Si bien es cierto cuando el público habla del debate político los
comentarios se refieren a candidatos, avales o aspiraciones, el verdadero tema
central de la discusión es el relacionado con el manejo de los bienes públicos
y en este caso, el aspecto que demuestra ser el de mayor trascendencia, es el
de su privatización, por cuanto los grandes problemas sociales de pobreza y
exclusión y también los más relevantes en el campo institucional, que hoy son
los derivados de la corrupción, se desprenden también de lo que han sido las
consecuencias del traslado de lo público al escenario del mercado, después que
durante más de tres siglos estuvo en el seno del Estado, fenómeno este que se
consolidó en los años ochenta, después que el capitalismo rentista se tomará el
poder de Estado para colocar este organismo a su servicio y usarlo como fuente de sus ingresos.
La privatización de lo público ha permitido crear los negocios más
aberrantes y perversos, para beneficiar intereses privados y sacrificar el
interés general y el bien común; en la mayoría de los casos, sin sacar un solo
peso de los recursos fiscales, por lo que la corrupción queda camuflada y la
comunidad suficientemente golpeada, siendo esta la principal causa del
empobrecimiento generalizado y el enriquecimiento de unos pocos, la mayoría de
veces, empresarios multinacionales que operan con procedimientos mafiosos
untando de tajada a los funcionarios que firman las concesiones y delegaciones
para la administración de los bienes públicos. El negocio es sencillo: los
funcionarios que firman reciben una comisión y autorizan altas tarifas que los
usuarios pagan por recibir el servicio, de cuyos fondos reciben un porcentaje que
el corrupto privatizador les paga.
La finalidad de la privatización no es el mejoramiento del servicio en
calidad, cantidad y precio, sino el enriquecimiento de los empresarios que
reciben los bienes públicos para su manejo. Así, gran parte de los ingresos de
la población, que obligatoriamente tienen que comprar los bienes o servicios a
quien los brinda en el mercado, pasan a manos del privado, porque no puede
dejar de consumir este tipo de bienes.
Para acabar de completar, los contratos son leoninos para el Estado de
modo que todas las de ganar las tiene el privado y las de perder las tiene el
Estado; porque repito, el objeto no es beneficiar el interés general y el bien
común, sino asegurar las ganancias del empresario privado. Así lo vemos en las
carreteras concesionadas y los peajes, las empresas de servicios básicos
domiciliarios, la infraestructura de servicios públicos colectivos, sin tener
en cuenta la privatización de la seguridad social, donde en salud y pensiones
los casos son aterradores, principalmente en pensiones que le adjudicó los
jóvenes cotizantes a los fondos privados, los que por más de veinte años solo
reciben dinero, dejando a Colpensiones los viejos que no pagan cotización, pero
que reciben las mesadas, creando así una grave presión contra el presupuesto
nacional, que ahora les preocupa por el riesgo que genera en el pago cumplido
del servicio de la deuda.
Pero
el Congreso de la República, escenario obligado a tratar los temas de
importancia para el país, se dedica a otra cosa, dentro del mismo enfoque donde
priman los intereses personales y el beneficio individual por encima del
interés general y el bien común, los congresistas legislan pensando en su
propio beneficio sin importarles un carajo la situación que vive el pueblo que
los elige y los vuelve a elegir, como es este tema de la dimensión de los
bienes públicos.
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