Cuando teníamos el Estado Social Benefactor antes de 1991, a cada necesidad humana el Estado le respondía con la oferta directa de los satisfactores necesarios, que brindaban principalmente los institutos descentralizados con cargo al presupuesto. Pero después de 1991, el Estado Social Neoliberal que tenemos, a cada necesidad humana le responde con un derecho, que es algo así como un saludo a la bandera que permite al Estado eludir su responsabilidad sobre las necesidades humanas y se convierte en una falacia para la comunidad, cuando es el mismo Estado, el primero en violar el derecho.
En la avalancha privatizadora de lo público, la educación tampoco se ha salvado y con la fachada del derecho a la educación, este servicio público se privatizó desde la ley 115 de 1994 para el nivel básico, utilizando el mismo mecanismo de la capitación, como en la salud, sólo que aplicado de manera diferente porque, como dijo el gobierno de Pastrana en 1998, el país no está preparado para juntar en un mismo salón durante once años, a un niño de estrato 1 con otro de estrato 6. En salud no importa que en la misma cama de la clínica donde acuestan a un rico también lo hacen con un pobre, porque sólo es por unos días y no se hace simultáneamente; pero en educación, esto sería salvaje. Por eso la capitación opera diferente pero el mecanismo es el mismo.
Ahora la legislación da un paso adelante para llevar la educación superior a las garras de los mercaderes del saber, como ocurre en salud con los mercaderes de la muerte y los traficantes de vidas humanas que les llaman EPS. Ahora queda abierta la puerta para que los mercachifes de la educación conviertan este bien público en objeto de inversión con ánimo de lucro.
Como siempre ha ocurrido con la privatización de lo público, la voracidad de los inescrupulosos empresarios capitalistas no desaprovecharán la oportunidad de sacar jugosas ganancias con empresas de educación superior, con la complicidad del gobierno que siempre se arrodilla ante los intereses de los inversionistas expidiendo los decretos y resoluciones que brindan el piso jurídico para que ellos dentro de la legalidad, cometan los atropellos contra los usuarios. Ahora se acentúa el disfraz de la dicotomía entre educación privada y educación pública, como si fueran dos campos diferentes, para permitir que los privados cometan toda clase de abusos, como si esta dicotomía existiera: una cosa es la propiedad del establecimiento que brinda el servicio y otra muy diferente es el servicio mismo, que en todos los casos es público, independientemente de quién es el propietario de la entidad. Como proceso social, no existe la educación privada; esta siempre es pública y los particulares deben someterse a la ética pública cuando se meten a montar negocio con el servicio educativo, así lo hagan a través de las universidades, ahora que en la privatización de lo público, le tocó el turno a la educación superior.
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