El tema de los cultivos de uso ilícito es un asunto de
nunca acabar y el eje del análisis no es la situación socioeconómica de los
cultivadores, donde se ubica el problema, sino el mecanismo con el cual se debe
combatir el fenómeno, donde el que el gobierno se empeña en aplicar las
directrices que vienen desde USA, sin considerar la pertinencia de ellas frente
a la realidad objetiva de la causa.
En general, y obedeciendo las órdenes de Washington, el
gobierno nacional siempre ha recurrido a medidas de política para solucionar el
problema, lo cual no es procedente porque la causa es un fenómeno de mercado,
por lo cual se debe aplicar medidas de mercado en lugar de medidas de política.
Sobre el criterio equivocado de que la oferta crea la demanda, se procede a
buscar la forma de erradicar el cultivo, para lo cual aplica una política que
se pasea por las alternativas de: pagar al productor para que sustituya
voluntariamente, erradicar manualmente por medio de operarios contratados o
agentes de las fuerzas del gobierno, o fumigar con herbicida utilizando aviones,
esta última llevando el debate al escenario ambiental. Y ahí se queda, en una
discusión con carácter ambiental, sin considerar que tampoco se trata de esto,
cuando la situación es puramente de mercado.
Los campesinos no siembran estos productos porque sean
delincuentes y pretendan violar la ley; lo hacen por la mera actitud de
subsistencia, ante la imposibilidad de encontrar otro mecanismo de generación
de ingreso derivado de las leyes del mercado. Para que haya ingreso se requiere
que el productor esté conectado con el mercado, a través de lo que se conoce
como los canales de comercialización o agentes del mercado. Si los campesinos
siembran coca, amapola o marihuana, es porque estos productos cuentan con
canales de comercialización que les aseguran la venta del producto.
Si se quiere propiciar que los campesino siembren otros
cultivos diferentes, es necesario crear canales de comercialización para los
productos diferentes; caso contrario, no sirve ninguna de las alternativas de
política de erradicación del cultivo, incluida la fumigación, que no solo es
inútil, sino deletérea, tanto para los ecosistemas como para la vida humana.
Un mecanismo de mercado requiere, entre otras acciones,
identificar productos competitivos en el mercado global, es decir que los
consuman masivamente, igual que el perico, los ricos de Europa y Estados Unidos,
para que los precios sean competitivos al productor; que el Estado intervenga
para crear una estructura de comercialización adecuada, o sea con
construcciones de infraestructura y con procesos de superestructura que
conlleven la sincronización de canales y el direccionamiento de procesos. Pero
el enfoque neoliberal basado en el Estado mínimo y con ello que el organismo le
saque las nalgas a su responsabilidad dejando tirados los procesos de economía
popular, como el caso de las economías rurales de minifundio, impiden que se
aplique la solución adecuada al problema.
Es
más el peso que tienen las políticas macroeconómicas, en este caso de
disminución del gasto público, que la falta de propuestas adecuadas para la
sustitución de cultivos de uso ilícito, porque aprovechando la biodiversidad,
productos alternativos que sean promisorios en el mercado global, sí los hay;
pero sin presencia permanente del Estado en la solución de comercialización, no
es posible combatir el fenómeno y por ello seguirá reinando la impertinencia
del glifosato.
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