Desde
cuando se conoció el estudio de la Estructura Ecológica Principal de Popayán
que realizó la firma payanesa del Ingeniero Oscar Calvache para la administración
municipal anterior, en varias ocasiones hemos hecho referencia en esta columna a
los méritos del paisaje urbano de la ciudad y a la subvaloración que se percibe
en los distintos estamentos de la comunidad local. Este paisaje, compuesto por
elementos naturales y culturales, es un patrimonio público que mucho puede
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes y a la
atracción de flujos de turistas de otros lugares, contribuyendo así al
fortalecimiento de la base económica local. Se sabe de países, como por ejemplo
Suiza, donde el paisaje es un importante factor de ingresos por el flujo de
turistas de toda Europa que acuden allá a satisfacer sus apetitos visuales.
Uno
de los elementos de este patrimonio público era la plantación forestal
existente al occidente, a lado y lado de la variante de la carretera
Panamericana. No solamente contribuía a la riqueza paisajística urbana, sino
que además, servía de albergue a especies animales voladoras y por supuesto,
aportaba a la absorción de carbono, ambas funciones ecológicas propias de todas
las plantaciones vegetales que se debe valorar independientemente de la
magnitud de su contribución.
Pero,
lo que hemos visto en los últimos días ha sido la tala del producto forestal, o
sea la destrucción de este activo ambiental. Muchos dirán que eso era un
cultivo comercial privado y que sus propietarios pueden hacer con ello lo que
quieran. Pero también hay voces que resaltan la función social de la propiedad
privada consagrada en la Constitución Política y otros que destacan la creación
de la gerencia pública, que precisamente, ofrece instrumentos de gobernanza con
el fin de que el Estado pueda negociar y concertar con los particulares el uso
y orientación de los bienes públicos y comunales cuando estos están
privatizados. Pero la ineptitud, ignorancia o politiquería de los funcionarios
de la CRC y la administración municipal anterior, no les permitió dimensionar
adecuadamente el asunto, ni manejar los instrumentos de gestión administrativa
disponibles para regir los procesos privados hacia fines de interés general y
beneficio público.
Ahora
sólo quedan las lamentaciones colectivas y por supuesto, los efectos que se
generarán tarde o temprano por la desaparición de esa riqueza pública
privatizada. Después de ojo sacado no vale Santa Lucía, pero muchos otros casos
del patrimonio ambiental municipal están corriendo el mismo riesgo sin que haya
un doliente institucional que intervenga preventivamente antes de que en el
municipio se siga cometiendo los crímenes socioambientales.
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