El conflicto que actualmente se vive en el país, que tiene confrontando a los camioneros y al gobierno, es otra manifestación más de las irracionales consecuencias cuando lo público es manejado por empresarios privados. Las interrelaciones entre los individuos de la especie humana que se realizan a través de las comunicaciones y el transporte, son de interés general porque nos competen a todos; y nos competen a todos porque no se originan en el capricho de la mente humana, sino en las leyes de la naturaleza que han establecido la necesidad de que los individuos del conglomerado se agrupen e interactúen con fines de subsistencia de la especie.
Pero tanto el transporte como las comunicaciones, se han convertido en objeto de negocio de los empresarios privados, lo cual no es censurable per se, sino por dos factores que crean las inconsistencias sociales: por un lado, porque el Estado no asume un adecuado papel de regulación cuando lo público es manejado por empresas privadas; y por otro lado, porque los empresarios privados no miden las consecuencias cuando se meten en el negocio de lo público creyendo que esto se trata sólo de utilidades financieras, sin considerar las implicaciones de carácter social que el negocio tiene. Si un empresario se mete a hacer negocios con lo público, pues que coma de su cocinado. La relación con la ley natural que tienen los bienes públicos ocasiona condiciones de mercado que los empresarios no miden y después les toca crear el coro de plañideras para que el gobierno les proteja y sacrifique el interés general para favorecer sus intereses particulares. Por lo general, o por lo menos durante los últimos ocho años se vio, el gobierno favorece los intereses privados de los empresarios perjudicando el interés general y bien común de los asuntos públicos.
Los camioneros proclaman sus derechos, pero desconocen los derechos de toda la comunidad; tanto al servicio de transporte como a la libre movilidad por los espacios públicos. El gobierno trata de rescatar el bien común pero la propiedad privada de los medios de transporte y de la prestación del servicio, terminarán imponiendo sus condiciones y el gobierno tendrá que ceder a sus pretensiones porque tampoco les puede obligar a operar contra su voluntad. Esas son las reglas de juego en nuestra sociedad y siempre será sacrificado el bien público para satisfacer las necesidades de los particulares.
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