciones económicas y sociales para alcanzar los niveles y características de los que desde entonces llaman “desarrollados”.

Max-Neef lo reiteró: una cosa es el desarrollo y otra cosa es la idea de desarrollo y también dijo que el desarrollo se basa en el tipo de satisfactores que la ideología espera utilizar para aliviar las necesidades humanas, destacando que el problema de los países del tercer mundo, es que pretenden satisfacer sus necesidades con los satisfactores creados por la cultura, la tecnología y los fabricantes europeos y norteamericanos.

Ese afán ideológico de querer vivir con los mismos parámetros de los países europeos y norteamericanos, cuya cultura, su nivel de ingreso, su aparato productivo, su tecnología, sus instituciones, sus servicios sociales, son totalmente diferentes, es lo que imprime la frustración de los latinoamericanos y lo que empuja a los Estados a cometer grandes atropellos contra la organización social y a adoptar políticas públicas equivocadas frente a la viabilidad social de las mismas, por lo impertinentes e inconsecuentes y faltas de pragmatismo en su aplicación real. Es una tendencia a desconocer los fenómenos propios del subdesarrollo y con ello a pretender aplicar instituciones del nivel desarrollado, en condiciones socioeconómicas donde no hay factibilidad, en lugar de buscar los mismos objetivos de racionalidad y orden, pero con mecanismos acordes a las condiciones reales.

Así se aprecia en instituciones como el registro mercantil, la seguridad social, el crédito bancario y otras, donde se pretende aplicar instrumentos propios del nivel desarrollado, en el sector que emerge en medio del rebusque y la necesidad de sobrevivir en un país que no tiene condiciones. Se quiere meter en mecanismos de formalidades plenas, a un sector que es totalmente informal. Y lo mismo ocurre en el manejo del espacio público, donde se pretende aplicar conceptos producidos en Berkeley o cualquier otra escuela norteamericana o europea, sin tener en cuenta que los derechos corresponden a necesidades humanas, como lo propusieron los alemanes en 1910, pero que todas las necesidades no son iguales en un ser humano, de modo que los derechos tampoco son sociológicamente estándar para dar trato indiscriminado a los mismos, de tal manera que el espacio público no puede ser objeto de una política aplicada a raja tabla, sin las consideraciones adecuadas en la estructuración de una política pública consecuente con las especificidades sociales y la clasificación de las necesidades humanas.

Varios autores han coincidido, en que es necesario crear instituciones, instrumentos y normas que permitan aplicar la racionalidad, el orden y la equidad, pero con mecanismos debidamente diseñados para las condiciones existentes; es decir, una tercera categoría que no sea dejar la anarquía y el desorden espontaneo, pero tampoco meter a la fuerza modelos propios de realidades desarrolladas; que es posible lograr los mismos objetivos de ordenamiento espacial, económico y social, pero con medidas y políticas públicas técnicamente concebidas y debidamente estructuradas en concordancia con la realidad del subdesarrollo.

EL DEGENERO DE LA PLANEACIÓN

La Constitución Política estableció mediante el Artículo 339 que habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional; que en la parte general se señalaran los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. Y mediante el artículo 342 estableció que habrá una ley orgánica a través de la cual se reglamenta todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispone los mecanismos apropiados para su armonización y sujeción a ellos de los presupuestos oficiales.

Efectivamente, en cumplimiento de las normas constitucionales, el gobierno tramitó ante el Congreso la Ley Orgánica, pero le hizo un gol a la Constitución. En lugar de reglamentar un plan de desarrollo, lo que hizo fue institucionalizar la costumbre que discrecionalmente habían adoptado los presidentes desde Misael Pastrana, de expedir el denominado “Libro Plan”, donde consignaban las acciones que se proponían realizar durante los cuatro años del periodo de gobierno. En lugar de reglamentar el plan de desarrollo, reglamentó el “Plan de Gobierno”, lo que es totalmente distinto.

Pero aun así, refiriéndose al plan de gobierno, la Ley 152 de 1994 determinó el contenido del citado adefesio técnico, señalando que este instrumento debe contener: los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo, las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo y los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos; las estrategias y política en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido y el señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas. No dice que se incluyan micos. Ni en las normas jurídicas ni en la teoría de la planeación, dice que el plan es un articulado de una ley para imponer micos y atropellar con acciones antidemocráticas neoliberales, las expectativas de la comunidad.

Pero los últimos gobiernos han dejado de lado la estructuración de un plan, como debe ser cualquier plan, para colocar por encima el artículado de una ley que han convertido en la “Ley Salpicón”, donde le insertan de todo, como en botica, que usan para meter micos y, aprovechando la jerarquía de dicha ley que se deriva de una ley orgánica, meter las aberraciones que el gobierno pretende montar pasándose por la faja el trámite normal sobre la materia. La ley que aprueba el mal llamado Plan de Desarrollo, solo debería tener un (1) artículo central: el que dice que se aprueba el plan, ya que el plan es otro documento diferente a la ley, que hace parte de la misma. El contenido del plan no debe estar en el articulado de la ley, si se quiere aplicar rigurosamente la teoría de la planificación, la técnica de la misma y el espíritu de las normas constitucional y ley orgánica.

Reducir el plan al artículado de una ley, no solo violenta los fundamentos técnicos de la planeación, sino que permite el abuso y las acciones dictatoriales de un gobierno que se aprovecha de la aprobación del mismo por parte del Congreso, para imponer sus caprichos ideológicos, convirtiéndose este procedimiento en un grave caso en el degenero de la planeación. 

GOLPES AL CAUCA Y AL CAUCA

Claro que la disminución del caudal de Río Cauca, casi hasta llegar a cero aguas abajo de la presa de Hidroituango, sería transitorio, mientras llenaba el embalse. Pero los ecosistemas quedaron alterados y las consecuencias de aquí en adelante son impredecibles. No se sabe en esa mortandad de peces que otros organismos biológicos murieron y tampoco se sabe cómo se afectaron las interacciones de los distintos elementos bióticos y abióticos, no solo del cauce, sino también en la ronda del río hasta por lo menos los 30 metros a lado y lado de que habla la ley, para no extender el asunto, como si la naturaleza se sometiera a las ley. Igualmente, no se conoce a ciencia cierta los impactos en los otros dos subsistemas que conforman el sistema ambiental, como son el socioeconómico y el institucional, aunque ya se ha visto la afectación de las comunidades ribereñas, que son las principales protagonistas del subsistema socioeconómico.

Lo que está saliendo a flote es que al proyecto no tenía viabilidad técnica, ni viabilidad ambiental ni viabilidad social; y no sabemos si tendría viabilidad económica y viabilidad financiera, para opinar sobre todo el paquete del estudio de factibilidad. La deducción es entonces, que los gestores del proyecto se apresuraron a ejecutar las obras, más motivados por la celebración de los cuantiosos contratos, que siempre en Colombia conllevan coimas y tajadas, que por verdaderamente avanzar en el desarrollo del sector eléctrico del país. Tremendo porrazo al río Cauca.

Pero otro impacto al Cauca también le dieron las élites que desde hace más de medio siglo vienen manipulando el sector eléctrico de Colombia. Ya no al río, sino al departamento. Una vez determinaron la ejecución de Hidroituango, después de la separación de ISA e Isagen, según dijo el Gobernador de Antioquia en ese entonces, en 1997 se lanzaron con todo a la promoción y ejecución del proyecto, arrasando con todos los obstáculos que se atravesaron. Por el lado de las comunidades, que se opusieron a la obra, duros golpes fueron asestados según resultados de las investigaciones de los organismos judiciales. Y por arriba, por el centralismo bogotano, trascendentales decisiones se tomaron para despejar el camino. Y ahí, este territorio recibió también un porrazo.

En ese año de 1997, fue descartado definitivamente el proyecto hidroeléctrico Arrieros de Micay, que era un competidor. Con argumentos de carácter ambiental no muy convincentes, pues la cuenca del Micay ya estaba intervenida por fenómenos de colonización, cultivos de uso ilícito y corredores de grupos armados, a pesar de las bondades hidrológicas derivadas de la alta precipitación en la zona y de que aguas abajo la población no era significativa, el proyecto fue enterrado dejando sin competencia a Hidroituango y con ello la facilidad de canalizar todos los recursos del país hacia el de gestación de los antioqueños, que desde tiempo atrás vienen manejando a su antojo el sector eléctrico nacional. Todo proyecto hidroeléctrico genera impactos ambientales y probablemente la inundación de la biomasa de la cuenca del Micay hubiera sido de especial cuidado; pero según los acontecimientos a posteriori, casi podemos estar seguros que los impactos de Arrieros de Micay hubieran sido inferiores a los de Hidroituango o por lo menos, la mitigación hubiera sido menos onerosa. Y esto sin considerar el riesgo del derrumbe de la montaña con presa y todo que los expertos han planteado.

Pero probablemente el afán de celebrar los cuantiosos contratos de obra y mantener el control de este importante sector de la infraestructura, pudo más que los argumentos técnicos y por eso finalmente se terminó dando doble porrazo con golpes al Cauca y al Cauca.

LA CONFUSIÓN DE LA DEMOCRACIA

Recientemente, la palabra “democracia” ha estado bailando de boca en boca con fines políticos y en la mayoría de casos con intereses preconcebidos, por lo que a veces es a favor u otras veces en contra, como ocurre en Venezuela donde el presidente Maduro para unos está en la democracia y para otros no. Igualmente en Colombia, donde el presidente Duque fue elegido en unas elecciones que sustentan su legitimidad, pero que también se cuestiona por dos motivos: por un lado porque nadie ha contado los votos físicamente como se hacían anteriormente los escrutinios, sino que obedece a una contabilidad electrónica operada a través de internet, un medio que es manejado por un gobierno extranjero y controlado desde su servidor central, que además cuenta con un satélite, lo que no garantiza la imparcialidad en los resultados. Por otro lado, porque en la realidad, este gobierno está al servicio de una elite de poder, para quien se orienta las decisiones. 

La palabra democracia surgió históricamente cuatro siglos Antes de Cristo y fue introducida en el lenguaje político por los griegos, con significados diversos pero similares como el caso de Platón, para quien significaba el gobierno de la multitud, o para Aristóteles para quien significaba el gobierno de la mayoría. Posteriormente, surge el idioma español y el término se introduce en la jerga política utilizando las raíces griegas para su significado, cuya etimología se refiere a demos como pueblo y cratos como dominio o poder.

Pero hoy es necesario tener en consideración algunas diferencias obligadas para comprender el fenómeno político. Se requiere hacer la distinción entre la etimología de la palabra democracia y su utilización como nombre de un régimen político, ya que en el terreno práctico esta distinción aclara aspectos en la opinión pública que interfieren el pensamiento de la ciudadanía.

Una cosa es la etimología de la palabra y otra cosa, muy distinta, son las características del régimen político que utiliza esa palabra como nombre.  El régimen político surge paralelamente con el nacimiento del Estado Moderno por allá en el siglo 17 cuando se derrumba el Estado Feudal suyo factor de poder era la existencia de Dios, que fue sustituido desde 1648 por el fundamento de que el poder viene del pueblo. Así, la democracia, como régimen político, fue creada en ese tiempo por los ricos para que gobiernen los ricos en beneficio de los ricos. Por supuesto, con el voto de los pobres.

El régimen político democrático de hoy contiene un sistema político que en nada se asimila a la raíz etimológica del nombre. Es el mecanismo para que el poder esté en manos de una élite, la que tiene recursos económicos, y donde las políticas gubernamentales y las políticas públicas, se orientan para su beneficio de clase. Es un sistema clientelista y, como ocurre en Colombia, extremadamente corrupto, que juega con la etimología de la palabra que lleva por título y de manera mal intencionada es utilizado para aberraciones sociológicas que despistan al ciudadano bajo la manipulación de su conciencia. Es un sistema donde los cargos de administración del Estado no son ocupados por mérito, sino como cuotas burocráticas que se entregan a representantes de los partidos que sustentan el régimen. Por lo tanto, es perjudicial no tener en cuenta la distinción entre una cosa y la otra, entre la etimología de la palabra democracia y las características del régimen democrático, que, al no distinguirse, solo lleva a mantener la confusión de la democracia.