LA POLÍTICA CONTRA EL COVID

 La expansión del Covid-19 está aterradora por la magnitud que ha tomado y la esperanza en la ciencia parece que está agotada. Según se aprecia, los científicos hacen todo lo que está a su alcance y a pesar de que existe diversidad de opiniones, al menos ya se concretó una vacuna que tarde o temprano llegará a la población como la salvación. Por lo tanto, en manos de la ciencia y la tecnología no está el problema social. 

La situación generalizada de índole social está en el campo de la gestión pública, terreno que le corresponde a los funcionarios del Estado, organismo este que no puede evadir su papel de ser conductor de la masa social, por lo cual las medidas de los gobiernos, nacional y territoriales, deben ser concordantes con la ciencia, pero ante todo, consecuentes con las dinámicas sociales que caracterizan el devenir de la pandemia. Pero ahí, se notan las improvisaciones y las decisiones atolondradas que no están permitiendo la solución del problema más grave, que no es la existencia misma del virus, sino la proliferación del contagio. 

Si no están logrando conducir a la comunidad hacia conductas preventivas, es porque la política pública de promoción y prevención que se ha aplicado durante treinta años ha tenido vacíos en materia de conciencia colectiva, que revientan ahora cuando se presenta una pandemia. Queda claro que el civismo y la disciplina social no puede ser espontanea ni emergente, sino que debe responder a procesos de largo plazo deliberadamente construidos bajo el direccionamiento del Estado.  Pero en lugar de realizar acciones de emergencia para neutralizar en algo la antigua normalidad, utilizan las plataformas virtuales para reiterar los patrones culturales que originan el desorden.

También está claro que las medidas del gobierno no responden a la lógica causa-efecto, sino más bien a la lógica de Vicente, cuando va para dónde va la gente. Todos repiten la fórmula del toque de queda sin detenerse a pensar en la pertinencia y la eficacia de la misma. Es como si a la gente se le prohibiera comprar carro porque en las calles hay trancones. No hay un análisis objetivo y técnico de la eficacia de la norma. 

El gobierno expone como argumento la saturación de las camas UCI, es decir que para el gobierno, la causa del aislamiento obligatorio no es la presencia del virus, sino la deficiencia en la dotación hospitalaria; tanto que han definido el criterio de un porcentaje de ocupación de camas para tomar la decisión del encierro, lo cual técnicamente en el campo de la gestión pública es una chambonada y demuestra la improvisación y falta de planificación en la dotación del sector salud, que debió de haber tomado las medidas desde octubre de 2019, fecha en que se hizo pública la aparición del virus. Nada de creatividad e innovación; el encierro obligatorio no obedece a técnicas pragmáticas y estratégicas sino a calcar o copiar lo que otros gobiernos hacen.

Entonces estamos frente a una situación de que tras de gordo hinchado, cuando el virus es mordaz, la comunidad no toma conciencia, la pobreza que conlleva el rebusque obliga a salir a la calle, por un lado, y por otro lado un unos gobiernos ineptos e incapaces de hacer una manejo gerencial del problema público más grave que ha surgido en el presente siglo y que requiere que sea adecuada la política contra el Covid.