ALCANCE REAL DE LOS PLANES TERRITTORIALES

El próximo sábado vence el plazo para que los gobernantes territoriales presenten ante las corporaciones administrativas el proyecto de plan de desarrollo del que trata la Ley 152 de 1994, de modo que esta semana deben estar atareados dando los toques finales al documento respectivo. Ya han pasado más de dos décadas desde cuando se estableció este mecanismo de gobierno y con ese tiempo es suficiente para hacer un balance sobre los beneficios y lo contrario, que ha traído dicha ley. Ya sabemos qué sirve y qué no, qué sobra y qué falta, qué conviene y qué no, qué contribuye a esa transformación del  Estado que propuso la Constitución en 1991 y en fin, sacar conclusiones sobre la utilidad de tan mentada ley.

Al principio pocas bolas le paraban los gobernantes. En muchos casos elaboraron el plan para cumplir la ley pero no lo tuvieron en cuenta para el ejercicio administrativo, por lo que poco a poco el gobierno nacional ha venido introduciendo normas para obligar a que la actividad gubernamental se someta a las directrices que establece el instrumento, mientras que por otro lado ha motivado la creencia en la comunidad de que para lograr algún beneficio del gobierno, es necesario que su petición quede incluida en el plan. En cada nuevo período ha crecido la avalancha de peticiones de la comunidad sobre inclusión de temas en el documento y también, simultáneamente, a cada nuevo gobernante le ha aumentado la presión desde el nivel central para que los planes territoriales incluyan los intereses y conveniencias del gobierno nacional.

Este año, es decir para los gobernantes que están comenzando y principalmente los alcaldes, la nación a través del DNP ha llegado al extremo que raya con la violación de la ley y la teoría del desarrollo y la planificación. Ha utilizado el plan como un medio para poner a los alcaldes de mandaderos del presidente en los territorios violentando la autonomía municipal que consagra la Constitución y la ley. Igualmente, la teoría del desarrollo que se difunde en los escenarios académicos y las técnicas de planificación que se han construido a la par con la transformación de las realidades económicas y sociales, han sido relegadas a segundos lugares. El proceso de formulación del plan se ha convertido en una acción mecánica, limitada, continuista y repetitiva, que castra la innovación y la creatividad y se concentra en un enfoque financierista del estilo que promueve el FMI para medir gota a gota a gota el gasto público, para generar un producto rígido e impertinente. De manera obligada hay que someterse al formulario único territorial (FUT) y reducir el ejercicio de la planificación a cumplir las directrices que impone el gobierno nacional sobre el manejo de los recursos que desde allá se transfieren a los municipios, entidades que en su mayoría, viven de estos recursos porque la capacidad de generación local es muy limitada.

Para qué entonces se continúa con la Ley 152 de 1994, si los principios que consagra y las normas que establece en materia de competencias locales no se van a cumplir? Y peor aun cuando las comunidades cada vez se interesan más en la participación para la formulación y con más seriedad intervienen en los eventos que como pantomima organizan las administraciones para cumplir la ley desconociendo verdaderamente el alcance real de los planes territoriales.

LOS ESCENARIOS DEL FUTURO CERCANO

El posconflicto es una palabreja que introdujo en la opinión pública el gobierno nacional cuyo significado no se conoce a ciencia cierta, si se tienen en cuenta la etimología de la misma y se confronta con las condiciones de la realidad colombiana en que, probablemente, se aplicará, ya que el conflicto propiamente dicho no se terminará con la sola firma de unos acuerdos con un grupo guerrillero y el complemento de las acciones que se deben realizar por parte de los firmantes para dar cumplimiento a los compromisos. La situación sociopolítica nacional es heterogénea y compleja en estado de caos, que encierra muchos más elementos de los que se están señalando a raíz del proceso de la Habana.

Por ejemplo y para no ir muy lejos, los analistas se preguntan si las condiciones del sistemas político, las costumbres de los actores del régimen y las prácticas administrativas del gobierno central, entre otras, son adecuadas a los fines sociales que propone el discurso, cuando desde ya se está observando, por una parte, la rapiña de los gamonales territoriales detrás de los supuestos recursos que van a circular para financiar el posconflicto y por la otra, la oportunidad de los altos funcionarios de aprovechar estos mismos para comprar adhesiones y apoyos a causas futuras del proceso electoral. También se está viendo con facilidad a través de los medios cómo, al mejor estilo elitista y oligárquico de este gobierno de Santos, se reparten cargos y contratos con cifras jugosas a los hijos y parientes de quienes han usufructuado durante el último medio siglo las mieles del poder para continuar dentro de nuestra democracia hereditaria el mismo dominio de las castas que por demás, han demostrado su ineptitud e incapacidad de manejar el Estado colombiano. Ya se está viendo la adjudicación de cuantiosos contratos a ONGs para administrar recursos destinados a la pedagogía de la paz, que serán direccionados en las regiones por líderes de los movimientos políticos amigos del gobierno.

Ante este panorama y frente a las expectativas creadas por el mismo gobierno principalmente en territorios donde la presencia de la guerrilla ha sido más fuerte, la gobernabilidad será tormentosa y el conflicto cambiará de matiz: la frustración y el descontento de las comunidades será, probablemente, un factor que sustituya un problema por otro en la agenda del gobierno. Ya no será la guerrilla sino las marchas y la movilización social la que producirá el dolor de cabeza de los gobiernos territoriales; pues el nivel nacional como siempre, se limita a disfrutar de las francachelas en los clubes sociales bogotanos mientras que gobernadores y alcaldes afrontan directamente con sus comunidades las consecuencias negativas de las decisiones que se toman en la capital, desde donde se están construyendo desde ya los escenarios del futuro cercano.

LAS EXPECTATIVAS REGIONALES

Según algunos de los promotores de la reunión en Santander de Quilichao el pasado dos de abril donde se aglutinaron cerca de medio centenar de antiguos dirigentes políticos de la zona, en este departamento se percibe una idea generalizada en la gente sobre la situación regional y su futuro cercano. Dicen  que hay desconcierto, incertidumbre y muchas inquietudes acerca del rumbo que tomará el Cauca en los próximos meses.

Fenómenos curiosos en la actividad económica están ocurriendo y muchas expectativas se están creando en torno al llamado posconflicto del que trata el gobierno nacional. Como siempre en casos similares, la gente se alista para recibir los flujos de recursos, bajo el supuesto de que van a llegar en alto volumen, pero no surgen desde en su seno propuestas serias que permitan dinamizar adecuados procesos de desarrollo para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad departamental.

Es a este escenario, un poco vacío, donde pretenden llegar los promotores del movimiento. Son concientes de que en el marco de la realidad constitucional y la gestión pública del presente, es fundamental la presencia de una sociedad civil fuerte y capaz de sentarse codo a codo con el gobierno, principalmente nacional, a concertar políticas, formular programas y asignar recursos; pues ya la comunidad está cansada de que a Popayán lleguen ministros y altos funcionarios a anunciar y prometer obras y proyectos que definen en Bogotá personas que no conocen la realidad territorial y que no tienen en cuenta las inquietudes de los actores locales. Si no se encuentra acá una organización social adecuada para la concertación, seguirá operando el mismo esquema en el que los afectados directos son simples convidados de piedra.

Si bien es cierto que el funcionamiento del sistema político en este departamento contiene deficiencias y existen muchas inconformidades y quejas en contra de los políticos locales, más importante que la reorganización política regional es la propuesta de reorganización social tendiente al fortalecimiento de la sociedad civil. Por eso, aunque los dirigentes del proceso naciente hayan sido políticos, es sensato valorar el sentido de la iniciativa que comenzando en Santander de Quilichao, hoy se está extendiendo hacia las otras zonas del departamento. Dicen los promotores del proceso que sus intenciones no son las de participar en las próximas elecciones del Congreso donde los candidatos necesitarán los avales de los partidos ya existentes, sino crear una verdadera movilización social en el seno de la comunidad con carácter pluripartidista en lo político y homogénea en los social, para contribuir mediante la concertación de políticas públicas con los gobiernos nacional, departamental y municipales a satisfacer de manera pertinente las expectativas regionales.

GOBERNANZA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Gústenos o no, desde 1991 rige en Colombia el Estado Neoliberal y con base en sus reglas de juego se debe manejar los procesos sociales y económicos en todos los niveles de gobierno. La Constitución y la ley imperan y si no nos gusta, antes hay que hacer los cambios desde su origen; mientras tanto, toca acatarlas. Este tipo de Estado tiene sus propias particularidades en las relaciones Estado-Sociedad que operan bajo el esquema de la democracia participativa donde la antigua gobernabilidad se ejerce a través de la gobernanza, concepto que se introdujo en 1989, y que implica la aplicación de los principios gerenciales en el manejo de lo público, ahora cuando lo público está en el mercado y en este escenario si no se aplica el modelo de Estado Gerencial, el ejercicio de la autoridad sufre estrangulamientos de alto impacto.

El transporte urbano, como un servicio público privatizado desde sus orígenes, navega en el mercado como la mayoría de los bienes públicos en la postmodernidad, por lo cual el caso debe ser tratado con enfoque gerencial. Esto significa que, como cualquier bien privado, la regulación del proceso debe partir de un análisis de la demanda que encierre todos los aspectos inherentes a esta fuerza que hace parte del mercado.

Por supuesto, el diálogo y la concertación son elementos básicos en la gobernanzas; pero es insulso sentarse en una mesa a exponer posturas subjetivas y personales sin que se disponga de los elementos de juicio objetivos con argumentos técnicos. El análisis del mercado requiere un estudio de demanda que permita identificar precios, gustos y preferencias del consumidor, capacidad de pago, sustitutos y complementarios, etc., para finalmente definir segmentos y nichos de mercado que condicionen la respuesta de la oferta mediante el conjunto de alternativas disponibles en la realidad socioeconómica de ese mercado. Por lo menos así lo señala la teoría.

En la realidad socioeconómica del subdesarrollo no es pertinente pensar sólo en una oferta con los medios propios de Norteamérica y Europa. En nuestras condiciones han surgido opciones diversas para atender la necesidad pública de la movilización urbana y todas, desde que existen, es porque tienen condiciones para satisfacer alguna porción territorial del mercado o algún nicho de consumidores, por lo cual todas deben tener cabida en el mercado, que debe ser debidamente racionalizado, regulado, ordenado y formalizado, a la altura de todos los bienes públicos.

El caso de la crisis del transporte público urbano y la movilidad no es propio de ninguna ciudad en especial, sino un fenómeno complejo que hoy existe en casi todos los países del antiguo tercer mundo, a quienes les toca asumir los problemas bajo una misma realidad global extendida por todo el mundo como consecuencia de los patrones universales, que obligan a revisar y actualizar los esquemas de gobernanza del transporte público.