Se fue un error en
el artículo de la semana pasada en esta columna, cuando señalaba el nombre del
régimen político creado hace más de dos siglos al que se le llamó “Democracia
Representativa”, que a finales del siglo pasado se modificó por el de
“Democracia Participativa” para ajustar sus características a las condiciones
del nuevo tipo de Estado, cuando se pasó del Modelo Burocrático del Estado
Moderno al Modelo Gerencial del Estado Postmoderno. Se dijo que los procesos
políticos mejorarían y que el pueblo iba a ser beneficiado por la ampliación de
los escenarios de participación.
En 1987, por
ejemplo, cuando se estableció la elección popular de alcaldes, el cambio se le
vendió a la opinión pública con el argumento de que era para acercarse a la
“democracia directa” de los griegos, con lo cual el mismo pueblo podría
determinar quién sería el gobernante local. No obstante hoy, a casi tres
décadas de vida de dicho mecanismo político, hacemos el balance y vemos que en
lugar de fortalecer la capacidad del elector primario para definir sus
gobernantes, lo que se ha fortalecido en la mayoría de municipios de Colombia
son las mafias locales, legales e ilegales, que colocan el alcalde. Son élites
de poder que utilizando métodos y procedimientos propios del bajo mundo,
realizan todo tipo de acciones para lograr “la elección” en el cargo de su
ficha que luego presionan para sus propios intereses. Van desde el pago a
corruptos funcionarios de la Registraduría para que alteren los resultados, hasta
la compra de votos en la calle con dinero en efectivo.
Hasta ahí es la
práctica normal de la democracia colombiana por lo cual no hay motivo de
extrañarse. Pero en este año ha aparecido un nuevo atributo para el régimen: en
el Municipio de Cali le llegó una amenaza de muerte al Padre Edilson Huérfano
Ordóñez, un sacerdote ortodoxo quien después de varios años de trabajar mano a
mano con los grupos juveniles de los barrios populares, las mismas comunidades
le han impulsado para que aspire a ser elegido como Alcalde de Cali. Por
supuesto, esa candidatura que emergió, esa sí, de las bases populares ha venido
tomando fuerza entre los ciudadanos que están cansados del manejo que las
élites electoreras tradicionales le han dado a la administración municipal, por
lo cual este candidato se ha convertido en una amenaza para la continuidad de
sus maniobras.
Ahora recurren al terror y al amedrentamiento en
contra de la vida, como mecanismo para competir contra sus rivales y como puede
ser una simple acción de presión para que renuncie a la candidatura, también
puede ser cierto que ejecuten su tenebrosa amenaza y entonces quede
“institucionalizado” en el régimen político nacional la costumbre de derrotar a
los candidatos rivales utilizando el crimen de la democracia.
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