domingo, 28 de abril de 2013

EL CHOQUE DEL PLAN DE CHOQUE


En los últimos días el gobierno ha mostrado su preocupación por la situación que vive la economía colombiana, donde el sector industrial viene de capa caída poniendo en riesgo la solidez del aparato productivo y con ello todo el conjunto de la economía. Los hijos de los papás, quienes hoy administran el Estado colombiano, se ingeniaron un paquete de medidas que el mismo presidente anunció con bombos y platillos desde el 15 de abril, creando gran expectativa sobre todo en los empresarios y capitalistas, porque al pueblo ni le va ni le viene, ya que las medidas de la economía siempre se hacen pensando en los ricos.

Por supuesto, las medidas han sido bien acogidas por los empresarios viendo claramente su beneficio directo y a corto plazo; pero la pregunta es si además de favorecer a los capitalistas también favorecen a la economía, tal como lo presentó el hijo de Cárdenas. Aquí entra en juego el viejo debate en toda economía de mercado: si las fórmulas se deben aplicar en la oferta o en la demanda y en este caso, si en la situación general de la economía se debe tener en cuenta el empleo.

Si bien Santamaría, el director del DNP, dijo que este plan tenía como propósito crear más de 300 mil empleos nuevos, esto se espera como consecuencia de medidas aplicadas a la oferta, cuyos efectos siempre dejan duda, sobre si se transmiten al empleo. Nuevamente la vivienda y la construcción se toman como panacea, pero igualmente estimulando la oferta sin saber si esos productos finalmente se pueden vender ante una demanda agregada que no cuenta con los ingresos necesarios para comprar los bienes que de por sí son de precios elevados, aunque exista masivamente la necesidad de ellos.

Parece que el plan confeccionado por el gobierno tiene más un trasfondo político que pretende evitar el apoyo al uribismo de los empresarios, que verdaderamente reactivar la economía para recuperar la actividad industrial. Es verdad que en la teoría económica existen argumentos para destacar el papel de las tasas de interés y los estímulos a la oferta, pero en la historia la realidad nos muestra que la racionalidad del empleador se basa más en la posibilidad de vender por ampliación de la demanda independientemente de sus costos, que en la creación de puestos de trabajo porque sus costos le disminuyeron. Si la demanda agregada no se incrementa primero por la vía de la generación de empleo, el sector industrial no se reactivará y por lo tanto lo que veremos será el choque del plan de choque.

miércoles, 17 de abril de 2013

LA CALIFICACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO


Desde 1958, el DNP ha tenido una misión clara que ha cumplido a cabalidad: su tarea ha sido la de tomar los paradigmas y modelos que se inventan las universidades norteamericanas para favorecer a los ricos de Estados Unidos e introducirlas en Colombia desde el alto gobierno. Así lo ha hecho durante medio siglo y seguramente así lo seguirá haciendo sin importarle la realidad y situaciones que viven los territorios del país.

El año pasado, sobre el argumento de las políticas del PND el de la Prosperidad Democrática, cuya estructura conceptual sienta las bases del éxito en la respuesta que den os territorios al propósito de la convergencia regional, ese organismo desplegó todo un ejército de asesores para supuestamente apoyar a los territorios en la elaboración del plan, lo que se convirtió en un mecanismo de presión y chantaje para, violando la autonomía territorial que consagra la Constitución, propugnar por que en los planes de los territorios se incluyera las políticas de interés del gobierno nacional, que se ajustan más a los compromisos internacionales adquiridos por el país, que a los requerimientos y necesidades de las comunidades territoriales.

Ahora al DNP le ha dado por calificar el trabajo de los departamentos y municipios, que no se sabe con qué autoridad técnica y metodológica, señala si el plan está bueno, regular o malo. Pero lo que vemos es que esa calificación no mide el grado de pertinencia y consecuencia del plan con las necesidades y realidades de las comunidades territoriales, sino el grado de sometimiento, obediencia y sumisión del plan a los intereses del organismo nacional. Un plan departamental o municipal bien calificado por el DNP no significa que esté bien hecho; significa que ha sido obediente y la introducido los elementos que dicho organismo recomendó, los cuales corresponden a las políticas nacionales y no a los programas del gobernador o el alcalde.  

Se genera entonces una falsa imagen pública del plan territorial, que los gobiernos utilizan para su propia propaganda, pero que no garantiza la respuesta pertinente de la acción gubernamental territorial frente a las verdaderas condiciones de la comunidad objetivo. Distrae al mismo gobierno convencido que al quedar bien con el DNP ya ha hecho su trabajo y propicia el descuido frente los verdaderas exigencias del territorio. No se niega la necesidad de elevar la capacidad institucional de las entidades territoriales y la conveniencia de tecnificar los procesos de planificación, lo que requiere del apoyo de los organismos nacionales; pero esa no es la manera de sembrar esta capacidad por lo cual se convierte en una distorsión institucional la calificación de los planes de desarrollo. 

miércoles, 10 de abril de 2013

LA BASURA ES UNO DE TANTOS


Desde cuando, por mandato constitucional, se abrió la puerta para la privatización de lo público, a muchos capitalistas inescrupulosos se les abrió las agallas por la posibilidad de hacer nuevos negocios en un campo hasta esa fecha reservado para el Estado desde que este organismo fue creado hace ya muchos miles de años. Lo público tiene la ventaja para el empresario de que en su mercado se presenta una demanda con elasticidad-precio inelástica y esto permite penetrar al mercado sin mayor esfuerzo de marketing; por el contrario, en lugar de que la oferta se esfuerce por conquistar clientes, estos hacen fila para llevarle la plata y pagar. Así, un grupo de inversionistas se dedicó a recorrer el país para ganarse las concesiones, delegaciones o contratos, muchas veces recurriendo a procedimientos poco éticos por debajo de la mesa. Algunos apellidos ya han hecho carrera en esta materia.

Pero los señalados inescrupulosos capitalistas se fijaron mucho en las ventajas del mercado de lo público y en la facilidad de adquirir privilegios por la vía de la corrupción corriente de los funcionarios y muy poco se fijaron en las demás condiciones y características que significa el merado de lo público, que por su esencia de origen natural, se alimenta de factores de manejo muy complejo, derivados de la conducta del consumidor, que difiere profundamente de la conducta del consumidor de lo privado y que genera graves problemas de administración, con los consecuenciales efectos en la estabilidad financiera de la empresa en el largo plazo. Así lo estamos viendo en el sector de la salud, en el transporte y también en el terreno de los residuos sólidos como está ocurriendo en Popayán. Cuando se adjudicó el manejo de las basuras en Popayán a la empresa que hoy opera el servicio, mucho se dijo en la opinión pública acerca de la negociación y hoy estamos viendo los resultados.

Ni es el primer caso, ni el ultimo, ni nos debe sorprender. Se trata de lo mismo que viene ocurriendo en Colombia desde que el modelo neoliberal viene operando. El Estado cómplice suscribe contratos, concesiones o delegaciones para colocar lo público en manos de empresas privadas con el único fin de que los particulares se llenen los bolsillos, con el argumento trinado de que el Estado es mal administrador, satanizando este organismo sin reconocer que los malos administradores son los recomendados del clientelismo que ocupan los cargos, pero no el Estado. Entonces se busca la fiebre en la sábana, privatizando lo público, en lugar de corregir las irracionalidades del régimen político existente. Hoy seguramente se encontrará una solución transitoria al problema del relleno sanitario de Popayán, pero no significa esto que se ha logrado la solución de fondo que no es sólo para esta ciudad ni para esta sola materia, porque el asunto es general para todos los bienes y servicios públicos donde la basura es uno de tantos. 

miércoles, 3 de abril de 2013

PREGUNTAS SOBRE LA PAZ


Los expresidentes Pastrana y Uribe han estado lanzando petardos contra Santos por motivo de la negociación en Cuba, pero según los argumentos bizantinos que utilizan, se percibe que se trata más de una pelea al interior de la oligarquía por motivos personales y vanidad narcisista de los expresidentes, que por razones de alta envergadura respecto al interés nacional. La situación es mucho más profunda si se tiene en cuenta que la violencia en Colombia es un complejo que tiene causas objetivas y subjetivas, que se alimentan con factores estructurales y coyunturales y que exigen intervenciones en el inmediato, corto, mediano y largo plazo, por parte de todos los actores sociales.

Dadas la complejidad y magnitud del asunto, la negociación con las Farc y el acuerdo esperado, generan muchos interrogantes a los ciudadanos del común, independientemente del respaldo y apoyo que se le brinde al Presidente: lo primero, en qué porcentaje se disminuye la violencia colombiana como efecto de que este grupo insurgente suspenda la acción militar? Lo segundo, que sucederá cinco años después de que dicho grupo se desmovilice si las condiciones socioeconómicas y políticas siguen siendo iguales a las actuales? Y así sucesivamente, muchos más interrogantes que hoy surgen.

La violencia en el país es de tal magnitud que va desde el maltrato al interior de la familia de los hombres a su pareja y a sus hijos, hasta las debilidades de la Rama Judicial del Poder Público que encierran una forma velada de violencia, pasando por el matoneo en los colegios, las peleas entre pandillas, la de los maestros a sus alumnos, la de la delincuencia común, la del sicariato, la de las bacrim, la de los demás grupos guerrilleros, la del narcotráfico, el soborno a los comerciantes de barrio, la de algunos empresarios a sus empleados, la del interior de las fuerzas militares a sus propios subalternos, la de los hermanos mayores a sus hermanitos, la que ejercen los políticos mediante los métodos corruptos de saqueo de lo público y hasta la que ejercen los bancos contra sus deudores morosos que de paso, también se constituye en una forma de violación de los derechos humanos.

Siendo así, por qué oponerse a que se disminuya en algún grado la magna y compleja situación de violencia en el país? O, por qué crear expectativas falsas en la culminación de una negociación y la celebración de un acuerdo de paz, esperando más de lo que puede dar? Ni lo uno ni lo otro. Lo contrario de la violencia es la convivencia pacífica la cual no depende de la negociación con un grupo guerrillero sino de muchos otros fenómenos que van desde la cultura, hasta la disminución de las desigualdades sociales por la vía del empleo y la generación de ingresos, de modo que más que atacar al Presidente por los diálogos con las Farc, lo que hoy necesita  Colombia es dedicarse masivamente a resolver la gran cantidad de preguntas sobre la paz.