EL CANDADO DE LA DEMOCRACIA

La oligarquía colombiana se ufana de que en el país hay democracia, una palabreja que descresta debido al significado de la raíz etimológica y porque en sus orígenes, más de cuatro siglos antes de Cristo, de verdad que fue un mecanismo político correcto, cuando los griegos aplicaron la “Democracia Directa”, cosa que ellos pudieron hacer porque para esa formación social los esclavos no hacían parte de la sociedad. La palabreja se ocultó en la historia durante varios siglos y luego reapareció cuando la burguesía comenzó a construir el Estado Moderno para lo cual le colocó el apellido “Representativa”. Hoy el apellido fue modificado colocándole el término “Participativa”.

En 1991, por la vía constitucional el Estado fue cambiado, derogando el modelo Burocrático e instaurando el modelo Gerencial, con grandes expectativas y pensando que este traería muchos beneficios para la democracia. Pero el régimen político, como puente que es entre la sociedad y el Estado, no fue modificado, por lo que las bondades del modelo actual siguen pendientes de realizarse porque la “democracia” colombiana ha sido un gran obstáculo.

No se sabe si conscientemente o por descuido,  la oligarquía ha hecho modificaciones al régimen con el argumento de que se debe ajustar los procesos políticos para colocarlos a tono con el todavía nuevo tipo de Estado. Pero el remedio ha resultado peor que la enfermedad; pues en lugar de abrir espacios de participación y ampliar la frontera política para que la ciudadanía intervenga en el manejo de los asuntos públicos, la legislación sobre los partidos y elecciones se ha convertido en un cuello de botella para mejorar lo que el siglo pasado había cerrado el Frente Nacional. Con el pretexto de ordenar y propiciar la disciplina de los partidos, como medio para revitalizar el régimen político, se expidieron normas que hoy muestran más su carácter perverso que las bondades anunciadas con su expedición. El principal impedimento para una participación amplia en los procesos electorales es el aval que deben expedir los partidos o movimientos políticos jurídicamente reconocidos. Claro que dicen, que no hay motivo de preocupación porque los aspirantes se pueden inscribir con firmas de ciudadanos.

La recolección de firmas es un procedimiento costoso, por lo que el interesado debe disponer de una suma cuantiosa de dinero para esta labor, además de la elevada suma que las compañías de seguros cobran por expedir la póliza exigida. Entonces, las firmas no son un medio para fortalecer la democracia. Y los avales tampoco.

Los avales no han generado el fortalecimiento de los partidos y con ello la revitalización del régimen político, sino que se han convertido en un factor de tráfico de influencias y de manipulación antiética de parte de los dignatarios a quienes les compete expedirlos. Este requisito es el principal instrumento para cerrar la rosca de los politiqueros e impedir la entrada de otras alternativas de poder y el medio más idóneo para fomentar y proteger las componendas y alianzas entre los mismos con las mismas, convirtiéndose para la gran masa ciudadana en el candado de la democracia.