La
polarización que se ha instaurado en el país por causa del plebiscito para
refrendar los acuerdos celebrados con las Farc, se ha vuelto ya preocupante por
el volumen de los ataques que de lado y lado, los bandos lanzan a sus
opositores. Menos mal que el 2 de octubre cesará porque si se alarga el plazo
puede ser peligroso.
Lo que se
aprecia en la lectura rápida de la confrontación, es que por un lado, hay un
bando que mira el pasado y con base en el principio de la venganza y el
castigo, se preocupa por un grupo cercano a diez mil personas que cometió
delitos, crímenes y atrocidades, a quienes no se les debe perdonar y concentran
su preocupación frente al acuerdo en ese tema, reduciendo el alcance político
de la negociación, al castigo de los infractores afirmando que es un error
dejar en supuesta impunidad los delitos cometidos por los insurgentes. Por el
otro lado, un bando donde están quienes piensan en el futuro y se preocupan por
los cuarenta y tantos millones de colombiano que podrán recibir beneficios
derivados de la negociación, ya que, si bien es cierto la simple firma del
acuerdo no traerá la paz ni acabará el conflicto, sí es la apertura de una
puerta y la creación de condiciones, para que si el conglomerado social quiere,
se construya una nueva Colombia consolidando la verdadera democracia
participativa. Lo que está en el centro del debate es por un lado, el pasado y
el castigo de diez mil exguerrilleros; y en el otro lado, el futuro y la
oportunidad de 45 millones de colombianos. Los unos reduciendo un proceso
político trascendental en la historia del país, al castigo de un,
relativamente, pequeño grupo de colombianos y los otros, valorando el fenómeno
por el beneficio que puede recibir toda una sociedad cuando, por cumplir los
acuerdos, surja una nueva organización social, una nueva realidad rural y una
nueva administración pública, entre otros.
Los
argumentos de unos y otros tienen mucha lógica y racionalidad de modo que en
cierta forma el debate es válido; pero no parece muy sensato negar la
posibilidad histórica de iniciar un proceso de transformación política que
mucho puede cambiar las estructuras sociales de un país elitista y con alta
desigualdad en el ingreso, corrupto y con una oligarquía inepta, por el solo
motivo de que hay que castigar un grupo de delincuentes. No parece tener
justificación histórica. Menos aún si los argumentos de los partidarios del
pasado, cuando se refieren al futuro, son especulativos y puramente subjetivos;
pues no existen ni antecedentes ni pruebas válidas para sustentar su fatalismo;
mientras que los partidarios del futuro
se basan en hechos concretos como el texto de los acuerdos y la
confianza de que la presencia de la comunidad internacional y la garantía de la
ONU los hará cumplir. Pues por lo general el gobierno incumple los acuerdos
cuando el asunto es puramente interno.
Al final no
se sabe cómo se resolverá el debate sobre el plebiscito y habrá que esperar
hasta el comienzo del próximo mes para conocer el resultado de esa
confrontación que nos muestra sobre los acuerdos de La Habana, quienes ven el
vaso medio lleno y quienes lo ven medio vacío.
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