En la época del
Estado Interventor-Benefactor centralista, cuando el organismo operaba mediante
el Modelo Burocrático, era razonable que la responsabilidad frente a los
conflictos sociopolíticos regionales estuviera a cargo del gobierno nacional.
Pero ahora, en el Estado Postmoderno, cuando opera el Modelo Gerencial, es
improcedente que los gobiernos territoriales le saquen el cuerpo a los
problemas y acudan a la Nación para enfrentar las situaciones que afectan la
vida normal de las comunidades asentadas en el territorio.
Los gobernantes
territoriales son los gerentes públicos por excelencia, a quienes la ley les ha
otorgado los instrumentos con los cuales deben asumir su responsabilidad y
competencia, frente a todos los casos de interés general. Se aleja de los
principios éticos la actitud que, cuando se trata de aprovechar los bienes
públicos departamentales para beneficio personal realizando acciones
clientelistas, el gobernante está en la vanguardia; pero cuando se trata de
asumir sus competencias para resolver los temas que son de interés general, ahí
pasa a la retaguardia.
En Cauca se vive
una situación que ya es estructural, en la que cada cierto tiempo se presenta
la confrontación entre las comunidades indígenas y los organismos del Estado
por el asunto de la tenencia de tierras y el gobierno departamental, en lugar
de ejercer su competencia y legitimidad impuesta por la Constitución Política y
el elector primario, acude al nivel central. Es crónico que llega desde Bogotá
un ministro y firma un compromiso por encima de las normas fiscales, que luego
no se cumple por impedimento de estas mismas normas. Y vuelve y se repite.
Corresponde al gobernante territorial aplicar la norma
vigente y mediante técnicas de marketing público y los procedimientos propios
del Estado Gerencial, negociar, concertar, y diseñar los mecanismos de
co-gestión para desarrollar procesos de coexistencia armónica y constructiva
entre los diferentes grupos étnicos que se asientan en el territorio. Luego sí,
llevar a Bogotá las propuestas y los proyectos técnicamente elaborados y dando
cumplimiento a las normas fiscales para que la salida sea viable. El caso no es
simplemente de conceder tierras, sino de establecer un mecanismo permanente y
sostenible de convivencia sobre la base del ordenamiento territorial y el
diálogo intercultural que aporte a la construcción de futuro dentro de los
cánones del desarrollo endógeno con aprovechamiento de las potencialidades, el
cual sólo es posible si el gobernador asume el necesario y correspondiente
liderazgo al tenor de las normas vigentes y los cánones de la gerencia pública
que ordena la ley. Es un caso de sabiduría, de ingeniería social, de voluntad
política y de colocar el interés general y el bien común por encima del interés
personal y el uso de los recursos departamentales sólo como plataforma de su
futuro político. Si los gobernantes territoriales no están en condiciones de
asumir el compromiso con la gobernanza, ¿para qué se hacen elegir?
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