La situación de inseguridad y
peligro en los espacios públicos ha alcanzado niveles espeluznantes, como
producto del proceso de descomposición social que viene ocurriendo en el
presente siglo, donde el lumpen ha roto principios y valores antaño sustentados
en la Ley de Dios o la Ley Natural y ha adoptado conductas antisociales
altamente degeneradas y con características de depravación. Hoy la muerte no
tiene significado meritorio en la vida humana y hace parte del trasegar
cotidiano en la complejidad de la vida social.
Paralelamente a dicho fenómeno,
la concepción de los problemas sociales y públicos de todo tipo, así como su
solución, se ha revestido de enfoques y mecanismos sociológicos y políticos que
también se alejan de lo que hasta el siglo pasado fueran normas de la moral y
la ética propias de la ideología de la modernidad. Hoy, los patrones de la
postmodernidad, paralelos al Estado Postmoderno y a la modalidad de capitalismo
postindustrial con su régimen político de democracia participativa, están
inculcando que los asuntos públicos no corresponden exclusivamente al Estado,
sino que la sociedad debe participar en co-gestión para la solución de sus
problemas y necesidades de toda clase, incluyendo la seguridad pública y la
protección. Más allá de las competencias del Estado, también el uso de las
competencias ciudadanas es necesario para alcanzar objetivos sociales de
mejoramiento de las condición es de vida.
Por supuesto, la filosofía, los
fundamentos, la teoría y la doctrina del derecho, cuya génesis data de varios
siglos atrás, se muestran desfasados frente a la realidad histórica de este
siglo, donde se presentan casos que desbordan las bases del derecho y la
justicia. Bien dicen en la opinión pública, que la humanidad está viviendo el
día del apocalipsis, que por ser de carácter bíblico, no es un día de
veinticuatro horas.
Se abre entonces el debate
sobre la autoprotección humana y su relación con el paquete jurídico, el que
legaliza las acciones individuales en el marco de la vida social. Está claro y
es fácilmente demostrable, que la única forma de acabar con la delincuencia
callejera y disminuir substancialmente los asaltos y atracos que atentan contra
la propiedad individual y la vida humana, es con la autodefensa personal. Con
un número plural de casos que se presenten, donde la víctima se defienda y
ataque al delincuente, es suficiente para el escarmiento y así los antisociales
dejarán de utilizar este método, ya que por esencia, el delincuente es cobarde
y miedoso y en su acción, casi siempre van sobreseguros y aprovechando su
situación dominante.
Pero también en la misma sociedad, se presenta alto
riesgo por el otro lado, que puede abrir la puerta a fenómenos igualmente depravados,
como el uso del mismo mecanismo en circunstancias políticas. En un país donde
el asesinato de líderes populares es rutinario, no es descabellado pensar en el
peligro de utilizar el mismo piso jurídico para hacer montajes y cegar la vida
a personas por motivos políticos. La modalidad de la autodefensa tiene
antecedentes ingratos, cuando se instauró con supuestos fines de protección
frente a la delincuencia, que luego se degeneró en procesos criminales de
usurpación de tierras y asesinatos masivos, de los que el país aún no conoce en
su totalidad. No se puede asegurar que en el caso de la seguridad urbana vaya a
ocurrir lo mismo, pero sabiendo de la cultura violenta en la idiosincrasia
colombiana, no deja de crear un escenario donde reine el dilema de la
autodefensa personal.
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