LA PLANIFICACIÓN EN EL PUNTO DE LA REFORMA RURAL

De la lectura del punto 1 del acuerdo de La Habana, que trata de la reforma rural integral, se deduce que la planificación será el eje central en la ejecución de los compromisos, lo cual tiene serias implicaciones tanto para el DNP que deberá modificar su actitud centralista y vertical, como para las comunidades locales que deben aportar su cuota para el éxito del acuerdo negociado.

Una lectura rápida del texto del acuerdo nos muestra que solo en el punto 1 se debe realizar veinte ejercicios de planificación. Los planes son: de adjudicación gratuita y de subsidio integral (1.1.3), los programas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial (PDET) (1.1.4), el de formalización masiva de la propiedad rural (1.1.5), el de los usos del suelo rural y ordenamiento del territorio (1.1.8), de zonificación ambiental (1.1.10), de acción para la transformación regional (1.2.3), para la reforma rural integral (1.3), de vías terciarias (1.3.1.1), de riego y drenaje para la economía campesina (1.3.1.2), de electrificación rural (1.3.1.3), de conectividad rural (1.3.1.3), de salud rural (1.3.2.1), especial de educación rural (1.3.2.2), de construcción y mejoramiento de vivienda social rural (1.3.2.3), de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural (1.3.3.1), de asistencia integral técnica y tecnológica (1.3.3.2), para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina (1.3.3.3), para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina (1.3.3.4), el plan progresivo de protección social (1.3.3.5) y los departamentales y locales para la alimentación y nutrición (1.3.4). Dos decenas si están bien contados.

Hasta ahí todo es lógico y nada nuevo. Pero para el efecto, el mismo acuerdo es reiterativo en que estos productos de planificación deben ser participativos y con alta capacidad de decisión de los actores locales, lo cual significa que se trata del enfoque estratégico de la planificación y que se requiere de la organización social apropiada para el efecto. Si no hay una organización de base con alta capacidad operativa, técnica y organizativa, el cumplimiento de los acuerdos, pero sobre todo los beneficios que su contenido traen, serán muy difíciles de alcanzar o el acuerdo quedará en las garras del DNP o los politiqueros tradicionales.

Por lo tanto es necesario comenzar cuanto antes la creación, los ajustes o el fortalecimiento de las organización social adecuada a los fines del acuerdo, sobre todo en regiones que serán priorizadas para iniciar pronto, priorización esta que se hará con base en los criterios del punto 1.2.2 que se refiere a: zonas con mayor pobreza, las más afectadas por el conflicto, las que tienen debilidad institucional y las que poseen cultivos de uso ilícito, todos estos criterios que se cumplen plenamente en el territorio del Cauca, donde parece que la organización existente en la mayor parte de la región no es la más apropiada, por lo cual se necesita una nueva organización social con un nuevo liderazgo, para poder ver los resultados esperados de la planificación en el punto de la reforma rural.