LA POLÍTICA DE INFANCIA

Una de las noticias de esta semana fue la realización de un evento para los candidatos a la presidencia, cuya finalidad era el encuentro con los niños para que estos les formularan preguntas, al cual sólo asistió uno de los aspirantes al cargo, tal vez porque para el resto predomina la vieja frase de cajón de que “los niños son el futuro” y entonces que esperen. No obstante que la opinión se pregunta: cómo va a ser el futuro la cuarta parte de la población del país, que son los menores de 15 años y donde el 42 % son menores de 25 años? Es decir, que el Estado está gobernando únicamente para el 58 % de la población porque al resto hay que dejarlos para el futuro. Por ahora que esperen.

El país no ha medido en su real dimensión el significado de una política de infancia. Desde hace 20 años, cuando el gobierno en su política social promovió el “Pacto por la Infancia”, como un mecanismo de gestión social orientado a ubicar este grupo poblacional en el lugar que merece, no hemos vuelto a ver alguna acción de política pública orientada a su tratamiento apropiado, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política que consagra el principio de prevalencia de los derechos de los niños. Existe una ley que se llama código, pero en materia de gestión pública las leyes y decretos son simplemente el piso jurídico y en ningún caso sustituyen las acciones públicas necesarias para gestionar una política. Las normas jurídicas son inertes y por sí solas no dinamizan procesos sociales. Así que el Código de Infancia y Adolescencia, no pasa de ser un saludo a la bandera.

La situación se hace más preocupante si se consideran los datos que Cristina de la Torre señala en su columna de un diario bogotano, donde cita resultados de un estudio internacional sobre educación cívica y ciudadanía, realizado por la Fundación Plan, según entendí, en el que nos muestra el rumbo que está tomando la población adolescente, donde hay señales verdaderamente preocupantes.

Hoy se ven a diario efectos públicos de un fenómeno que se considera privado, como es el tratamiento que los adultos les dan a los niños, donde el mal trato físico y psicológico es el pan del día. El abandono y la falta de afecto es común en el seno de la familia y el Estado cierra los ojos creyendo que la existencia del ICBF es suficiente para brindar la respuesta de política que la sociedad en su conjunto requiere, más cuando ese instituto ha sido presa de la politiquería y la corrupción.

Una verdadera política social debe girar en torno a los infantes y adolescentes, no solo por el artículo 44 de la Constitución, sino porque a esa edad se gestan muchas de las conductas que en la vida adulta afectan al conglomerado social por las patologías que se forman en los primeros años. La violencia y la conducta delincuencial, sin duda, en muchos aspectos, depende de las condiciones que el individuo vivió cuando estaba en su infancia; pero los candidatos a la presidencia parece que no son conscientes de esta situación por cuando no se aprecia con claridad y precisión, cual es la propuesta de campaña sobre la política de infancia.