El escándalo de los últimos días se generó por los anuncios del
gobierno sobre la próxima reforma tributaria, que tendrá que llevar al Congreso
y para su aprobación, aplicar los acostumbrados métodos de repartir mermelada
mediante puestos, contratos y corrupción en general, reforma que es obligatoria
por la imposición de los organismos multilaterales, en razón a las obligaciones
derivadas del servicio de la deuda para los próximos años. El debate no está en
que si se hace o no la reforma, sino en cuáles son las fuentes de ingreso que
se utilizarán y los grupos sociales que se afectarán con las cargas
tributarias.
La causa de fondo del problema fiscal es la estructura de
financiamiento del Estado que desde 1990 es perversa, para favorecer el
capitalismo rentista y que se instituyó radicalmente por la vía constitucional
en 1991. Por ello la solución definitiva no es viable, por lo menos en el
mediano plazo, y se tendrá que recurrir a las fórmulas ortodoxas de las
reformas tributarias, que alivian la carga unos pocos años; y así se mantendrá
la solución hasta que el modelo explote por su inviabilidad real. Por ahora
simplemente se trata de hacer el debate si los recursos se le sacan a los
pobres o se le cobran a los ricos.
Por aparte de la causa de fondo derivada de la estructura de
financiamiento, está el principal motivo de la reforma originado en el servicio
de la deuda pública. Para el año 2019, el gobierno tiene que pagar la bicoca de
51.8 billones de pesos para atender vencimientos de deuda que justamente, no
las adquirió Santos sino Uribe, pues los títulos de Clase B se emiten, por lo
general a más de ocho años de plazo. En 2020 la obligación será de 24.2
billones, en el 21 será de 30.9 billones y en el 22 será de 31.1 billones,
según un informe publicado por el Ministerio de Hacienda sobre el Perfil de la
Deuda Pública Colombiana.
Por otro lado, los ingresos susceptibles de canalizar para este pago
tienen un comportamiento preocupante para los organismos multilaterales, que son
los guardianes del servicio de la deuda y quienes desestabilizan presidentes
cuando ellos no pagan cumplido, ya que en el año 2018 los ingresos corrientes,
incluidas las privatizaciones, se estiman en 140 billones de pesos y para el
2019 se han presupuestado 144.7 billones. O sea que mientras las obligaciones
por pagar se han de incrementar en 133 %, los ingresos disponibles para el pago
solo se van a aumentar en 3.3 %. Según el informe del Ministerio, en 2018, las
obligaciones por pagar eran de 22.3 billones.
Es el absurdo del mecanismo de financiamiento, de abrir un hueco para
tapar otro, lo que hace que cada ministro se limite a colocar títulos de deuda
en los mercados de capitales, con fecha de vencimiento de modo que le toque a futuros
gobiernos pagar; y por ello, estos deben
recurrir a soluciones como la de reforma tributaria. Lo otro es el debate si
para el efecto se les cobra impuestos a los ricos, o a los pobres como el caso
que se anuncia para la próxima reforma, que no es sorprendente porque eso se
advirtió suficientemente en época de la campaña electoral. Aquí solo se trata
de ver con claridad el origen de la reforma tributaria.
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