CAMBIOS EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL

Se cocina en el Ministerio del Interior una nueva modificación al código de régimen municipal, que pretende cambiar completamente la normatividad vigente, pues deroga expresamente la ley 136 de 1994 y la 1551 de 2012. Solo han pasado ocho años desde cuando se realizó la última modificación a través de la 1551, que no cambió la original de 1994, sino que la reformó y ya se está pensando en una nueva reforma.

En principio podríamos decir que no se comprende un nuevo cambio tan pronto, a una estructura organizacional del Estado, como es el municipio, que conforma la célula básica del organismo, lo cual podría ser una demostración más de la inseguridad y debilidad del centralismo bogotano sobre los asuntos territoriales, a lo cual ya estamos acostumbrados, casi todo por el desconocimiento que los funcionarios del nivel nacional tienen sobre la realidad local. Pero también hay que considerar que la realidad es cambiante y más en esta época, por lo cual el Estado debe ajustarse con enfoque pragmático a las exigencias de las variaciones en las condiciones de operación.

Pero lo que llama la atención de este proyecto que apenas se está estudiando, es la invasión de terreno frente a la Ley 152 de 1994, denominada Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Es cierto que esta ley adolece de serios vacíos normativos y raya con la violación de la Constitución Política, que propuso una ley del plan de desarrollo y el DNP hizo dar pupitrazo a una ley del plan de gobierno, por lo cual se debió, desde hace mucho tiempo, haber realizado las reformas pertinentes; pero se entiende por qué, en lugar de reformar la misma 152 para corregir sus errores, se recurre al régimen municipal para introducir modificaciones al proceso de planeación.

En la intensión de corregir las deficiencia técnicas de la ley 152, el propósito del Ministerio del Interior es razonable, aun sin establecer sí el sentido de las reformas es el adecuado técnicamente, ya algunos de los temas que pretende tratar son pertinentes, como es el caso de la planeación de largo plazo, donde hasta ahora existe vacío normativo, con graves implicaciones para la formulación de los planes de ordenamiento territorial. Por ejemplo, este vacío ha impedido la aplicación correcta del Artículo 5 de la Ley 388 de 1997, en lo que se refiere al concepto de ordenamiento territorial y ha sido uno de los muchos factores que determinaron el fracaso de todos los POT de primera generación. También modifica la concepción y funciones del consejo territorial de planeación asignándole tareas para la fase de ejecución del plan, que no estaban claras, y probablemente, se refiere a un avance en materia de implementación de la descentralización política, en la medida que crea instrumentos para fortalecer la participación social. No sabemos aún sin esas normas son las más adecuadas desde el punto de vista de la teoría de la gestión pública territorial, pero producen sensación de que son pertinentes. 

Por ahora es un proyecto que está en estudio por lo cual no se sabe finalmente donde llegará; pero sí es importante para los territorios que se trate en este momento, el tema de la planeación, aunque sea a través de una ley diferente a la orgánica del tema, porque esta lleva ya 36 años recalcando los errores y nadie se ha propuesto corregir, de manera que hoy es perfectamente procedente, que, aunque deja por fuera a los departamentos, se propongan dentro de los cambios en el régimen municipal.

EL BALANCE DE LA APERTURA ECONÓMICA

Recordamos aquel 19 de febrero de 1990 cuando Virgilio Barco declaraba mediante Documento Conpes que se establecería el modelo de apertura económica para Colombia, con argumentos que solo creían los economistas que analizan con el método de la Teoría de los Precios, porque quienes eran partidarios de la Teoría del Valor, no creían en tan ilusorias justificaciones, a sabiendas de que el nivel de competitividad de este país, por motivo de la carencia de tecnología propia, deficiencias en la infraestructura de transporte, ineficiencia del Estado, insuficiencia de recursos de capital, entre otros, no tenía la capacidad de afrontar los embates del mercado mundial y que el país terminaría sometido a la más profunda dependencia del sector externo, deteriorando su autonomía y menoscabando su aparato productivo con el consecuencial impacto negativo en el empleo y por supuesto en la pobreza de las mayorías. Hoy, vemos que la acumulación construida durante un siglo con aporte importante del café, se esfumó en 30 años y el comentario generalizado es reconociendo que el pasado fue mejor, cuando con menos ingresos nominales, se tenía mejor calidad de vida que hoy, con ingresos nominales en millones.

Han pasado tres decenios y es posible hacer un balance, aprovechando la coyuntura de la pandemia que ha puesto a pensar a todo el mundo, sobre la realidad presente y las perspectivas del futuro tanto próximo como lejano, del cual solo hay incertidumbre porque proyecciones concretas no es posible, salvo que sean especulaciones. Lo único que se sabe es que las situaciones económica, social e institucional y también la ambiental no serán iguales a la que existía hasta 2019.

Pero una enseñanza sí está muy clara hoy. El país no puede seguir dependiendo de las fuerzas económicas internacionales, sino que requiere fortalecer sus propios mecanismos de auto sostenibilidad para garantizar las mínimas condiciones de vida a sus habitantes. Si se quiere tener, hacia el futuro, condiciones favorables para la subsistencia de la población colombiana, el aparato productivo nacional debe garantizar el suministro de, por lo menos, los bienes de consumo inherentes a la canasta familiar. Porque lo que vemos hoy, es que no solo las prendas del vestuario, que cualquier país produce para su consumo interior, sino los mismos alimentos agrícolas como la papa y la cebolla, se están trayendo del exterior, mientras los campesinos están cayendo en la miseria. La importación de alimentos de primera necesidad, es el más cruel de los efectos de la apertura económica, acompañados con los TLC, que las élites de poder nacional suscribieron en un cobarde acto de entrega del país a los intereses extranjeros, ya que ni siquiera las semillas agrícolas, pueden producir los mismos campesinos.

Por todo lo anterior, se presume que el primer remesón que se debe dar, es el cambios de tendencia en los procesos económicos, orientándolos al recate de la estructura productiva de los artículos primarios. Salvar el campo y las comunidades rurales debe ser una consigna nacional apoyada por todos los agentes de la economía y respaldada por los políticos locales principalmente. Además, el rescate de la producción de las prendas del vestuario, que constituyen un pilar importante en la economía urbana. El país no puede soñar con meterse a producir artículos de alta tecnología, pero al menos, debe producir y autoabastecerse de los bienes de primera necesidad. Pero, para el efecto, se necesitan políticas de gobierno consecuentes con las verdaderas necesidades nacionales, sin el entreguismo y arrodillamiento que ha caracterizado los funcionarios de nivel nacional que comprometen internacionalmente al Estado, en condiciones leoninas, probablemente a cambio de comisiones y prebendas que les entregan para usufructo persona, por lo cual hoy calificamos como pésimo el balance de la apertura económica. 

EL COSTO DE LA PANDEMIA

Por supuesto que cuando se presenta una crisis o un problema social grave, es al Estado al que le corresponde asumir con responsabilidad y eficiencia, no con corrupción, el manejo de la situación que afecta a todo el conglomerado humano. Así ha sido desde los orígenes mismos del organismo hace tiempos remotos, al principio para defensa ante los enemigos bélicos cuando el responsable era el “Estado Naturaleza”, hoy ante las enfermedades, en concordancia con el Artículo 2º de la Constitución Política que se refiere a los fines esenciales del Estado, donde el primero es servir a la comunidad, como también el de proteger a todas las personas en su vida. No es por lo tanto, por atenidos, como dice Martuchis, sino porque una de las funciones sociológicas del Estado es la responsabilidad frente a las necesidades de sus asociados.

Lógicamente, y más ahora en el sistema de mercado, el cumplimiento de la responsabilidad del organismo tienen costos, por lo cual el fisco debe asumir el gasto público necesario para atender, desde la dotación y fortalecimiento del sistema de atención médica, hasta la alimentación de los más necesitados y los desempleados resultantes del paro de la economía. Gasto público que no estaba presupuestado porque la pandemia es un evento inesperado que hay que atender con emergencia y, principalmente, porque nunca un Estado Neoliberal, como esté que se instauró en 1991 por vía constitucional, está preparado para elevar el gasto público, debido a que la esencia de este modelo de Estado, es precisamente, bajar el gasto para evitar el desvió de los recursos fiscales cuya prioridad es el servicio de la deuda.

Vienen entonces las propuesta de distinta índole para conseguir los recursos adicionales, muy cuantiosos por cierto: que una reforma tributaria, pero no hay a quien cobrarle impuestos por la saturación de la base gravable y por efecto del mismo paro en la economía; que aguanten hambre los pobres, que ellos están acostumbrados; que vendan los activos públicos, pero ya casi todo está privatizado; que pidan más prestamos, pero la capacidad de endeudamiento como porcentaje del PIB y de los ingresos corrientes ya está casi saturada; que le bajen el sueldo a los congresistas y los altos funcionarios, pero esto es un paño de agua tibia que no hace ni cosquillas a la necesidad fiscal; que se cambie el uso de algunas partidas, pero esto deja el vacío en la necesidad donde estaban asignadas.

Se olvidan los neoliberales que el poder del Estado, para ejercer con magnanimidad la protección de sus súbditos, en el Estado Moderno dependía de dos pilares básicos sobre los cuales se sustentaba su soberanía: por una parte las fuerzas militares para ejercer el poder político y por la otra, el banco central para ejercer el poder económico. Pero, en el Estado Posmoderno el banco central fue arrebatado de las manos del administrador del organismo, para colocarlo de rodillas al servicio del capitalismo financiero internacional. Se privatizó el Banco de la República.

Ahora y ante la situación de emergencia, se están viendo las consecuencias. El gobierno no tiene instrumentos para solventar las necesidades financieras derivadas de la pandemia. Por ello, la base de las medidas para asumir el gasto necesario no se puede realizar, debido a los impedimentos constitucionales. La solución estructural para este y otros problemas, es que se recupere el Banco de la República de las garras del BPI y se le entregue nuevamente al gobierno para que se coloque este instrumento al servicio de la economía colombiana y la atención de las necesidades del pueblo, en lugar de estar sirviendo a los intereses de los especuladores internacionales del dinero. Así, con banco propio, que también respalda a todos los demás bancos comerciales para que no haya necesidad de regalarle plata a Sarmiento, la política económica se robustece y la autoridad económica se concentra en el gobierno, restándole poder al mercado, con lo cual es más fácil asumir el costo de la pandemia.

LA RELEVANCIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL

José Coraggio, un economista argentino, escribía en el año 2000 algunos textos sobre desarrollo económico local y destacaba el tema de la Economía Social, cuyo concepto definía claramente mostrando sus bondades y la pertinencia para países subdesarrollados, lo cual no ha trascendido en este siglo porque los fenómenos globales del capital financiero, la transnacionalización de las empresas y los tratados de libre comercio, se encargaron de ocultar la propuesta, que solo en algunos lugares y países tuvo trascendencia madurando casos que pueden ser ejemplos para el resto del mundo. Pero ahora, como consecuencia de la pandemia, que también es global, y los cambios que se avecinan en las esferas económicas, sociales e institucionales, bien vale la pena traer a colación el enfoque del economista argentino.

Coraggio señala que la economía social se basa en los principios de solidaridad, democracia organizativa, venta a precio de costo en un mercado sin ánimo de lucro, bonificación a los socios sobre la porción no reinvertida de los beneficios, y creación de medios para el desarrollo integral de la persona. Lo define como un sistema de economía del trabajo orientado a la reproducción ampliada de la vida de todos los trabajadores, que genere sus propias formas estatales de regulación y de generación de condiciones para la producción de la economía social. En otras palabras, es la misma base del cooperativismo que ya existía desde el siglo XIX en Inglaterra y otros países, pero ahora complementada con redes solidarias, grupos de ayuda mutua, asociaciones sindicales, organizaciones barriales, micro emprendimientos en red o sin red, sistema educativo y de capacitación continua, centros de investigación y tecnología, formas de autogestión o gestión participativa de la economía pública, entre otras manifestaciones. Destaca el autor, que es un sistema que articula niveles micro, macro, meso y meta, donde en el nivel micro están los emprendimientos familiares y sociales, en el nivel macro la práctica del presupuesto participativo y las políticas locales, en el nivel meso las redes de articulación productiva y en el nivel meta los acuerdos sociales e institucionales estratégicos.

Por supuesto, no se trata de acoger al pie de la letra la propuesta de Coraggio, sino de reflexionar sobre las alternativas en el futuro cercando para encontrar salida al grueso problema económico que se aproxima; pero ante todos, se trata de mostrar que en muchos lugares, sobre todo territorios indígenas y zonas de economía campesina, existen varias experiencias y casos que se acomodan a los conceptos de Economía Social y por lo tanto, la existencia de oportunidades derivadas de la gran crisis, donde se necesitará ingenio y creatividad para diseñar fórmulas diferentes a las convencionales impuestas por las reglas del capitalismo posmoderno.

Si se ha generalizado la queja de que el capitalismo de la globalización golpeó sustancialmente a las regiones periféricas, pues también hay que generalizar que ahora, se puede encontrar la fórmula para la construcción de un modelo de desarrollo regional y local a partir de un nuevo paradigma que se derive de los patrones contrarios a la globalización. Pero, eso sí, se requiere del liderazgo adecuado para regir los procesos sociales, económicos e institucionales hacia objetivos de bienestar mediante el aprovechamiento de las potencialidades que hoy existen, reconociendo el trabajo de Coraggio sobre la relevancia de la Economía Social.