NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PAZ

A raíz de la firma del Acuerdo de Paz y principalmente con el Punto 1 que se refiere a la renovación de la zona rural, se crearon expectativas de cambio por la oportunidad de implementar por primera vez, una verdadera política para el campo colombiano, que responda de manera pertinente, a sus propias necesidades en cuanto a las condiciones ambientales, territoriales, económicas y sociales. Para la ejecución de dicho acuerdo, el gobierno ha venido dictando normas jurídicas tendientes a viabilizar las acciones necesarias para el logro de los objetivos.

Pero examinando cuidadosamente las normas, como es el caso de los decretos 2366 de diciembre de 2015 y el 893 de mayo de 2017, entre otros, surge la pregunta: ¿y donde esta lo nuevo? Porque el ordenamiento institucional que se ha diseñado para el efecto, repite los patrones que desde, por lo menos treinta años, se vienen aplicando en la institucionalidad colombiana. Se reitera el centralismo bogotano con la imposición unilateral de las decisiones, se repite la columna vertebral de nación, departamento y municipio, se reitera en los métodos anacrónicos de planificación, prevalece el enfoque financierista de corte neoliberal, y por supuesto, continua el enfoque de las políticas Top-Down o sea de arriba hacia abajo.

Claro, se reconoce el carácter de Estado unitario y la columna vertebral de la rama administrativa del poder público que gira en torno al eje presidente-gobernador-alcalde; pero por el afán caprichoso y facilista de recurrir a las mismas entidades de siempre, se está colocando en riesgo de fracaso la finalidad del acuerdo que se ha sembrado sobre el espíritu de cambio y de democracia participativa. La opinión pública conoce suficientemente, lo que son las administraciones territoriales donde rige plenamente el modelo burocrático y priman el clientelismo, la politiquería y la corrupción.

La mayoría de entidades territoriales no es adecuada a los retos que impone el acuerdo, para aplicar el enfoque territorial en el desarrollo rural. El modelo de operación por procesos no aplica, la estructura está divorciada de dicho modelo, el sistema de control es una pantomima formal que no permite realidades, los procesos de planificación son débiles, la idoneidad de los servidores públicos es cuestionable, etc. etc. por lo que se hace necesario pensar en un esquema organizacional diferente, complementario a la estructura del Estado, que supla las deficiencias de la organización formal y complemente las acciones de gestión pública en el marco de la gobernanza y una gerencia pública colombiana, no importada de Europa y Norteamérica, que se acomode a la propia realidad que este país vive. La sociedad civil, que por cierto hoy tampoco tiene la organización adecuada, y el aparato universitario nacional, principalmente de las universidades oficiales, tienen un campo de acción que puede llenar el vació y cubrir las deficiencias que hoy se manifiestan y así contribuir a la construcción de una nueva institucionalidad para la paz.