Algunos son partidarios de las manifestaciones de inconformidad con el
gobierno, mediante actos en las vías públicas, argumentando que históricamente,
de esa manera se han logrado reivindicaciones laborales y sociales como la
jornada laboral de ocho horas y otras. Y en verdad, antaño fueron muy
provechosos, incluyendo el nacimiento del Estado Social en Alemania, por allá
en 1890 a través de la Constitución de Bismarck, que el gobierno promovió como efecto
de las revueltas de los trabajadores y las clases populares durante la segunda
parte del Siglo XIX.
Claro, en ese tiempo las condiciones eran diferentes: era otro momento
histórico, otra modalidad de capitalismo, otro tipo de Estado, otros avances tecnológicos,
otras élites de poder económico, otro significado del aparato productivo, otras
relaciones económicas internacionales y en el caso alemán, otra posición en las
relaciones norte-sur, como hoy en Francia, que le permiten al país menor grado
de dependencia frente a las fuerzas de dominación internacional.
Pero hoy en Colombia las circunstancias son diferentes, de manera que los
alcances de este fenómeno de masas tienen serias limitaciones. El argumento de
la lucha popular, en esa época, se sustentaba con la crítica al sistema
económico y a la necesidad de cambiarlo, lo cual solo era posible mediante la
violencia, por la resistencia de la clase dominante; mientras hoy, no se trata
de cambiar el sistema, sino de desmontar una modalidad de capitalismo y unas
políticas que atentan contra la dignidad humana y la vida misma, para favorecer
fuerzas de poder económico que no están concentradas dentro del mismo país,
sino en los centros de dominación global cuya ubicación geográfica es
indeterminada.
Ahora, la única forma de alcanzar el propósito de cambio es mediante
modificaciones a la Constitución y a la ley, lo cual se hace en el Congreso de
la República, por lo cual, más que marchas y protestas públicas, se requiere
cambios en el perfil de los congresistas que aprueban los actos legislativos y
las leyes. Unos congresistas con ética pública que respondan al interés general
y al bien común, no como sucede hoy que dichos sujetos venden su voto al mejor
postor, ya sea lobistas o gobierno, sin importarles el daño a los ciudadanos
que los eligieron.
Se necesitan cambios en la cultura política para que el elector no vote
motivado por el interés individual sino por el interés público, lo cual implica
que se debe realizar un proceso pedagógico masivo, que propicie un cambio de
conciencia para que se elijan congresistas que representen los intereses del
pueblo. Hoy los miembros del Congreso no se eligen democráticamente, sino que
ellos mismos compran su elección para ocupar la curul.
Los
estudiantes y sindicalistas, en lugar de estar exponiendo su integridad
personal ante la violenta represión del gobierno, violatoria de los derechos
constitucionales, deberían armar cuadrillas para hacer un barrido por los
barrios y veredas, casa por casa, realizando campañas de educación política que
conduzcan al cambio de actitud de los ciudadanos frente a las elecciones. Lo
que se necesitan son normas constitucionales y legales contrarias a las que
sustentan las actuales políticas neoliberales, por lo cual es momento oportuno para
examinar y evaluar la utilidad de la protesta callejera.
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