LA MODA DE LAS REVOCATORIAS

Comenzando el 2021 se inicia también la ola de propuestas para revocar el mandato de varios alcaldes colombianos, como son los de Bogotá, Medellín, Cartagena, Bucaramanga también Jorge Ospina de Cali, medida esta que es un derecho legal y se aplica alrededor del concepto de voto programático y demás mecanismos de participación establecidos en las leyes 131 y 134 de 1994, pero que por lo general, no llega a ningún lado, según se aprecia en los diversos intentos que se han hecho para revocar elección de alcaldes. 

Los hechos muestran que, en la mayoría de los casos, la propuesta adolece de argumentos serios y las más de las veces, se trata de retaliaciones que los perdedores de las elección quieren aplicar al gobernante, como está ocurriendo en Medellín, donde el uribismo intenta quitar del camino a Quintero, quien no solo les arrebató el poder local, sino que está denunciando muchos casos de corrupción como los que señala en el proyecto de Hidroituango. 

En el caso de Cali, la iniciativa incluye argumentos, más bien carnavalescos, que no tienen soporte ni jurídico ni técnico en el marco de la gestión pública territorial, donde, probablemente, sí se encuentran motivos para desconocer la labor del gobernante Ospina. Parece que los promotores desconocen o se olvidan que la ley establece claramente los motivos para revocar un alcalde, los cuales se refieren al incumplimiento del programa de gobierno presentado en la Registraduría cuando inscribió la candidatura. Los argumentos expuestos por los promotores de la revocatoria en Cali, no son compromisos expresos consignados en dicho programa. 

Luego el mal llamado Plan de Desarrollo, que es más un plan de gobierno, debe ser concordante con el programa inscrito en la Registraduría y corresponde al Consejo Territorial de Planeación, emitir un concepto sobre dicha correspondencia, como requisito para someterlo a consideración del Concejo, que es el organismo que lo aprueba. Entonces quienes pretenden revocar la elección, deben demostrar que el alcalde está incumpliendo el plan de desarrollo, lo cual es muy difícil, porque los objetivos de dicho plan están definido y aprobados por el Concejo para cuatro años y el Plan Indicativo, avalado por el DNP, señala las acciones de cada uno de los años del período, que en este caso, ha sido afectado por la emergencia de la pandemia, que no estaba contemplada en el plan de desarrollo. 

Y así ha sido siempre. Por eso las revocatorias no han trascendido en Colombia. Porque esta figura no es para satisfacer apetitos y pasiones de algunos dirigentes políticos, sino para favorecer los intereses de toda la comunidad municipal, de modo que el proceso de las firmas y el llamado a los votantes, se reduce a la mera alharaca de los promotores. 

La figura constitucional de la revocatoria sin duda es trascendental en el régimen político colombiano; pero las pretensiones que se han observado, como en el caso de Medellín, Bogotá y Cartagena, muestran claramente que los grupos que habían usufructuado las mieles del poder durante tanto años y que fueron desalojadas por el actual gobernante, pretenden recurrir a este mecanismo para tomar venganza. Así que no nos extrañe si casos similares se presentan en otros municipios como por ejemplo Palmira y Jamundí. Pero la figura constitucional tiene un amparo técnico radicado en los conceptos de gestión pública, que pasarán a ser un obstáculo importante para el logro de la moda de las revocatorias.