La oligarquía
colombiana se ufana de que en el país hay democracia, una palabreja que
descresta debido al significado de la raíz etimológica y porque en sus
orígenes, más de cuatro siglos antes de Cristo, de verdad que fue un mecanismo
político correcto, cuando los griegos aplicaron la “Democracia Directa”, cosa
que ellos pudieron hacer porque para esa formación social los esclavos no
hacían parte de la sociedad. La palabreja se ocultó en la historia durante
varios siglos y luego reapareció cuando la burguesía comenzó a construir el
Estado Moderno para lo cual le colocó el apellido “Representativa”. Hoy el
apellido fue modificado colocándole el término “Participativa”.
En 1991, por la vía
constitucional el Estado fue cambiado, derogando el modelo Burocrático e
instaurando el modelo Gerencial, con grandes expectativas y pensando que este
traería muchos beneficios para la democracia. Pero el régimen político, como
puente que es entre la sociedad y el Estado, no fue modificado, por lo que las
bondades del modelo actual siguen pendientes de realizarse porque la “democracia”
colombiana ha sido un gran obstáculo.
No se sabe si
conscientemente o por descuido, la
oligarquía ha hecho modificaciones al régimen con el argumento de que se debe
ajustar los procesos políticos para colocarlos a tono con el todavía nuevo tipo
de Estado. Pero el remedio ha resultado peor que la enfermedad; pues en lugar
de abrir espacios de participación y ampliar la frontera política para que la
ciudadanía intervenga en el manejo de los asuntos públicos, la legislación
sobre los partidos y elecciones se ha convertido en un cuello de botella para
mejorar lo que el siglo pasado había cerrado el Frente Nacional. Con el
pretexto de ordenar y propiciar la disciplina de los partidos, como medio para
revitalizar el régimen político, se expidieron normas que hoy muestran más su
carácter perverso que las bondades anunciadas con su expedición. El principal
impedimento para una participación amplia en los procesos electorales es el
aval que deben expedir los partidos o movimientos políticos jurídicamente
reconocidos. Claro que dicen, que no hay motivo de preocupación porque los
aspirantes se pueden inscribir con firmas de ciudadanos.
La recolección de
firmas es un procedimiento costoso, por lo que el interesado debe disponer de
una suma cuantiosa de dinero para esta labor, además de la elevada suma que las
compañías de seguros cobran por expedir la póliza exigida. Entonces, las firmas
no son un medio para fortalecer la democracia. Y los avales tampoco.
Los avales no han generado el fortalecimiento de los
partidos y con ello la revitalización del régimen político, sino que se han
convertido en un factor de tráfico de influencias y de manipulación antiética de
parte de los dignatarios a quienes les compete expedirlos. Este requisito es el
principal instrumento para cerrar la rosca de los politiqueros e impedir la
entrada de otras alternativas de poder y el medio más idóneo para fomentar y
proteger las componendas y alianzas entre los mismos con las mismas,
convirtiéndose para la gran masa ciudadana en el candado de la democracia.