OTRA VEZ LAS MARCHAS

En relación con la protesta de las comunidades que cada cierto tiempo se presentan en cualquier lugar del país, siempre se han repetido los mismos comentarios: que muy poco sirven para lograr propósitos pues la única protesta válida son las elecciones de modo que, para qué manifestaciones de protesta si vuelven luego a elegir a los mismos; que el gobierno no tiene capacidad de dar soluciones y se limita a firmar acuerdos para levantar la protesta pero no para extirpar las causas del fenómeno; que la oligarquía colombiana es inepta y nunca puede solucionar ningún tipo de problemas; que los acuerdos siempre serán incumplidos porque en la institucionalidad colombiana y el andamiaje jurídico no contempla este tipo de procedimientos para la toma de decisiones.

En este último caso hay que ser reiterativo. Los acuerdos siempre serán incumplidos porque su ejecución toca normas y procedimientos que están establecidos en el marco de la ley y su modificación no se puede realizar simplemente porque un ministro firmó conjuntamente con dirigentes de una protesta, unos compromisos sobre acciones que no están soportadas en el marco de la ley. Si es el caso de modificaciones de políticas, las dificultades surgen si el compromiso es contrario a las imposiciones que los organismos multilaterales como el FMI o la OMC hacen sobre Colombia; y si el compromiso firmado implica realizar gasto público que casi siempre ocurre, los procedimientos del gasto están debidamente reglamentados y si los recursos comprometidos no se someten a la regla, no es posible ejecutarlos.

La firma de un documento de compromisos para levantar protestas, no está contemplada en el Decreto 111 de 1996 conocido como el Estatuto Orgánico del Presupuesto, paquete normativo que regula los procedimientos para ejecutar partidas de gasto; además de la vigencia de otras normas sobre partidas para inversión como son las normas de planificación y proyectos. Así que los acuerdos para levantar marchas, por muy importante que sea el funcionario que firme, no son suficientes para comprometer al gobierno en la atención de necesidades estructurales de las comunidades.

No se sabe si hay ingenuidad o desconocimiento de parte de los dirigentes de las marchas cuando firman y levantan la protesta, o hay mala fe o ignorancia de parte de los funcionarios que atienden las negociaciones, este último muy común dado el alto nivel de ineptitud que casi siempre presentan los funcionarios directivos del orden nacional, sobre todo en estos gobiernos de Santos, donde los nombramientos en Bogotá no se sabe con qué criterios se realizan; pero en todo caso lo que sí es ampliamente conocido por la opinión pública, es que cuando se firma un acuerdo ante la protesta, se suspenderá la acción de masas pero transitoriamente; y que pasado algún tiempo, ante la situación de fondo que siempre seguirá igual, se presentarán otra vez las marchas.