Por
supuesto que cuando se presenta una crisis o un problema social grave, es al
Estado al que le corresponde asumir con responsabilidad y eficiencia, no con
corrupción, el manejo de la situación que afecta a todo el conglomerado humano.
Así ha sido desde los orígenes mismos del organismo hace tiempos remotos, al
principio para defensa ante los enemigos bélicos cuando el responsable era el
“Estado Naturaleza”, hoy ante las enfermedades, en concordancia con el Artículo
2º de la Constitución Política que se refiere a los fines esenciales del
Estado, donde el primero es servir a la comunidad, como también el de proteger
a todas las personas en su vida. No es por lo tanto, por atenidos, como dice
Martuchis, sino porque una de las funciones sociológicas del Estado es la
responsabilidad frente a las necesidades de sus asociados.
Lógicamente,
y más ahora en el sistema de mercado, el cumplimiento de la responsabilidad del
organismo tienen costos, por lo cual el fisco debe asumir el gasto público
necesario para atender, desde la dotación y fortalecimiento del sistema de
atención médica, hasta la alimentación de los más necesitados y los
desempleados resultantes del paro de la economía. Gasto público que no estaba
presupuestado porque la pandemia es un evento inesperado que hay que atender
con emergencia y, principalmente, porque nunca un Estado Neoliberal, como esté
que se instauró en 1991 por vía constitucional, está preparado para elevar el
gasto público, debido a que la esencia de este modelo de Estado, es
precisamente, bajar el gasto para evitar el desvió de los recursos fiscales
cuya prioridad es el servicio de la deuda.
Vienen
entonces las propuesta de distinta índole para conseguir los recursos
adicionales, muy cuantiosos por cierto: que una reforma tributaria, pero no hay
a quien cobrarle impuestos por la saturación de la base gravable y por efecto
del mismo paro en la economía; que aguanten hambre los pobres, que ellos están
acostumbrados; que vendan los activos públicos, pero ya casi todo está
privatizado; que pidan más prestamos, pero la capacidad de endeudamiento como
porcentaje del PIB y de los ingresos corrientes ya está casi saturada; que le
bajen el sueldo a los congresistas y los altos funcionarios, pero esto es un
paño de agua tibia que no hace ni cosquillas a la necesidad fiscal; que se
cambie el uso de algunas partidas, pero esto deja el vacío en la necesidad
donde estaban asignadas.
Se olvidan
los neoliberales que el poder del Estado, para ejercer con magnanimidad la
protección de sus súbditos, en el Estado Moderno dependía de dos pilares
básicos sobre los cuales se sustentaba su soberanía: por una parte las fuerzas
militares para ejercer el poder político y por la otra, el banco central para ejercer
el poder económico. Pero, en el Estado Posmoderno el banco central fue
arrebatado de las manos del administrador del organismo, para colocarlo de
rodillas al servicio del capitalismo financiero internacional. Se privatizó el
Banco de la República.
Ahora
y ante la situación de emergencia, se están viendo las consecuencias. El
gobierno no tiene instrumentos para solventar las necesidades financieras
derivadas de la pandemia. Por ello, la base de las medidas para asumir el gasto
necesario no se puede realizar, debido a los impedimentos constitucionales. La
solución estructural para este y otros problemas, es que se recupere el Banco
de la República de las garras del BPI y se le entregue nuevamente al gobierno
para que se coloque este instrumento al servicio de la economía colombiana y la
atención de las necesidades del pueblo, en lugar de estar sirviendo a los
intereses de los especuladores internacionales del dinero. Así, con banco
propio, que también respalda a todos los demás bancos comerciales para que no
haya necesidad de regalarle plata a Sarmiento, la política económica se
robustece y la autoridad económica se concentra en el gobierno, restándole
poder al mercado, con lo cual es más fácil asumir el costo de la pandemia.
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