LA GANANCIA SOCIAL DEL ACUERDO

A raíz de este tema del plebiscito, con mucho riesgo se está polarizando el país en dos corrientes: por un lado quienes se amparan en el pasado y un concepto de justicia basado en el principio de la venganza y por otro lado quienes piensan en el futuro y con optimismo ven la oportunidad de crear una nueva sociedad aprovechando el cumplimiento del acuerdo con las Farc, lo que puede suceder siempre que de parte de la comunidad en general se avance en la construcción de una nueva organización social con mayor capacidad para la participación y la contribución a la solución de los problemas sociales.

Es verdad que la guerrilla cometió crímenes graves, reclutó niños y todo lo demás; pero precisamente por haber sido tan lamentable su pasado, el costo de que ese terror se termine es alto. El Estado, en más de medio siglo, no derrotó la insurgencia como para ahora pedir que la sometan a las normas convencionales de justicia. Una negociación para que sea aceptable por las partes significa un toma y dame en relación gana-gana. Es necesario valorar y comparar el costo que paga la sociedad en prebendas y concesiones a las Farc sobre la base de que en el mundo nada se consigue gratis, contra los beneficios sociales en términos de valor que se gana por la desaparición del grupo armado.

En la teoría social y económica existen varios conceptos que pueden aplicarse para hacer la valoración o evaluación del negocio con los cuales se puede apreciar con claridad el resultado final del acuerdo: precio, costo, valor, precio hedónico, precio de mercado, utilidad, valor de uso, satisfactor, atributo, beneficio, costos inducidos, valoración contingente, etc., son todos conceptos que se puede utilizar debidamente aplicados, para sacar conclusiones interesantes en la evaluación del acuerdo y de esa manera comprender que bien vale la pena “tragarse los sapos”, como dicen algunos, para aceptar el resultado de la negociación y proceder a votar SI en el plebiscito.

En una relación costo-beneficio es fácil comprender que acabar con las prácticas violentas de la guerrilla con todo lo que eso arrastra en materia de calidad de vida y progreso, sin contar aún con la oportunidad de construir un nuevo régimen político que en el futuro podrá propiciar también un nuevo modelo económico con mejor distribución del ingreso y disminución de la desigualdad social, es un beneficio tan alto para Colombia, que todo lo entregado en la negociación es barato para el país. Muchos creemos que Colombia la sacó barata.

Ahora corresponde promover una nueva organización social y unas dinámicas políticas que respondan a los requerimientos del negocio para que los compromisos se conviertan en verdaderas oportunidades de cambio. Es a partir de la comunidad local y sus procesos civiles, como se podrá cosechar el producto que la firma apenas ha sembrado, pero que necesita de prácticas culturales como la actividad agrícola, para que alrededor de los compromisos se pueda cosechar la ganancia social del acuerdo.

OPORTUNIDAD GESTADA EN EL ACUERDO DE LA HABANA

En 1994, en otra de las genialidades del DNP, el gobierno incumplió la Constitución Política en lo que se refiere al Capítulo 2 del Título XII y expresamente el Artículo 339 a través del cual la Carta ordena que habrá un Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 152 de 1994 establece la elaboración de un Plan de Gobierno, que muy poco se relaciona con un plan de desarrollo y que abrió la puerta para el degeneramiento de la teoría y la técnica de la planificación en Colombia. Han transcurrido 26 años y hoy podemos ver los resultados de esa ley que dejan mucho que desear.

En el punto 2.2.6 de los acuerdos celebrado en La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, se incluye el tema “Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa” que, al cumplirse si la oligarquía bogotana lo permite, será  una ocasión apropiada para corregir las deficiencias de la Ley Orgánica, que a pesar de los vicios constitucionales, nadie la ha demandado durante este cuarto de siglo.

Dice textualmente el acuerdo: “el Gobierno Nacional se compromete a llevar a cabo las siguientes acciones: a) Revisar las funciones y la conformación de los Consejos Territoriales de Planeación. b) Prestar asistencia técnica a las autoridades municipales y departamentales que lo requieran, para la formulación participativa de distintas herramientas de planeación. c) Hacer una revisión integral y participativa  del sistema de participación en los procesos de planeación…. d) Fortalecer los diseños institucionales y la metodología con el fin de facilitar la participación ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales como salud, educación, lucha contra la pobreza y la desigualdad, medio ambiente y cultura…. e) Fortalecer y promover la construcción de presupuestos participativos en el nivel local…”

Pero lo más importante de las acciones comprometidas por el Gobierno, son los fines que estas definen entre los cuales se encuentran: fortalecer las capacidades técnicas de las instancias de planeación participativa, articulación de las instancias nacionales y territoriales de planeación, la efectividad del sistema, promover la participación de la ciudadanía en la priorización de una parte del presupuesto de inversión y una muy importante, “hacer los ajustes normativos necesarios, para que los conceptos, pronunciamientos e informes de monitoreo, realizados por las instancias de planeación participativa sean respondidos por las autoridades públicas en espacios e instancias de diálogo e interlocución.”

Por supuesto que la sola firma del acuerdo no propiciará las modificaciones en los proceso de planificación si no hay de parte de la sociedad civil la organización, el fortalecimiento técnico y el dinamismo adecuado; pero con la veeduría internacional, el gobierno se verá forzado a cumplir los acuerdos y esto en materia de planificación y con relación a la debilidad de la Ley 152 de 1994, será la gran oportunidad gestada en el acuerdo de La Habana.

LA PAPAYA DE SANTOS

En la vida quien da papaya tienen que asumir las consecuencias, como le está sucediendo a Santos con el tema de La Habana, donde por culpa de sus malos asesores en publicidad, ahora los uribistas lo tienen arrinconado por el alto riesgo en la votación del plebiscito.

 Los uribistas han sido más efectivos: siguiendo al pie de la letra la escuela de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, montaron una estrategia publicitaria con frases efectistas basadas en sofismas y la distorsión de la verdad, pero certera en los golpes de opinión que aplican llegando al meollo de la conciencia ciudadana. Por su parte y a pesar de la conveniencia de aplicar el mecanismo de resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y concertación, no obstante de las bondades de los acuerdos realizados con las Farc que abren la puerta y crean condiciones para corregir deficiencias estructurales en materia de democracia participativa y gestión del desarrollo, la opinión pública se inclina en contra de los acuerdos.

La primera falla del gobierno es pretender meter en la cabeza de la gente que los acuerdos son la paz, cosa que todo el mundo sabe, no se logra con la firma de un simple acuerdo. Los asesores en publicidad desconocieron que el demonio para la opinión pública son las Farc y que los acuerdos no traerán la paz pero si harán desaparecer a ese grupo guerrilleo. Probablemente si el eje publicitario se hubiera enfocado a mostrar este beneficio de desaparición del grupo insurgente, tal vez el efecto hubiera sido diferente.

De otro lado, el enfoque trasladó un suceso de gran importancia social al terreno de lo electoral y en este escenario ha sido absorbido por los mecanismos tradicionales de todas las elecciones. Hoy el debate gira, igual que cualquier elección de los últimos años, a la mecánica mercantil de conseguir votos a como dé lugar, sin conciencia y a expensas del mejor postor. Es casi seguro que la gente votará sin conocer a fondo la trascendencia de la elección y la importancia que tiene para la historia nacional.

Ahora ya no hay tiempo de llorar. La ventaja que le ha sacado el uribismo con su estrategia es considerable y en esta pelea interna de la oligarquía colombiana quién pagará los platos rotos será todo el conglomerado social, siendo los golpes más duros para los de abajo como siempre, al perderse la oportunidad de desarrollar un proceso de construcción de país bajo otros patrones de organización y participación social y otros mecanismos para implementar un proceso de desarrollo con mejores condiciones para el aprovechamiento de los factores endógenos, todo por un inadecuado manejo de la estrategia política que hoy tiene al gobierno metido en un embrollo por culpa de sus mismos asesores que por una inadecuada interpretación de la realidad política y cultual del país, terminaron dándole oportunidad a los opositores para que salieran adelante y hoy cuando es bastante tarde, tenemos que lamentarnos de la papaya de Santos. 

ALGUNAS RAZONES PARA EL SÍ EN EL PLEBISCITO

Al sector recalcitrante de la oligarquía no le gusta el acuerdo con las Farc y examinando los textos es fácil comprender por qué. El acuerdo por sí sólo no traerá la paz a Colombia, pero el cumplimiento de los compromisos abrirá la puerta y permitirá crear condiciones adecuadas a la construcción de un nuevo país, en el que habrá limitaciones a las élites que hoy detentan el poder y también habrá solución a viejas aspiraciones de la comunidad en materia de democracia participativa.

Mirando el Punto 2 sobre la participación política, vemos algunos textos que nos muestran las bondades del acuerdo. A continuación transcribimos unos pocos, los que caben en el corto espacio de esta columna:

“La firma e implementación del acuerdo final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos.”

“La revisión y modernización de la organización y del régimen electoral debe propiciar una mayor participación de la ciudadanía en el proceso electoral.”

“… que se asegure que la participación ciudadana, en la discusión de los planes de desarrollo, de las políticas públicas y en general de los asuntos que atañen a la comunidad, incida efectivamente en las decisiones de las autoridades y corporaciones públicas correspondientes.”

“Se harán las revisiones y los ajustes institucionales necesarios que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de esa manera, hacer frete a los retos de la construcción de la paz.”

“El gobierno garantizará los derechos políticos de los ciudadanos que como actores políticos se encuentren organizados como movimientos y organizaciones sociales.”

“Los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales deben contribuir a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia.”

“La promoción de buenas prácticas de planeación participativa es clave para la profundización de la democracia en Colombia.”

“El gobierno nacional hará los ajustes necesarios que se deriven del proceso de revisión, en todos los niveles, del sistema de participación en los procesos de planeación.”

“Una cultura política democrática y participativa debe contribuir a la igualdad entre los ciudadanos, al humanismo, la solidaridad, la cooperación social y a dar un manejo trasparente a la gestión pública proscribiendo las prácticas clientelistas y la corrupción.”

Como se puede observar en esta selección pequeña de textos, no es nada del otro mundo, pero sí es la respuesta a viejos requerimientos hechos desde distintas organizaciones sociales, los cuales explican por qué la extrema derecha neonazi no quiere el acuerdo y a la vez nos dan algunas razones para el sí en el plebiscito.

ALARMA SOBRE LOS CULTIVOS ILEGALES

Otro de los argumentos que han venido exponiendo los opositores de Santos es que, dicen, que el gobierno ha permitido el aumento de la superficie sembrada en cultivos de uso ilícito por la eliminación de las fumigaciones con químicos nocivos para la salud, disque para favorecer a las Farc, pero no contemplan la parte curiosa del fenómeno, que es la relación de esta actividad con las políticas macroeconómicas y los aspectos de la economía global.

Desde cuándo por presión de las fuerzas de poder económico mundial, le quitaron la autoridad monetaria al gobierno y concentraron las facultades de la política monetaria en el Banco de la República, descentralizado y autónomo, esta política hay sido un permanente torbellino de enredos y fracasos en contra de las necesidades del país, pero claro, en favor de los intereses del capitalismo financiero internacional. Igualmente ha ocurrido con la política cambiaria, que también arrebataron al gobierno por presión de las mismas fuerzas y la colocaron en el vaivén del mercado.

Con todo eso, dos factores de origen económico mundial, se meten en las entrañas de las zonas de economía campesina: por un lado, el aumento excesivo del consumo de drogas por parte de una clase social con elevada capacidad de pago que se nutre de los ingresos de capitalismo rentista en Europa y Norteamérica y por otro lado, la devaluación del peso que favorece los precios internos y las ganancias del narcotráfico. Los traficantes internacionales pagan en dólares lo cual significa un aumento elevado de los ingresos en pesos, que alcanza para cubrir todos los gastos en sobornos y justifica todos los riesgos de la operación, jalonando la producción agrícola. Hoy, con fumigación o sin ella, de todos modos la superficie sembrada se hubiera incrementado por motivos originados en las políticas macroeconómicas.

Adicionalmente, una política monetaria supuestamente antiinflacionaria de aumento de la tasa de interés, atrae dólares del exterior que ya estando acá adentro, además de comprar papeles con renta superior a la de los países extranjeros, cualquier otro rumbo de inversión puede tomas como la de financiar operaciones de comercio de todo tipo de mercancías, como ocurre también con el oro, que tiene altos precios en esos países desarrollados, donde existe tanto ahorro, que no tiene en qué colocarse convirtiendo el otro en objeto de atesoramiento.

Pero le toca a Santo pagar los platos rotos. La fuerza uribista que últimamente ha desplegado toda su maquinaria perversa de calumnias, mentiras y distorsiones de la verdad, lanza sus embates imputando los hechos al gobierno, como si este tuviera tanta fuerza para superar la potencia del mercado internacional, haciéndole creer a la opinión pública que por favorecer a la guerrilla se ha generado la alarma sobre los cultivos ilegales.