ENFOQUE JURÍDICO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

En días pasados el gobierno dictó una resolución estableciendo la norma por la cual a partir del primero de enero de 2019, en los hogares se debe utilizar tres colores para sendas bolsas de recolección de los residuos sólidos, con el argumento de que en Colombia solo el 17 % de estos residuos se recicla y se propone una meta para el año 2030 de reciclar el 50 %.

Digamos que como propósito la medida es plausible por cuanto el reciclaje permite bajar costos de materias primas y alargar la vida de los rellenos sanitarios. Pero por el lado de los resultados prácticos se presentan muchas dudas; pues está visto y comprobado, que las solas normas de tipo jurídico no dinamizan procesos de gestión pública, ni de parte de los organismos estatales y mucho menos, de parte de los organismos civiles que, por cuenta de la democracia participativa, deben intervenir de manera constructiva en el manejo y la solución de los asuntos públicos.

Al igual que en todas las ciencias sociales, en el campo de la gestión pública también existen varios enfoques conceptuales y paradigmáticos, donde uno de ellos es el enfoque jurídico que, justamente es el que impera en Colombia y mediante el cual, siempre se pretende resolver los asuntos público expidiendo leyes, decretos o resoluciones, como si estos instrumentos que solo constituyen el piso jurídico que determina la legalidad de las acciones, fueran suficientes para dinamizar los procesos sociales e institucionales necesarios para el logro de los objetivos. Los gobiernos, tanto nacional como territoriales, se lavan las manos con la expedición de normas y no asumen con eficacia su obligación como responsables de la rectoría de los procesos sociales. Si las simples normas jurídicas fueran suficientes en la gestión pública, este país no tendría problemas y necesidades; pues leyes y decretos es lo que hay aquí para todos los asuntos; pero falta ver cuantas y cuáles de las normas vigentes en la realidad se aplican.

Otros enfoques conceptuales acerca de la gestión pública, destacan la importancia del piso jurídico que, por supuesto, debe ser favorable; pero otorgan mucho mayor significado a las acciones que verdaderamente le imprimen la vida al comportamiento social, que en muchos casos como en este, requieren de pedagogías apropiadas y de los métodos de gobernanza que aseguren la conducta cívica concordante con los propósito de la política pública, todos ellos contemplados en la teoría de la Gerencia Pública. El caso de las bolsas de colores es solo uno de los miles de asuntos públicos que el gobierno pretende resolver con actos administrativos, los cuales permiten justificar su acción y publicitar las medidas para dar la imagen de buen gobierno; pero que examinando profundamente en términos de la ciencia administrativa y la observación práctica de los resultados, deja muchos vacíos que demuestran la necesidad de aplicar otros enfoques conceptuales y evidencian las limitaciones del enfoque jurídico de la gestión pública.