Desde
1958, o sea desde su nacimiento, el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
ha tenido la misión de introducir en Colombia los paradigmas y modelos que se
inventan en las universidades e institutos norteamericanos y en los organismos
multilaterales para defender los intereses del capitalismo internacional, papel
que aún sigue desempeñando ahora para defender el capitalismo rentista, por lo
cual este organismo es hoy el principal enemigo de la descentralización
administrativa y de la autonomía municipal.
Hace
cuatro años, cuando comenzaban el período los actuales gobernantes
territoriales, desplegó una campaña supuestamente para asesorar a estos
funcionarios en la elaboración del llamado plan de desarrollo que se debe
formular para cumplir la Ley 152 de 1994. Para el efecto, contrató un grupo de
profesionales a quienes adiestró en Bogotá y luego envió a los diferentes
territorios, cada uno con la tarea de influir en un conjunto de tres o cuatro
municipios. Hasta ahí todo está bien.
Pero
la supuesta ayuda técnica de los asesores no era otra cosa que el intento de
estos profesionales para penetrar los planes municipales e imponer a la fuerza
las políticas del gobierno nacional por encima de los propósitos del gobernante
territorial. Hubo casos donde utilizaron métodos reprochables y chantajes, para
obligar a los alcaldes a incluir en su plan, programas, metas e indicadores de
la conveniencia del presidente, sin importarles los verdaderos requerimientos
de la comunidad local ni el programa inscrito por el candidato elegido. La
amenaza de que si no se comportaban con obediencia, no les enviarían recursos
desde Bogotá para financiar proyectos municipales fue un argumento repetido en
sus procedimientos chantajistas.
Luego,
después de aprobados los planes, el DNP
inventó el cuento de la premiación a los mejores, otorgando reconocimientos a
las entidades territoriales que habían sido obedientes y sumisas e incluido lo
que los asesores “recomendaban”, viéndose casos como el del Departamento del Cauca,
donde un plan con errores metodológicos como fue lo de un falso diagnóstico y
lo de no determinar de dónde salieron los objetivos, entre otras cosas, fue
galardonado con el reconocimiento de los mejores planes.
Esta
vez y para los nuevos gobernantes, probablemente se repetirá la historia. Ya ha
hecho costumbre el estilo de la Nación de poner a los alcaldes de mandaderos
gratuitos del presidente, fijándoles tareas de ejecutar en el municipio los
programas del mandatario nacional sin retribución alguna, cuando lo racional en
el marco de la moderna gestión pública, es que la Nación contribuya con
recursos a la ejecución de las políticas del gobernante local. Seguramente al
comenzar el período de los próximos gobiernos territoriales nuevamente el organismo
nacional enviará sus asesores a violentar los procesos municipales, por lo cual
a partir de enero del próximo año, las comunidades locales deberán estar
atentas y echar mucho ojo con el DNP.
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