LOS CACIQUES SON INFERIORES

Durante el último cuarto de siglo se ha hablado mucho en Colombia sobre la Democracia Participativa; pero hablado no más, porque en la realidad muy poco. Sin embargo, el cuento llama la atención como régimen político, porque sin duda, tiene muchas bondades como requisito para avanzar en procesos de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Es una forma en las relaciones Estado-Sociedad, que desde 1991 cuenta con el piso jurídico necesario para su viabilidad, pero que no ha logrado el establecimiento de los procesos institucionales y sociales necesarios para que el propósito social se alcance.

Claro que la Democracia Participativa, para su cabal operación, requiere de la descentralización política; lo malo es que en Colombia apenas existe, medianamente, la descentralización administrativa, que no es suficiente para que en la práctica se realice la democracia participativa. Aquí, al contrario, existe un recalcitrante centralismo político, concentrando en Bogotá todas las decisiones sobre diseño e implementación de políticas públicas de gran alcance. Las territoriales tienen limitaciones.

Pero el esfuerzo hay que hacerlo para que la democracia participativa y la descentralización política funcionen y arrojen beneficio a las comunidades locales. Para el efecto y con base en el piso jurídico existente, se requiere que las relaciones Estado-Sociedad se regulen bajo los parámetros de la gobernanza y en el marco del Modelo Gerencial de la Administración Pública, el cual exige, por una parte, una organización social adecuada y la madurez intelectual y política de las bases sociales, que trascienda las barreras culturales y las trancas ideológicas que impiden la posibilidad de una participación social en la Co-gestión de Políticas Públicas, donde la intervención de los organismos de base sea técnica, operativa y organizacionalmente adecuada, que se acomode a la altura de los modelos de gestión creados para tal efecto. Y por el otro lado, se requiere de funcionarios del nivel directivo y el liderazgo institucional apropiado, para lograr el engranaje Estado-Sociedad necesario, donde estos sepan ejercer el direccionamiento de los procesos en el marco de la gerencia pública y el uso de los instrumentos de gestión que la ley ha facilitado y la teoría ha diseñado para tal fin.

Lo que vemos en el territorio del Cauca, es que las bases sociales han alcanzado los niveles de madurez apropiados para que el esquema constitucional funcione y se pueda aplicar modelos de Co-gestión eficaces para la solución de problemas y necesidades y para avanzar en estrategias de desarrollo, entendido este como el mejoramiento de las condiciones de vida. Por eso las comunidades son capaces de realizar movilizaciones de gran magnitud y trascendencia. Pero también vemos que, por el otro lado, la dirigencia institucional se ha quedado corta frente a la altura de las necesidades. Los dirigentes políticos y la acción estatal, son inferiores al reto que las organizaciones de base han alcanzado en su madurez y capacidad de movilización, por lo cual la relación Estado-Sociedad para profundizar la Democracia Participativa y avanzar en la construcción de la descentralización política aplicando los modelos de gestión pública apropiados, no son viables en el departamento del Cauca. En este territorio se cuenta con lo más difícil que es la madurez de las organizaciones sociales de base, pero no se dispone de la idoneidad suficiente en el componente del Estado, para aprovechar el piso jurídico constitucional y avanzar en la construcción del futuro bajo los parámetros del Estado Postmoderno, pero neutralizando los nocivos efectos sociales de las políticas neoliberales que imponen desde Bogotá. Como quien dice y parodiando la tradicional frase de la relación entre indios y caciques, en el Cauca y frente a la realidad histórica, los caciques son inferiores.