LA BASURA DE LA BASURA

Otro de los asuntos públicos que ha sido víctima de la ola privatizadora que viene ocurriendo en Colombia desde que se estableció el Estado Social Neoliberal en 1991, ha sido los servicios básicos domiciliarios, como la recolección y manejo de los residuos sólidos urbanos. Como en todos los casos de la privatización de lo público, el fenómeno le abre la voracidad a los agalludos empresarios que ven la posibilidad de llenarse los bolsillos convirtiendo en negocio lo público, dadas las ventajas de mercado que tienen estos bienes por su inelasticidad-precio de la demanda y por que cuentan con una demanda cautiva que exige poco esfuerzo para enganchar clientes.

Lo ampliamente conocido en el país, que lo sabe tanto la opinión pública como los organismos de control pero que no se puede comprobar, es que el procedimiento para adjudicar la concesión a la empresa privada por lo general es obscuro y cargado de intereses parcializados. Lo común, es que abren una licitación o concurso, con unos términos de referencia que sólo los cumple un proponente, el que ya previamente ha negociado con el adjudicador, a cambio de un porcentaje, comisión o coima que llaman.

También la realidad histórica nacional de los últimos quince años, muestra que estos procesos por lo general se presentan durante el último año del período del gobernante y así mismo, que las empresas que ganan la adjudicación casi siempre son las mismas, las que andan por varios o muchos de los municipios adelantando el lobby para que el mecanismo rompa los principios de transparencia, economía y responsabilidad de que trata la ley 80 de 1993, una ley que se ha hecho expresamente, para favorecer la corrupción en el país. Pues las normas que contiene esta ley se utilizan, precisamente, para excluir a los proponentes que deben quedar por fuera y para defender la adjudicación amañada con base en el cumplimiento estricto de la normatividad vigente. En la celebración indebida de contratos, jamás se viola una norma y jamás se dejan pruebas. Por eso los Nule perderán la pelea contra los Moreno.

Pero como la conducta del consumidor de lo público es diferente a la conducta del consumidor de lo privado en razón a la relación con la ley natural que lo público tiene, más temprano que tarde le aparecen los problemas a los empresarios de marras. Cuando esto llega, ponen el grito en el cielo y acuden a papá gobierno para que les salve su negocio. Las superintendencias y las comisiones reguladoras proceden a dictar las medidas pertinentes y al pobre pueblo le toca asumir las cargas financieras de los empresarios mediante la elevación de las tarifas. No permite el gobierno que la ambición de los capitalistas, coma de su propio cocinado; porque cuando se meten en el negocio de lo público como la recolección, tratamiento y disposición de los residuos sólidos, lo único que ven es el lucro del negocio, sin considerar que también lo público trae problemas empresariales, a pesar de que en el proceso de adjudicación se haya evidenciado la basura de la basura.