No se sabe si es
porque se avecina el fin de año, porque se comienza a agitar el debate
electoral o por las calificaciones de imagen de la firma Cifras &
Conceptos, pero a los gobernantes territoriales les ha dado en estos días por
difundir y publicitar su actividades realizadas, pretendiendo decir que están
haciendo un buen gobierno. Sacan a relucir un listado de acciones y trámites,
la mayoría supuestamente para conseguir recursos financieros, como si todas las
tareas de gobierno se redujeran a conseguir dinero. En muchos casos inflan la
magnitud y en otros hasta tratan de ganar indulgencias con camándula ajena.
Si estuviéramos antes
de 1991, probablemente toda esa serie de actuaciones podrían ser bien
calificadas desde el punto de vista de la administración pública; pues en esa
época prevalecía el modelo de Estado Burocrático donde los agentes del gobierno
eran funcionarios y su evaluación dependía del cumplimiento de sus funciones,
independientemente de que estas produjeran o no algún fruto. Pero hoy cuando
por norma constitucional en Colombia rige el modelo de Estado Gerencial, todo
ese cúmulo de acciones no pasa de ser simple activismo. Los agentes son
servidores públicos que realizar actividades dentro de los procesos de gestión
y la evaluación del desempeño se realiza con base en los resultados o productos
de los procesos.
La “nueva” gestión
pública, que ya lleva más de veinte años, es la administración orientada a
resultados, que se aleja sustancialmente de la vieja idea de que gestión es
hacer trámites en Bogotá. La legislación derivada de la Ley 489 de 1998 es
clara cuando se refiere a la gestión como la generación de productos o logro de
resultados como consecuencia de la realización de los procesos. Algo similar al
concepto del sector privado.
Según la ley, gestión
es la aplicación de los principios de planificación, ejecución y control en el
cumplimiento de las funciones y competencias de la entidad o el cargo, con el
fin de dejar satisfecha a la ciudadanía, por lo cual la baja calificación de
imagen en la opinión pública es una mala gestión; pues esto significa que la
ciudadanía no está conforme.
Se
requiere entonces que los gobernantes territoriales le bajen el volumen a los
comunicados periodísticos informando sobre lo divino y lo humano que han hecho
y se concentren más en mostrar los resultados medidos en términos de los
indicadores de producto previstos e igualmente comparados con los indicadores
de impacto, donde se muestra lo que verdaderamente le interesa a la comunidad.
No basta con hacer diligencias y sacar promesas del gobierno nacional, ni ejecutar
el presupuesto de funcionamiento viajando o firmando documentos sin que se vea
el impacto en la realidad social y económica, por lo cual la opinión pública no
se debe tragar falacias y tener muy clara la diferencia entre activismo y
gestión.
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