martes, 26 de enero de 2021

EMISIÓN CON INFLACIÓN

Se ha extendido de manera generalizada la idea de que si el banco central emite dinero automáticamente se genera inflación y esta hipótesis se repite como loro, como si el fenómeno se produjera de manera estandarizada en todos los momentos y en todos los lugares del mundo, sin que factores estructurales, determinadas coyunturas y ciertos casos particulares, no crearan la excepción que toda regla tiene.

La inflación es el terror de los capitalistas rentistas, especuladores del dinero o inversores, como ahora les llaman, porque estos agentes de la economía invierten su capital en papeles de renta fija, que compran en el mercado de capitales, y viven con el miedo de que la inflación se les coma la renta, utilidades o ganancias. Pero, mediante su aparato propagandístico hacen creer a la opinión pública que la inflación a quien más perjudica es a los pobres, cuando está demostrado históricamente que lo que perjudica a las clases populares es el desempleo. Por eso crean un maremágnum terrorista cuando se propone cualquier hecho que incremente la demanda agregada como es el caso de la emisión de dinero.

Para que el efecto de la emisión sea inflacionario debe presentarse un conjunto de situaciones que impiden la respuesta consecuente de la oferta agregada ante la presión de la demanda agregada, de modo que el equilibrio del mercado se produce por la vía del aumento de precios y esto ocurre cuando el país es subdesarrollado y no posee ni capital suficiente para la inversión en el aparato productivo, ni la tecnología necesaria para los incrementos de producción; y también en casos donde el aparato productivo está trabajando con pleno empleo, es decir, no hay capacidad instalada ociosa. Pero si la oferta responde adecuadamente a la presión de demanda ya sea por aumento de la capacidad de producción o por aumento del uso de la capacidad instalada ociosa, el fenómeno inflacionario se neutraliza rápidamente mediante lo que se denomina “inflación convergente” y al poco tiempo se produce el equilibrio en el mercado de bienes y servicios y se frenan los incrementos de precios. En Colombia el aparato productivo tiene un altísimo porcentaje de capacidad instalada ociosa o en paro, de manera que un aumento de la demanda agregada por la vía de la emisión, solo producirá inflación por un breve tiempo, mientras la oferta responde, porque toda la dotación existente en el aparato productivo comenzará a producir generando empleo y reactivando la economía.

Por supuesto que la emisión no debe ser atolondrada. En primer término tiene que inscribirse en un contexto macroeconómico donde los medios y los fines se orienten a objetivos precisos debidamente justificados, los cuales en todos los casos deben estar en el marco del equilibrio de mercado y corresponder a un plan que cobije estrategias concretas, que requieran de la creación de recursos monetarios nuevos. No se trata de hacer una piñata con los dineros creados, sino que se deben aplicar al aparato productivo para que compre insumos y pague salarios que más tarde se traduzcan en incremento de la oferta. Caso contrario, la subida de los precios se convierte en “inflación divergente” que comienza a galopar; y así, es como si la emisión se echara en un bolsillo roto. Colombia sí está en condiciones de hacer emisión pero no para aplicar en los sectores terciarios que son improductivos, como es el caso del sector financiero que es un parásito de la economía, sino en los sectores primarios y secundarios para que se fortalezca la creación de excedente económico o ahorro social, que luego se transforme en reactivación de la economía y de esta manera se evite en caer en un caso sostenido y permanente de emisión con inflación.

martes, 19 de enero de 2021

LA URGENCIA DE LA INNOVACIÓN

 La situación socioeconómica ocasionada por el Covid que ha generado paro en la economía, desempleo y carencia de ingresos familiares, es un caso diferente, sin precedentes y sin modelos de acción para emular en la búsqueda de las soluciones requeridas, de modo que los esquemas convencionales no dan resultado y los responsables del Estado lo más que hacen es calcar medidas de otros lugares, porque no hay un catálogo de fórmulas adecuadas para el manejo de la situación. Por ello, es pertinente recordar la declaratoria de la UNESCO en la Conferencia Mundial de Educación Superior realizada en París en julio de 2009, cuyo documento se titula “Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo” 

En los puntos 38 y 39 de dicho informe, dice el organismo multilateral adscrito a la ONU que “Las instituciones de educación superior deberían buscar áreas de investigación y docencia que puedan hacer frente a cuestiones relacionadas con el bienestar de la población y establecer una base sólida para la ciencia y la tecnología pertinente para el ámbito local” y que “Los sistemas de conocimiento autóctonos pueden expandir nuestro entendimiento de los desafíos emergentes; la educación superior debería crear asociaciones que reporten beneficios mutuos con las comunidades y las sociedades civiles para facilitar el intercambio y transmisión de conocimientos apropiados”. 

No obstante, han transcurrido once años y todavía Colombia sigue afectado por el colonialismo intelectual que hoy está mostrando sus efectos en cuanto a las herramientas disponibles para el manejo de la pandemia. El país está amarrado a que desde el exterior le faciliten el acceso a los medios tecnológicos y científicos necesarios para la prevención y la atención del problema. 

Por supuesto que de la noche a la mañana no se pueden crear los recursos apropiados para semejante magnitud de problema de salud y de gestión; pero es que ha transcurrido más de una década sin que se haya logrado algún avance en concordancia con las recomendaciones de la UNESCO. Aún seguimos pensando que el país no tiene la capacidad de generar sabiduría. Y puede ser que no la tenga, pero al menos, se puede hacer el intento. 

Es cierto que para crear sabiduría en materia de ciencia y tecnología se necesitan recursos de financiamiento que son escasos en Colombia; pero también es cierto que con ingenio y creatividad se puede aprovechar recursos que sí los hay como la biodiversidad, donde la riqueza de fauna y flora permiten generar productos contributivos al desarrollo del conocimiento. E igualmente en el campo de las ciencias sociales, la sabiduría popular encierra un patrimonio que está desaprovechado o mal utilizado, más bien desviado.

Lo grave es que la mayoría de los gobernantes no llegan al cargo a responder consecuentemente con las verdaderas necesidades sociales, sino que llegan a ver qué encuentran en el fisco para saquear en favor de sus bolsillos o su grupo político. Lo que menos les importa son los verdaderos intereses colectivos y el bien común. Pero ojalá que esta crisis derivada de la pandemia ponga a pensar y propicie el cambio de actitud tanto de gobernantes como de los electores para ver si así se responde de alguna manera y con pertinencia a la urgencia de la innovación.

lunes, 11 de enero de 2021

LA POLÍTICA CONTRA EL COVID

 La expansión del Covid-19 está aterradora por la magnitud que ha tomado y la esperanza en la ciencia parece que está agotada. Según se aprecia, los científicos hacen todo lo que está a su alcance y a pesar de que existe diversidad de opiniones, al menos ya se concretó una vacuna que tarde o temprano llegará a la población como la salvación. Por lo tanto, en manos de la ciencia y la tecnología no está el problema social. 

La situación generalizada de índole social está en el campo de la gestión pública, terreno que le corresponde a los funcionarios del Estado, organismo este que no puede evadir su papel de ser conductor de la masa social, por lo cual las medidas de los gobiernos, nacional y territoriales, deben ser concordantes con la ciencia, pero ante todo, consecuentes con las dinámicas sociales que caracterizan el devenir de la pandemia. Pero ahí, se notan las improvisaciones y las decisiones atolondradas que no están permitiendo la solución del problema más grave, que no es la existencia misma del virus, sino la proliferación del contagio. 

Si no están logrando conducir a la comunidad hacia conductas preventivas, es porque la política pública de promoción y prevención que se ha aplicado durante treinta años ha tenido vacíos en materia de conciencia colectiva, que revientan ahora cuando se presenta una pandemia. Queda claro que el civismo y la disciplina social no puede ser espontanea ni emergente, sino que debe responder a procesos de largo plazo deliberadamente construidos bajo el direccionamiento del Estado.  Pero en lugar de realizar acciones de emergencia para neutralizar en algo la antigua normalidad, utilizan las plataformas virtuales para reiterar los patrones culturales que originan el desorden.

También está claro que las medidas del gobierno no responden a la lógica causa-efecto, sino más bien a la lógica de Vicente, cuando va para dónde va la gente. Todos repiten la fórmula del toque de queda sin detenerse a pensar en la pertinencia y la eficacia de la misma. Es como si a la gente se le prohibiera comprar carro porque en las calles hay trancones. No hay un análisis objetivo y técnico de la eficacia de la norma. 

El gobierno expone como argumento la saturación de las camas UCI, es decir que para el gobierno, la causa del aislamiento obligatorio no es la presencia del virus, sino la deficiencia en la dotación hospitalaria; tanto que han definido el criterio de un porcentaje de ocupación de camas para tomar la decisión del encierro, lo cual técnicamente en el campo de la gestión pública es una chambonada y demuestra la improvisación y falta de planificación en la dotación del sector salud, que debió de haber tomado las medidas desde octubre de 2019, fecha en que se hizo pública la aparición del virus. Nada de creatividad e innovación; el encierro obligatorio no obedece a técnicas pragmáticas y estratégicas sino a calcar o copiar lo que otros gobiernos hacen.

Entonces estamos frente a una situación de que tras de gordo hinchado, cuando el virus es mordaz, la comunidad no toma conciencia, la pobreza que conlleva el rebusque obliga a salir a la calle, por un lado, y por otro lado un unos gobiernos ineptos e incapaces de hacer una manejo gerencial del problema público más grave que ha surgido en el presente siglo y que requiere que sea adecuada la política contra el Covid.

martes, 5 de enero de 2021

LA MODA DE LAS REVOCATORIAS

Comenzando el 2021 se inicia también la ola de propuestas para revocar el mandato de varios alcaldes colombianos, como son los de Bogotá, Medellín, Cartagena, Bucaramanga también Jorge Ospina de Cali, medida esta que es un derecho legal y se aplica alrededor del concepto de voto programático y demás mecanismos de participación establecidos en las leyes 131 y 134 de 1994, pero que por lo general, no llega a ningún lado, según se aprecia en los diversos intentos que se han hecho para revocar elección de alcaldes. 

Los hechos muestran que, en la mayoría de los casos, la propuesta adolece de argumentos serios y las más de las veces, se trata de retaliaciones que los perdedores de las elección quieren aplicar al gobernante, como está ocurriendo en Medellín, donde el uribismo intenta quitar del camino a Quintero, quien no solo les arrebató el poder local, sino que está denunciando muchos casos de corrupción como los que señala en el proyecto de Hidroituango. 

En el caso de Cali, la iniciativa incluye argumentos, más bien carnavalescos, que no tienen soporte ni jurídico ni técnico en el marco de la gestión pública territorial, donde, probablemente, sí se encuentran motivos para desconocer la labor del gobernante Ospina. Parece que los promotores desconocen o se olvidan que la ley establece claramente los motivos para revocar un alcalde, los cuales se refieren al incumplimiento del programa de gobierno presentado en la Registraduría cuando inscribió la candidatura. Los argumentos expuestos por los promotores de la revocatoria en Cali, no son compromisos expresos consignados en dicho programa. 

Luego el mal llamado Plan de Desarrollo, que es más un plan de gobierno, debe ser concordante con el programa inscrito en la Registraduría y corresponde al Consejo Territorial de Planeación, emitir un concepto sobre dicha correspondencia, como requisito para someterlo a consideración del Concejo, que es el organismo que lo aprueba. Entonces quienes pretenden revocar la elección, deben demostrar que el alcalde está incumpliendo el plan de desarrollo, lo cual es muy difícil, porque los objetivos de dicho plan están definido y aprobados por el Concejo para cuatro años y el Plan Indicativo, avalado por el DNP, señala las acciones de cada uno de los años del período, que en este caso, ha sido afectado por la emergencia de la pandemia, que no estaba contemplada en el plan de desarrollo. 

Y así ha sido siempre. Por eso las revocatorias no han trascendido en Colombia. Porque esta figura no es para satisfacer apetitos y pasiones de algunos dirigentes políticos, sino para favorecer los intereses de toda la comunidad municipal, de modo que el proceso de las firmas y el llamado a los votantes, se reduce a la mera alharaca de los promotores. 


La figura constitucional de la revocatoria sin duda es trascendental en el régimen político colombiano; pero las pretensiones que se han observado, como en el caso de Medellín, Bogotá y Cartagena, muestran claramente que los grupos que habían usufructuado las mieles del poder durante tanto años y que fueron desalojadas por el actual gobernante, pretenden recurrir a este mecanismo para tomar venganza. Así que no nos extrañe si casos similares se presentan en otros municipios como por ejemplo Palmira y Jamundí. Pero la figura constitucional tiene un amparo técnico radicado en los conceptos de gestión pública, que pasarán a ser un obstáculo importante para el logro de la moda de las revocatorias.