EL PESO DE LAS FUERZAS INTERNACIONALES

Recordando a León Trotski, por allá en las repúblicas soviéticas de hace casi un siglo, decía, dentro del conjunto de postulados de su Teoría de la Revolución Permanente, que el socialismo pleno solo era posible, en la medida en que se instaurara este sistema en todo el mundo, postura que Stalin negaba y muchos otros, quienes pensaban que sí era posible establecer las economías planificadas en un solo país. No obstante, las relaciones económicas mundiales se regían, como ahora, dentro de los cánones del sistema capitalista, creando así un obstáculo para desarrollar los asuntos internos, debido a que ningún país puede sostenerse de manera aislada del contexto universal.   

El recuerdo viene al caso colombiano de hoy, porque el actual gobierno, que fue elegido tras una propuesta de cambio, pretende introducir gran cantidad de modificaciones y ajustes en muchos de los frentes de la agenda gubernamental, sin que se aprecie una espina dorsal estratégica, que demarque la trayectoria en el mediano y largo plazo para llevar el país a un horizonte deseable. El objetivo general, por supuesto, es el desmonte del modelo neoliberal para restaurar el capitalismo clásico que existió en occidente hasta 1980; pero este propósito tiene una complejidad que encierra aspectos puramente internos y otros que están amarrados a los fenómenos internacionales, por lo cual las etapas estratégicas para la construcción del futuro, deben también acomodarse a una cronología que depende de las condiciones favorables para la viabilidad. 

Los temas de una transformación energética, que abandone el uso de combustibles fósiles para implementar fuentes de energía renovable, es, sin duda, una intensión muy saludable y conveniente para la sostenibilidad de la especie humana sobre el globo terráqueo. Pero, surge el interrogante de que, si ese propósito de la agenda de gobierno, puede realizarse de manera autónoma e independiente por parte de un país, como este, que tiene alta dependencia frente a las fuerzas internacionales y de los minerales no renovables para alimentar la economía. 

Desde la época de John Rockefeller, en el siglo XIX, la tecnología del petróleo se impuso a nivel global y ha sido eje de la geopolítica y la geoestrategia desde hace más de un siglo, en razón a la alta dependencia del aparato productivo de Estados Unidos en materia de petróleo. Y también desde ese siglo, pero en el Reino Unido, el carbón ha sido un insumo vital para la economía internacional. 

En lo referente a la política social y el manejo de los bienes públicos, es posible que el país pueda ejercer su autonomía e independencia frente al mundo; pero en materia energética, donde existen grandes poderes internacionales que toman las decisiones globales, probablemente ningún país subdesarrollado tenga la autonomía para adentrarse a promover cambios profundos. La historia nos muestra en casos similares, que primero se deben dar los procesos a nivel global y después los ajustes al interior de los países. De modo que bien podríamos pensar, que el gobierno actual tiene poca gobernabilidad sobre la política energética, más cuando las situaciones fiscales, monetarias y cambiarias están padeciendo lesiones que no solo afectan los indicadores económicos, sino que golpean también la economía real, afectando colateralmente el futuro político de la reconstrucción colombiana. Por eso, al gobierno le caería mejor ser más pragmático y estratégico, considerando que en materia de energías no renovables no se debe alborotar el peso de las fuerzas internacionales.   

EL DÓLAR DE URIBE

Los enemigos del gobierno han sacado a relucir que el precio del dólar, durante el gobierno del sátrapa Uribe, bajó y estuvo en niveles muy por debajo del que hoy tiene y, efectivamente, fue por debajo de los 2500 pesos; pero hoy, estamos pagando las consecuencias de esa política, que como siempre ocurre con las medidas de gobierno, sus efectos e impactos solo se perciben varios años después. 

Evidentemente, el dólar, en esa época, estuvo a bajo precio por el motivo de que, fue Uribe, quien entregó el país a los intereses internacionales, concediendo el patrimonio natural y feriando el patrimonio público a los extranjeros, lo cual ocasionó una avalancha de dólares que llegaron al país para aprovechar las gabelas que el gobierno les concedía, debidamente complementadas con exención de impuestos. Llegaron los dólares para invertir en el saqueo de los recursos naturales, que son de todos los colombianos; para comprar bienes públicos, que se privatizaban, y a invertir en negocios, también, de bienes públicos como la infraestructura de servicios básicos, en propiedad raíz urbana y rural y en empresas de servicios y de comercio, estas últimas que terminaron sacrificando el aparato productivo nacional por el exceso de mercancía importada que trajeron. Además, invertir en TES de Carrasquilla, exentos de impuesto y con alta rentabilidad, incluidos los de los municipios que todavía están empeñados, era un buen atractivo para los dólares, en esa época, cuando en Estado Unidos la tasa de rentabilidad estaba muy y baja y que más adelante, en 2008, le explotó en manos de Obama. 

Hoy estamos pagando las consecuencias: un aparato productivo reseco que no puede exportar para generar dólares propios; un endeudamiento extremo cuyo pago se come la tercera parte de los ingresos corrientes de la nación cada año; alta dependencia frente al sector externo que resta autonomía al país; fuertes ataduras con las importaciones, que obligan a arrodillar la economía ante los dólares postizos o artificiales que manejan los especuladores internacionales del dinero; elevada volatilidad en el mercado cambiario con el riesgo que trae la fuga de dólares de regreso al exterior; y todo lo demás que estamos presenciando en este mes de octubre de 2023. 

Fue durante el gobierno de Uribe el carnaval de los dólares baratos, pero siempre lo barato sale caro. Se ha creado la imagen de que la llegada de capital extranjero beneficia al país, pero se olvidan de que los capitalistas no son altruistas y solo llegan donde les conviene por la rentabilidad de sus negocios. Es la racionalidad del mercado. Por eso, es conveniente echar una mirada más detallada a lo que fueron las políticas de ese período 2006-2010, aún sin mirar lo que fue el proceso de descomposición social y desintegración familiar, derivada del alto desempleo y la terciarización de la economía, que le ha impreso una carga imposible de sostener en el largo plazo, porque al cabo del tiempo, revientan las consecuencias del motivo por que en esa época tuvo el dólar de Uribe.

LAS PROTESTAS NO CESARÁN

Desde 1999, el diario El Liberal de Popayán, había publicado artículos de columnistas que anunciaban los hechos que hoy, 23 años después, vive Colombia, como el ocurrido el pasado miércoles 19 de octubre, cuando hubo enfrentamientos entre indígenas emberá y la policía, insuceso que también pudo haber sido infiltrado por los enemigos del gobierno, para crearle ambiente hostil e imagen desfavorable, pero que, bajo ningún argumento, es justificable, como todo acto que lesione el clima de convivencia armónica que espera toda la población. 

Lo cierto es que, tal como señalaba en aquella época el citado diario, las protestas, en lugar de disminuir, seguirán en aumento, porque el descontento por la situación social derivada de las políticas neoliberales, seguirá creciendo y ese acumulado de energía social, más tarde que temprano reventará desbordando la tranquilidad pública. Sería muy iluso pensar que haber elegido un presidente proveniente de tolda diferente a la tradicional oligarquía beneficiaria de dichas políticas, era suficiente para lograr la resignación y calma, que prefiere la mayoría de los actores sociales; el tema no es de, quien es el presidente, sino del modelo imperante en todo el mundo occidental y que en este país fue impuesto y es sostenido, por las fuerzas económicas internacionales. 

La situación de pobreza extrema y desesperanza, resultante después de 30 años de neoliberalismo, con el consecuencial desempleo, desigualdad social, pobreza extrema, daños mentales y deterioro emocional, trae como subproducto la desintegración familiar y la descomposición social, se manifiesta en la pérdida de valores y menoscabo de la moral, que desembocan en actos contra la misma sociedad y que se convierten en fenómenos que no se terminan de un día para otro con un simple cambio de las elites de poder o de gobernante.

 

La esperanza es que el modelo económico ya se está derrumbando en todo el mundo, como se ha visto en los síntomas ocurridos durante este año. Pero aun tarda algún tiempo para la explosión final, período en el cual la agudización de las contradicciones dialécticas, traerá mayor cantidad de situaciones lamentables para unos y para otros, donde los países dependientes, como los latinoamericanos, sentirán más duro el golpe de la coyuntura, aunque actualmente también en varios países europeos, como Francia por ejemplo, afrontan manifestaciones populares de descontento, que se han agudizado por cuenta del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 

La desesperanza nacional, que primero se expresó mediante el paro de 2021 y luego produjo la movilización electoral, está latente, pero viva en la mente de la comunidad, que sigue pendiente de los cambios prometidos por el nuevo gobierno. Pero siempre, en cualquier lugar del mundo, y como se demuestra con los hechos históricos, los efectos e impactos de las medidas gubernamentales tardan algunos años y no se sabe hasta qué punto existirá la capacidad de aguante de la gente, más cuando los defensores de la situación presente, que se sienten perjudicados con los cambios, están desplegando todo tipo de ataques para obstaculizar las medidas de interés general y bien común, que requiere el desmonte del modelo neoliberal, el cual, al interior del país, solo alcanzará para preparar el terreno, hasta tanto se produzca el desplome a nivel global. Mientras tanto, será necesario tener claro y ser consciente de que las protestas no cesarán. 

   

EL ENEMIGO INTERNO DEL GOBIERNO

Dijo el presidente Petro, durante un evento realizado en un municipio caucano, que el gobierno tiene un enemigo interno. Inmediatamente la gran prensa bogotana, que ya conocemos, comenzó con las especulaciones buscando los chivos expiatorios y endilgando la imputación a personas individuales y hasta osaron atribuir las palabras de Petro contra el Ministro de Hacienda, con el fin, como en su estilo periodístico, de crear conflictos basados en la cizaña y distorsión de la opinión pública. Tuvo el presidente, que realizar las aclaraciones correspondientes, precisando que se refería a la tramitomanía y a la carga de normas administrativas, que se convierten en un obstáculo para la agilidad, la pertinencia y la oportunidad de los actos de gobierno. 

Interpretado las palabra del presidente, quien se propone realizar cambios profundos orientados al desmonte de las políticas neoliberales que durante 30 años han azotado a Colombia, es fácil comprender que esos cambios necesitan creatividad, innovación, pragmatismo y agilidad en los procesos de la administración pública; pero las estructuras normativas existentes, son un obstáculo para responder a las expectativas y esperanza que la sociedad se ha creado y que buscan tener una respuesta pronta de parte del Estado. 

En otras palabras, y siguiendo los enfoque de gestión pública que se agitan en el terreno académico, el problema consiste en que, si bien es cierto que desde 1991 se viene promoviendo la transformación del modelo administrativo para abandonar el Modelo Burocrático con el fin de implantar el Modelo Gerencial, este proceso de transformación, que le llaman de modernización, pero que es más de posmodernización, marcha a un ritmo supremamente lento, a pesar de que existen las leyes y demás normas jurídicas necesarias para su realización.  

Los intentos de transformación vienen desde la ley 489 de 1998 y de ahí en adelante una serie de normas tendientes a establecer el modelo gerencial en la rama administrativa; pero los esfuerzos han sido muy tímidos y lentos los pasos dentro de este proceso. Los principales motivos, por el grado de improvisación de los organismos nacionales, que cada cierto tiempo introducen modificaciones y establece nuevas versiones, sin que se precise una ruta estratégica en la transformación con horizonte en el largo plazo. Se inspiran en paradigmas y modelos extranjeros, que tratan de imitar sin considerar el pragmatismo necesario para su aplicación en el marco de la constitución políticas propia, el ordenamiento institucional específico y la cultura diversa existente en Colombia; y así mismo, con soportes conceptuales basados en el colonialismo intelectual y la dependencia frente al pensamiento extranjero. 

Gran cantidad de leyes y decretos dispersos y desordenados, que no obedecen a una estrategia coherente y centrada, muestran la debilidad del proceso. Se observa, por ejemplo, casos como la Ley 872 de 2003 y recientemente el Decreto 1499 de 2017, con los que se pretendía el estableciendo normas para regular la transformación del Estado abandonando el enfoque burocrático; pero, las situaciones resultantes se apartan de la internalización de la norma y en el establecimiento de acciones administrativas impregnadas con el espíritu del cambio. Aplican las normas mediante nichos aparte, alejados del núcleo de la administración, que las entidades crean para cumplir la norma, pero sin que llegue a la esencia del proceso administrativo.  Se limitan a cumplir la norma mecánicamente, pero no a transformar la administración pública; así ocurrió con la NTCGP 1000:2009 y está sucediendo hoy con la MIPG:2017, que se ha limitado simplemente a diligenciar el FURAG II para satisfacer el requerimiento del DAFP. 

Así que el presidente Petro, ya que hizo las aclaraciones sobre a qué se refiere, también debe intervenir en los organismos competentes como son el DNP, el DAFP y la ESAP, para que desde el alto gobierno se trabaje en los cambios necesarios para que desaparezca el enemigo interno del gobierno.

LA ENCRUCIJADA DEL SALARIO MINIMO

Se aproxima diciembre y con el ello las tradiciones decembrinas como la nochebuena, pero también esa de negociar el salario mínimo, que al final, el gobierno lo adopta por decreto, porque los términos de la negociación entre patronos y trabajadores, por lo general son irreconciliables, ya que el debate se concentra en el valor nominal del mismo y ante ello, los unos dicen que debe bajar y los otros que debe subir. 

Sin embargo, más importante que el valor nominal del salario, es su capacidad adquisitiva, la cual este año, va a crear serios inconvenientes por la inflación global de precios que viene ocurriendo en el mundo, como síntoma del desplome del modelo neoliberal, la cual no cesará, hasta tanto el modelo no se derrumbe del todo, lo cual tardará al menos, un quinquenio más. 

Existen las dos alternativas para mejorar las condiciones de vida de los asalariados: se aumenta el valor nominal del salario, o se aumenta el poder adquisitivo del mismo, mediante la disminución de los costos de la canasta familiar. En el primer caso los efectos se diseminan por el conjunto de la economía afectando los costos de producción y creando un círculo vicioso, por el aumento de los precios que realizan los empresarios. En el segundo caso, de muy difícil aplicación en una economía de mercado, solo existe una posibilidad real supremamente difícil, que se puede realizar con mecanismos políticos, pero con los consecuenciales efectos en este campo, donde las fuerzas se polarizan. 

Lo cierto es que, más que el nivel nominal del salario, lo que afecta las condiciones de vida familiar es la baja capacidad adquisitiva del mismo, ocasionada por los altos costos de los bienes públicos, que absorben más del 70 % del ingreso familiar. La razón de esto, es que estos bienes, que son de subsistencia básica, se encuentran privatizados y por ello los altos precios para el consumidor. 

Los precios de los bienes públicos en manos privadas se elevan porque en ellos prima la rentabilidad del empresario privatizador, por encima de la satisfacción de la necesidad humana y por ello, copan un alto porcentaje del salario. Si estos bienes no estuvieran privatizados, sino que fueran ofrecidos por el Estado con universalidad, el salario mínimo, con cualquier valor, sería suficiente para garantizar adecuadas condiciones de vida. 

Las cuentas son sencillas. Qué porcentaje del ingreso familiar se comen los siguientes gastos: los gastos de transporte público, las cotizaciones de salud y pensiones, los servicios básicos domiciliarios, los gastos en educación, los peajes de carreteras, los servicios de transito y transporte, los trámites de registro, la factura de comunicaciones, el servicio de TIC y en general, todos los bienes públicos que hacen parte de la canasta familiar y que hoy están en manos privadas.

Con ello el salario mínimo se encierra en un dilema que conlleva una postura entre la espada y la pared, porque recae el asunto sobre el valor nominal, pero sin considerar la capacidad adquisitiva, que hoy está afectada por las políticas neoliberales de privatización. Sin considerar los aspectos inherentes a los altos costos de los bienes de la canasta básica, que hoy están afectados por la inflación mundial y que en Colombia se agudiza debido a la alta dependencia del aparato productivo frente a las importaciones, no será posible dar una salida decorosa al tema y se mantendrá con las mismas características la encrucijada del salario mínimo.