Desde el año pasado se viene anunciado otra reforma
tributaria que le han dado a llamar “estructural” pero que de estructural no
tiene nada; es una reforma similar a las acostumbradas, que se limita a modificar
las tasas de los mismos conceptos de gravamen que ya se han vuelto
tradicionales, desde que el sistema tributario cambió sus fines a la par con
los cambios que ocurrieron en el espíritu de la política fiscal. Hasta el siglo
pasado esta política era un instrumento de intervención del gobierno en la
economía, que se utilizaba para direccionar los procesos hacia los objetivos de
desarrollo, mientras que hoy se ha convertido en un medio para garantizar el
negocio de los capitalistas especuladores del dinero, que han hecho de la
compra de papeles del gobierno su principal fuente de ingresos, para lo cual
cuentan con el apoyo del FMI cuya misión principal es la de vigilar el
comportamiento de las finanzas públicas para que el Estado cumpla fielmente con
el servicio de la deuda. Una reforma estructura a la vista de la política
fiscal clásica, tendría en cuenta el rol de los distintos sectores y ramas de
la economía e igualmente de las diferentes regiones del país, para que de
acuerdo con la función de cada uno de ellos dentro de la estrategia de
desarrollo nacional, se fijen tasas y tarifas diferenciales para incentivar o
estimular las actividades y las regiones que por sus características merecen
dicho tratamiento. Pero eso no es lo que está ocurriendo en Colombia.
No se sabe si finalmente el gobierno presentará la
propuesta que produjo la denominada “Comisión de Expertos” cuyo informe final
entregó en diciembre de 2015, o si le hará algunas modificaciones; pero en
ambos casos no tiene una conformación como para que se le llama “estructural”.
El argumento es, por supuesto, las obligaciones que tiene el Estado en materia
de deuda y las proyecciones de ingresos derivada de los impuestos, que hacia el
futuro próximo se van a quedar cortos, en razón, no a que los colombianos
tributemos poco, sino a que el crecimiento de la deuda marcha a pasos
agigantados y próximamente no habrá de dónde pagar.
Y para completar el esquema, en Colombia tenemos el
caso de que los ricos no pagan impuestos. Los rentistas, quienes concentran el
mayor volumen de riqueza en todo el mundo, son exentos. Y los empresarios
adolecen de la cultura de no pago y condicionan sus decisiones de inversión a
la evasión de impuestos: se llevan el dinero a otro país por no pagar, crean
tipos de empresas que les permitan evadir, se localizan en lugares donde no
haya impuestos, triangulan operaciones para no pagar, etc. A diferencia de los
empresarios, europeos, por ejemplo, los colombianos no se fijan en las bondades
del mercado para tomar sus decisiones, sino en el no pago de los impuestos.
Así, les toca a las clases menos favorecidas, sostener al Estado y
suministrarle los recursos para tapar el hueco de la deuda, que inmediatamente
convierte en un nuevo hueco para poder balancear el presupuesto en un carrusel
que no tiene fin y que está llevando las finanzas públicas al abismo financiero
del Estado.
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