Es cierto que se han
presentado casos de conductas poco éticas en algunos magistrados de las altas
cortes; es cierto que ha habido casos de jueces prevaricadores, como también es
verdad que por lo general los procesos son lentos y la efectividad de la rama
es baja, por lo cual en los últimos años el Poder Judicial ha sido víctima del deterioro
en su imagen. Pero no se debe desconocer otras realidades que también cobijan
la situación de la justicia, como es el trato y manejo que la rama vecina del
poder público, el Poder Ejecutivo, le brinda a la judicial.
Si vemos que la rama
legislativa, que muy poco le sirve a la sociedad colombiana, recibe un trato
preferencial con abundancia y despilfarro de recursos, incluidos los viajes de
turismo al exterior y los abusos en los vehículos oficiales, no se comprende la
inequidad frente a la situación de la rama judicial que presta un servicio a la
sociedad de mayor envergadura. Claro, el tamaño de la última es muy superior y
en términos absolutos las demandas son más elevadas; pero se trata de examinar
las pautas y criterios con que la rama ejecutiva actúa frente a las otras dos.
No se puede desconocer
que Colombia adolece de un alto grado de violación de la ley y delitos, los cuales
se cometen en todos los estamentos de la organización social desde los más
bajos niveles del lumpen hasta los más altos cargos del Estado como presidentes,
ministros y senadores, con lo cual los órganos judiciales se atiborran de
procesos que superan excesivamente la capacidad instalada y también la física
locativa, según lo dijo un funcionario cuando afirmó que el edificio estaba en
riesgo por el peso del papel acumulado. Pero el gobierno no afronta la
situación con los debidos criterios que tiene la obligación de aplicar según
las normas sobre gerencia pública vigentes.
Las
peticiones de los jueces son elementales: cualquier servicio, ya sea privado o
público, necesita una adecuada política de talento humano que incluya
remuneración, estabilidad, seguridad integral, protección, capacitación,
bienestar y desarrollo humano, así como cualquier fábrica necesita un adecuado
manejo de las maquinarias, sin lo cual la calidad del servicio es deficiente.
El ámbito laboral, incluidas las condiciones locativas y dotación de medios, es
un principio fundamental en la buena calidad. Según los fundamentos de la
calidad total o el mejoramiento continuo, la más eficaz forma de elevar la
calidad es con la intervención de los mismos actores que realizan el proceso, por
lo cual la reforma a la justicia requiere de una participación decisiva de los
funcionarios de los juzgados. Y así sucesivamente, no es capricho ni apetito
personal de los sindicalistas sino realidad objetiva de la situación
estructural de las tres ramas del poder público, que explican sustancialmente
la razón, no del paro, sino de la parada judicial.
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