EL JUICIO AL ESTADO

Cuando los alemanes diseñaron el Estado Social de Derecho, por allá en los años treinta del siglo pasado, lo hicieron pensando que los derechos eran un elemento excelso en la organización social y por su majestuoso carácter, todo el conglomerado humano le rendiría pleitesía y esta categoría ganaría el reconocimiento y el respeto de todos los actores sociales. Ante la crisis social derivada de la gran depresión de 1928, los pensadores encontraron la fórmula de convertir en derechos las necesidades humanas, para garantizar la atención por parte del Estado y de esa manera salvaguardar las condiciones de vida de la población, principalmente de los más pobres, quienes se veían en mayores dificultades para resolver sus necesidades de manera autónoma y sin la intervención del organismo.

Pero ya en los años ochenta, los especuladores internacionales del dinero, agrupados en los fondos de inversión y con el sustento teórico del pensamiento neoliberal, encontraron en este tipo de Estado la gran oportunidad, o papayaso, para lograr su propósito de negocio, convirtiendo al Estado en el marrano para asegurar sus colocaciones de capital, lo cual realizan navegando en el turbulento mercado de capitales que opera como cordón umbilical para nutrir o desnutrir las finanzas públicas. Primero, desplegaron un feroz ataque contra el Estado del Bienestar utilizando engaños y calumnias y luego, impusieron el Estado Social de Derecho, pero totalmente distorsionado y torcido, con relación a la propuesta de sus fundadores. Ya no es concebido como mecanismo para garantizar la satisfacción de las necesidades humanas, sino como instrumento para disminuir el Gasto Público, una de las dos finalidades de la política neoliberal. En lugar de brindar a la comunidad bienes públicos como contraprestación del pago de impuestos, tal como lo hacía el Estado del Bienestar, ahora este organismo brinda garantía o protección de derechos, pero no ofrece con carácter universal satisfactores de las necesidades básicas, sino que mediante la focalización, concede subsidios irrisorios a los más pobres para que estos vayan al mercado a comprar los bienes públicos cuyos oferentes, en su mayoría, son empresarios privados.  

Ahora llega el Covid-19 y corresponde al Estado asumir la tarea de brindar la protección a toda la población y principalmente a los afectados por el paro de la economía. Pero para ello, justamente, tiene que aumentar el Gasto Público, una función que no está prevista en la operación del organismo, por lo cual ya no cuenta con los medios para el efecto, como era el banco central. Ahora el eje de las finanzas públicas es el endeudamiento por lo tanto para dicho aumento del gasto, debe endeudarse más de lo que ya está. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque para pagar el servicio de la deuda debe recaudar impuestos, pero el paro de la economía ha disminuido el recaudo, mientras que el gasto debe aumentar para atender las necesidades humanas derivadas de la pandemia, por lo cual debe pedir nuevos préstamos incrementando el saldo de la deuda en forma desmedida.

Así, el gobierno se encuentra en una encrucijada ya que requiere incrementar ingresos tributarios para aumentar la capacidad de deuda y viabilizar los nuevos endeudamientos; pero la base tributaria está saturada, por la antigua deuda y porque el paro de la economía ha bajado la capacidad de pago de impuestos. Por otro lado, la opinión pública reclama que el Estado debe aumentar el Gasto Público, pero el organismo ya no tiene el Banco de la República para que le dé la mano; así las cosas y ante la gran crisis social que se avecina por el desempleo y las necesidades básicas insatisfechas, ha llegado la hora de realizar el juicio al Estado.