Independientemente
de los sucesos del domingo pasado, Colombia sigue necesitando una nueva
economía sentada sobre la zona rural, que gire en torno al sector agropecuario,
que fortalezca el aparato productivo generando empleo aumentando la
competitividad del país y disminuyendo la dependencia externa, alejada del
modelo neoliberal y con democratización de la propiedad y redistribución del
ingreso, lo que se hubiera podido construir mediante el cumplimiento del punto
uno del acuerdo de La Habana con base en los veinte planes que dicho compromiso
incluye. Igualmente, el punto dos del acuerdo hubiera permitido introducir
ajustes al sistema político fortaleciendo la democracia participativa con sus
efectos benévolos respecto a bajar la corrupción y desarrollar una nueva
administración pública territorial. Lamentablemente esa oportunidad de
beneficio general para toda la sociedad colombiana se perdió por el
comportamiento electoral de un grupo de ciudadanos.
Sin duda,
Santos cometió un grave error por falta de su apreciación política. El ex
fiscal Montealegre le dijo que no sometiera el acuerdo de La Habana a un
plebiscito por cuanto eso no era necesario ya que el gobierno tenía facultades
para suscribirlo. Pero Santos se puso de demagogo populachero y ahora está
comiendo de su cocinado. Es impertinente colocar una decisión tan
transcendental e importante en la historia nacional, al juicio de la
cuestionada cultura política colombiana, cuyas deficiencias son ampliamente
conocidas: aproximadamente a las dos terceras parte de la ciudadanía no le
importa los asuntos públicos y no participa; y la mayoría de los que votan lo
hacen movidos por intereses y pasiones personales sin considerar el interés
general y el bien común, ni el contenido de las propuestas de los candidatos,
como se puede ver en el incumplimiento de la Ley 131 de 1994, la del Voto
Programático, por lo que se ha constituido en el soporte de la corrupción de
los procesos electorales y la administración pública. Nuestra cultura política
no tiene la suficiente madurez para digerir y comprender el significado de una
negociación con un grupo insurgente, cuando no existían antecedentes similares
en la historia política nacional, aunque hubiera habido suficiente tiempo para
leer el documento. Si a los politólogos les ha costado trabajo entender el significado, qué se puede esperar de la cultura política de bajo nivel.
Hoy
el país se encuentra en la encrucijada jurídica y política y con ello en gran
incertidumbre. No solo es la perdida de oportunidad de introducir cambios en la
estructura económica y el sistema político derivados de los puntos uno y dos,
sino que los actores principales y a la vez dirigentes del país, no saben cómo
actuar, según se deduce de las declaraciones públicas hechas el día lunes; y
peor aún, que no se sabe lo que están pensando y moviendo por debajo de la
mesa, ni ellos, ni las fuerzas oscuras que también existen el Colombia; de modo que ese rumbo que hasta hace una
semana estaba trazado y desde muchos frentes se hacían preparativos para la
construcción de un nuevo país, hoy se encuentra sumido en una grave confusión
cuyo desenlace no se sabe ni se puede inferir, ni que situaciones traerá para
el país y sus consecuencias derivadas del resultado del plebiscito.
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