El
caso de la privatización de la recolección y disposición final de los residuos
sólidos nos recuerda el proceso de las privatizaciones de los bienes y
servicios públicos en general, donde los inversionistas privados por su
avaricia y agallas, ven solamente las bondades de los negocios, pero no
consideran las dificultades que de ellos se derivan. Ven que la inelasticidad
precio de la demanda es una oportunidad de mercado que les produce ventajas por
la ausencia de estrategias de promoción y penetración y también ven la
conveniencia en la intervención del Estado que con sentido de cómplice autoriza
tarifas lesivas para los consumidores, pero ventajosas para los inversionistas,
de modo que el pago de soborno a los concejales para que les aprueben sus
contratos puede ser compensado con creces.
Pero
lo que no ven los agalludos y también corruptos empresarios, es que manejar con
criterios empresariales privados los bienes y servicios públicos, tiene otras
implicaciones consecuenciales del carácter de lo público y su relación con la
ley natural, que crea exigencias particulares en el marketing y el enfoque
gerencial. No solo por ser servicios sino por ser públicos las estrategias de
marketing se alejan sustancialmente de las conocidas en los bienes privados y
el tipo de gerencia también, por el carácter multiorganizacional de lo público que
crea un conjunto complejo de stakeholders
cuyo manejo obliga a adoptar mecanismos desconocidos en la administración
privada. Entonces, cuando ya están montados en el potro, ven que el
amansamiento no es tan sencillo y que la administración de los bienes públicos
va más allá de la simple rentabilidad de las empresas que casi siempre andan en
coche por la alcahuetería del gobierno que les entregó el objeto de negocio.
Pero
para el gobierno la situación no es tan dulce y tierna. Los efectos son asunto
complicado para la agenda gubernamental, como se está apreciando en Popayán con
el tema de las basuras, cuyo manejo inadecuado está generando consecuencias
ambientales urbanas que afectan el paisaje y la salubridad, además de los
problemas de gobernanza con las comunidades rurales del occidente del municipio
y todos los demás impactos económicos, sociales y ambientales que del fenómeno
se desprenden, los cuales no enfrenta la empresa privada, que se limita simplemente
a cumplir la minuta del contrato suscrito, que por lo general es perjudicial
para el Estado y las comunidades y de beneficio para los privados. La costumbre
es que quienes recibieron el dinero del soborno sacan el cuerpo al problema y
quienes heredan los chicharrones se ven frente a complejas situaciones de
gobierno inherentes al modelo neoliberal que rige a Colombia y que después de
un tercio de siglo muestra lamentables consecuencias sociales como saldo de la
privatización de lo público.
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