Hace algunos días escribía Santiago Zambrano en este
mismo diario sobre las bondades del proyecto hidroeléctrico de Julumito,
destacando su mérito en materia de generación eléctrica pero sobre todo
mostrando su contribución al desarrollo del sector turístico regional y, algo
muy importante, la inclusión de la zona en la Estructura Ecológica Municipal
Futura, debido a sus aportes en materia de servicios ecosistémicos que
ofrecería en caso de construirse, entre los que se destacan las contribuciones a
la conservación del paisaje, a la provisión de agua, a la regulación hídrica, a
la regulación del cambio climático, al almacenamiento de carbono, al hábitat de
las especies migratorias y a la
construcción de identidad y pertenencia, entre otros.
Pero también resaltaba Zambrano los riesgos que hoy
afronta y que constituyen un factor que atenta contra la factibilidad del
proyecto por motivos diferentes a los técnicos, financieros y económicos y que
surgen, como suele ocurrir en muchos casos de proyectos anunciados, por los
fenómenos especulativos y las distorsiones de mercado promovidas por agentes
que muchas veces, utilizan métodos apartados de la ley para lograr sus fines.
Por ejemplo, ya se están viendo casos de especulación en el precio de la tierra
por motivo de la doble calzada entre Popayán y Quilichao.
Lo más importante de la columna citada es el llamado
que hace a las autoridades competentes para que intervengan oportunamente con
el fin de prevenir los efectos del riesgo. La acción gerencial exige
anticiparse al futuro y aplicar controles preventivos a los riesgos; pues
después de ojo sacado no vale Santa Lucía. Los instrumentos jurídicos existen
por lo que solo basta aplicarlos en el momento adecuado. Es necesario tomar
medidas de congelamiento del uso del suelo antes de que cojan fuerza los “hechos
cumplidos”, que generan obstáculos para el normal desarrollo del proyecto, de
modo que corresponde al gobierno municipal tramitar ante el Concejo los
correspondientes actos para establecer las medidas pertinentes.
Ojalá
no vaya a ocurrir un fenómeno que es bastante común en nuestra cultura
payanesa, de permitir que se potencialicen los procesos espontáneos y
desordenados de los actores sociales para luego sí, sacar a relucir los
“fueques” como disculpa para justificar el por qué no se hizo lo que se tenía
que hacer. Estamos precisamente en el mes de aprobación del plan de desarrollo,
lo que permite incluir en el Acuerdo respectivo las medidas necesarias para
proteger la utilidad pública y el bien común del proyecto y así impedir que el
interés individual se sobreponga por encima del interés general, en
consideración a la importancia y la magnitud de la utilidad pública que
presenta el proyecto de Julumito.
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