REAL POLÍTICA AGRARIA

A mediados del siglo pasado, cuando el imperio de las multinacionales que habían implantado el ordenamiento económico mundial que se le conoce como el neocolonialismo, mediante la intervención de la CEPAL se introdujo en Colombia el modelo de desarrollo que se le llamó de industrialización por sustitución de importaciones, en época en que el mundo académico consideraba que industrialización era sinónimo de desarrollo. Las multinacionales necesitaban explotar el mercado nacional para lo cual se instalaron en nuestro medio y permanecieron por veinte años, hasta que recogieron la inversión y depreciaron los activos, todo fríamente calculado para al finalizar retirarse del país tal como lo hicieron. Algunas permanecieron aun hasta hoy, debido a la necesidad de sus productos en el país pero cambiaron de dueño. Para el éxito del modelo, el Estado se volcó a contribuir con el desarrollo industrial ya sea como socio de las multinacionales a través de IFI, ya sea como aportante de la infraestructura necesaria, ya sea como prestador de servicios complementarios a las empresas y principalmente, con la adopción de las políticas macroeconómicas apropiadas al desarrollo industrial, que en su gran mayoría era el de las multinacionales. El privilegio de este sector económico, por lógica razón, debió ser complementado con el desarrollo de la ciudad, lugar obligado del asentamiento industrial.

Las políticas y programas del Estado se concentraron en la zona urbana mientras que el campo quedaba en el abandono. Nunca se formuló una verdadera política agraria y cuando se realizaron acciones oficiales como la Ley 135 de 1961, la Ley 5ª de 1973 o el Programa DRI de 1974, fue para favorecer a la industria que requería materias primas, alimentación para sus obreros y consumidores en la zona rural de los productos industriales; pero en ningún caso, fueron diseños de política pública orientados al desarrollo del sector agropecuario, que en su seno encerró una manifestación dual donde una parte, la localizada en las topografías planas principalmente, permitió la penetración del capitalismo, mientras la otra ubicada en ladera y montaña quedó sujeta a las limitaciones del minifundio en una economía de mercado. Así, este fenómeno sumado a otros factores estructurales, se convirtió en caldo de cultivo para el florecimiento de grupos armados, cultivos de uso ilícito y otras manifestaciones de la violencia.

Ahora con el acuerdo de La Habana, el punto uno abre la posibilidad de formular estrategias que respondan verdaderamente al desarrollo de la zona rural y el sector agropecuario, para lo cual se requiere un mecanismo que articule los veinte planes previstos y la definición de una columna vertebral necesaria para introducir la coherencia propia de una adecuada política que responda con pragmatismo a la verdadera necesidad del campo colombiano y la población asentada, que sea un fin en sí misma y no un medio para lograr otros fines y que aporte al conjunto del aparato productivo el fortalecimiento suficiente para elevar la competitividad del país y menor dependencia de las fuerzas externas, con los beneficios sociales para la población rural dentro de lo que pueda ser por fin, la formulación de una real política agraria.