Uno de los nocivos impactos de la catastrófica Ley 100 de 1993 es el
ocurrido en los centros de atención de pacientes de propiedad oficial, que hoy
les llaman Empresas Sociales del Estado (ESE) y que se clasifican según el
grado de complejidad técnica, tecnológica y científica en la prestación de los
servicios y por supuesto, en la atención del tipo de patologías. Anteriormente existían
los puestos de salud, los centros de salud y los hospitales; pero a los
primeros los acabaron dejando solo estos últimos con el nombre ya citado.
Al tenor del más puro pensamiento neoliberal, a las ESE las
convirtieron en un salpicón conceptual que enreda su manejo. Estas tienen un
carácter doblemente público; pues el objeto de trabajo, o sea la salud, es
pública y el propietario de la empresa es El Estado. Pero las tratan como
empresas a las que se les aplica el paradigma privado, que significa navegar en
la turbulencia del mercado. Así, eficiencia, eficacia, efectividad y
competitividad, son principios de obligatorio cumplimiento, en un medio donde
las condiciones para vivir como empresa privada rentable no es apropiado.
Primero por las condiciones de su propietario que no tiene la libertad para
operar como empresa privada, ya que el Estado sólo puede hacer lo que la ley le
permite, a diferencia de las empresas privadas que pueden hacer lo que les da
la gana, siempre que la ley no se los impida. Por otro lado, porque al aplicar el
fundamento de la racionalidad capitalista en un objeto público, se pierde el
carácter humanista que debe tener el servicio y se aleja de los fines sociales
del Estado. Y para acabar de completar, los agentes de la administración no son
propietarios de la empresa por lo cual no les duele el bolsillo cuando hay
despilfarro, que ellos mismos propician al utilizar la empresa con fines
políticos u otros intereses particulares, como ha ocurrido en el HUV de Cali y
los varios gobernadores que lo llevaron a la crisis. El régimen laboral es dual
por la presencia de empleados públicos y trabajadores oficiales, a lo que se
agrega los contratistas de prestación de servicios y ahora, los esquemas del
paradigma privado de outsourcing o tercerización, que como en HUV de Cali, se
utilizan para otros fines diferentes a los propósitos gerenciales de la
administración pública.
Ante
esa situación, es necesario crear modelos administrativos que, en el contexto
de la administración pública, puedan imponer la racionalidad en condiciones de
equilibrio entre el paradigma privado y el público. Pero eso no ha ocurrido.
Pretendieron convertir a los médicos en gerentes mediante una especialización
académica, como requisito para ocupar los cargos de gerente de ESE; pero esto
no da brindado los resultados esperados, ni los brindará, porque de la noche a
la mañana no se puede formar gerentes para entidades que aglutinan tan diversos
factores administrativos, dentro de en una disciplina de conocimiento que aún
está en construcción, que comenzó cuando se trasladó lo público al mercado y se
inició la creación de la teoría de la nueva administración pública que integra
aspectos de la administración privada pero que debe afrontar las dificultades
de aplicar dichos conceptos en el marco de lo público, lo cual se expresa
claramente en la complejidad de las ESE.
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