LA SOLUCIÓN A LA COCA

Nuevamente el escándalo por los cultivos de coca, esta vez a raíz del informe de la ONU que se refirió al aumento del área sembrada. Como siempre, las opiniones se orientan más a buscar culpables que a pensar en soluciones y es el “papayaso” para los enemigos del gobierno que aprovechan para señalar a Santos como causa del “mal” entre comillas, porque el solo cultivo únicamente le hace daño a la Reserva Federal, a quien le preocupan los dólares que circulan en el negocio y que se escapan de su control. El problema es multicausal y por ello dejan de lado otros factores como la ampliación del mercado en USA y Europa y la devaluación que ha incrementado enormemente el precio interno. La fumigación es lo único que se considera y no se refieren a una causa de gran incidencia que es bien conocida: la ausencia, que siempre ha existido, de una política agraria para las zonas de economía campesina. Política agraria en Colombia propiamente no ha existido; las leyes y programas que se han implementado desde hace un siglo, han sido para privilegiar al sector industrial, la mayor parte en manos del capital extranjero, que para beneficiar a la población rural de las áreas de minifundio.

La realidad es que en el país solo existen dos cultivos promisorios para las zonas de economía campesina, ambos porque ya tienen la solución de comercialización establecida, de modo que basta con sembrar, que la venta está asegurada: el café y la coca. El primero tuvo desde finales del siglo XVIII el amparo del Estado y durante más de un siglo ha contado con los instrumentos paraestatales que lo apoyan, incluyendo la comercialización a cargo de las organizaciones gremial y solidaria de los productores y por ello, en las zonas cafeteras no penetró la coca y difícilmente la guerrilla. Pero en el resto de los territorios de minifundio, el abandono por parte del Estado ha sido caldo de cultivo para el florecimiento de todo tipo de actividades ilegales y de descomposición social.

Ahora se presenta otro “papayaso”, no para criticar, sino para buscar soluciones. El Punto 1 del acuerdo de Paz abre la posibilidad de implantar una verdadera política de desarrollo rural que, si se aprovecha adecuadamente, puede ser solución tanto para los cultivos de uso ilícito como para el ambiente de violencia de todo tipo que florece en el campo abandonado. El acuerdo obliga a realizar los programas rurales con enfoque territorial, el cual significa colocar la dignidad humana y el tratamiento holístico por encima de los asuntos sectoriales, de modo que permite establecer mecanismos idóneos para el mejoramiento de las condiciones de vida. Pero eso sí, esto es posible, si se le resta volumen al centralismo bogotano, si se fortalece una nueva organización social, si se aleja del proceso a los políticos tradicionales y si se ajusta la administración pública a los requerimientos de la eficaz gestión del desarrollo y de esa manera, sí podríamos pensar que llegará por efecto y de manera sólida la solución a la coca.