Sin ánimo
de aguar la fiesta, de ser ave de mal agüero o de inculcar el pesimismo en la
opinión, pero siguiendo la corriente de muchos que ven dificultades reales en
la ejecución de los acuerdos que el gobierno suscribirá con la guerrilla, es
procedente considera un fenómeno del que casi no se ha hablado; se ha dicho
mucho sobre el temor de que la guerrilla no cumpla los acuerdos y en la mesa de
negociación se están introduciendo mecanismos para asegurar la no repetición,
pero poco se ha dicho acerca del cumplimiento de los mismos por parte del otro
bando o sea las élites bogotanas del poder.
Dicen los
informes que en las negociaciones se han analizado las experiencias en otros
países para evitar cometer los mismos errores en la fase de implementación de
los compromisos y citan casos como Ruanda, Guatemala, Nicaragua, entre otros, de
los cuales deducen acciones que se deben realizar en Colombia para asegurar el
éxito del proceso. Un documento elaborado por las Naciones Unidas en septiembre
de 2014 con participación de PNUD, UNODC, OIM, FAO y PNUMA, toda la plana mayor
del sistema de Naciones Unidas, destaca la importancia de dos aspectos
relevantes para el proceso, el componente ambiental y el ordenamiento
territorial, señalando acciones que se debe realizar mediante el ordenamiento
territorial ambiental, para crear condiciones favorables a los procesos
económicos y sociales que deben hacer parte de la implementación de los
acuerdos.
El
interrogante que surge en consecuencia es obligado: están dispuestas las élites
de poder en Bogotá a propiciar o al menos facilitar los procesos que identifica
la ONU como necesarios para el éxito de los acuerdos?. Están dispuestas a
soltar algo de poder para empoderar las comunidades locales?
Los
acontecimientos de los últimos años y sobre todo los del presente años,
muestran que el mismo gobierno nacional va en contravía de las negociaciones de
la Habana. Según la ONU, para que los acuerdos tengan éxito se requiere
fortalecer la autonomía municipal, como manda la Constitución, y propiciar la
descentralización política empoderando las comunidades locales, para diseñar y
construir sus propios procesos de convivencia social sobre la base de la
sostenibilidad económica y ambiental; pero lo que hoy vemos es que el
centralismo bogotano cada vez se vuelve más asfixiante en contra de los
municipios y cada día les recorta más autonomía a las entidades territoriales.
La ONU considera que el ordenamiento territorial ambiental basado en los
servicios ecosistémicos y la armonía de los asentamiento humanos con las
condiciones del suelo es fundamental y que esto solo se puede lograr con el
fortalecimiento de las instituciones locales; pero el gobierno nacional y
principalmente el DNP, hoy hace todo lo contrario, sembrando con ello los
factores de fracaso del posacuerdo.
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