Ahora es el caso del
alumbrado lo que nuevamente nos evoca el tema de la privatización de lo público,
que se introdujo en Colombia hace ya un cuarto de siglo, como efecto de la
implantación del modelo de Estado Postmoderno que se construye sobre las bases
del viejo Estado Social de Derecho creado por los alemanes por allá en los años
treinta del siglo pasado. Se trataba de darle gusto al capitalismo financiero
internacional que empujaba con fuerza las condiciones apropiadas para aplicar
el Consenso de Washington.
Las manifestaciones y
protestas de varios grupos de la comunidad cuando se tratan casos como la
prórroga de los contratos de concesión, es señal de que, pasado todo este
tiempo, el remedio resultó peor que la enfermedad. El argumento siempre ha sido
el mismo: que el Estado es mal administrador, satanizando así este organismo y
ocultando que los malos administradores son los recomendados de políticos que
manejan la administración pública como cuotas burocráticas propias del régimen
político existente. Pero transcurridos todos estos años de las privatizaciones
se puede hacer el balance y claramente se observa que lo único evidente es que
algunos empresarios agalludos se han llenado los bolsillos explotando los
bienes que son de interés general y nos competen a todos, pues las quejas de
los usuarios son reiteradas en contra de la calidad de los servicios y las
altas tarifas que imponen con la complicidad de la correspondiente
superintendencia o la comisión reguladora. Todos comen.
Si bien lo público es
tan antiguo como la misma especie humana, desde cuando se creó el Estado hace
ya miles de años, estos bienes sociales fueron incrustados en el seno del
organismo para su administración. Cuando nació el Estado Moderno hace un poco
más de dos siglos, con más fuerza se acentuó el papel del Estado en el manejo
de lo público, así haya sido por el contraste de aferrar la defensa de lo
privado, y solo fue a finales del siglo pasado, cuando para favorecer el
capitalismo rentista, a la humanidad se le ocurrió sacar lo público del Estado
para trasladarlo al mercado con el fin de que las empresas privadas pudieran
entrar a su manejo.
La experiencia
ha sido nefasta para la comunidad en general. La cultura de los países
subdesarrollados no es adecuada para este modelo; pues lo que se ha visto en
veinte años de operación es que los procesos se degeneran y en lugar de mejorar
para el bien común, lo que ha ocurrido es la introducción de procedimientos de
estilo mafioso con oscuros métodos y trámites por debajo de la mesa que violan
el principio de transparencia obligado en la administración de lo público.
Curiosas decisiones donde se involucran quienes aprueban y quienes firman que
ocultan los verdaderos argumentos de soporte, son comunes en el mecanismo de llevar
lo público a manos privadas.
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