A raíz del informe de la ONU sobre
extensión de los cultivos de uso ilícito en Colombia, el Gobierno Nacional ha
salido desesperado y torpemente, como siempre lo hacen los funcionarios
nacionales, a tratar de sustituir esos cultivos por otros que no le causen
vergüenza internacional, pero utilizando métodos improvisados y ligeros para
lograr ahora el cambio en el uso del suelo, pero de manera transitoria mientras
las fotografías del satélite modifican la estadística, y que después de una año
volverán a la misma actividad, cuando los informes ya le pertenezcan al próximo
gobierno. Si les dan un dinero a los campesinos por la erradicación de un
cultivo, estos, ni cortos ni perezosos, lo reciben, erradican, siembran otra
cosa y al poco tiempo regresan a la producción tradicional. Pues no es así, de
esa manera reactiva como se logrará la sustitución de los cultivos no deseados,
que obedecen a causas estructurales y a factores que históricamente han hecho
parte de la complejidad rural.
El episodio ocurrido en el municipio de
Cajibío, que narra el columnista Nelson Paz en el artículo publicado en este
diario el domingo pasado, es una muestra clara de lo que está ocurriendo en
todas partes y del que el ex contralor Paz Anaya es testigo. Y como Paz lo señala, así no es. Dice que “Los acuerdos de sustitución de cultivos, tal
como se pretenden hacer, no son más que un engaño, el compromiso de acabar los
cultivos de coca, se sabe, no se puede por estos improvisados acuerdos, porque
hay unas realidades sociales, una población que hace años sobrevive de estos
recursos y no se puede olvidar…”, a lo que yo le complemento, que este
proceso debe ser en el marco de una estrategia integral de desarrollo rural
donde el tema de comercialización de los productos sustitutos ocupa lugar
prevalente.
La solución estructural al problema de
comercialización en las zonas de economía campesina es el mismo de hace treinta
años, la misma que ACOABASTOS le presentó personalmente a Germán Vargas Lleras
cuando este era el secretario privado del ministro de Agricultura y que el
gobierno nacional pasó por alto. Contiene un modelo de análisis, como cualquier
propuesta seria, y recomendaciones en materia de infraestructura y superestructura
para llenar los vacíos y corregir irracionalidades existentes en la circulación
de los flujos de productos desde la producción hasta el consumo. En dicha
propuesta, se incluían aspectos considerados en el proyecto elaborado para el
Cauca en época del Gobernador Julio Arboleda Valencia, que tampoco se llevó a
cabo.
Pueden
ser esas dos, o tomar como base el modelo de la organización cafetera, o
diseñar cualquier otro; lo cierto es que sin que se cumplan dos requisitos: por
una parte, la confección y puesta en marcha de una estrategia integral de
desarrollo rural como la que se concibe en el Punto Uno del Acuerdo de Paz, y
por otra parte la implementación de una estructura adecuada de distribución
social de la producción rural, todas las acciones, y más las que son producto
de la desesperación del gobierno nacional, serán una pérdida de tiempo y de
recursos; y sin la existencia de una adecuada política pública, no dejará de
ser una acción, como dice Nelson Paz, de “irresponsabilidad con unas comunidades”.
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