GRAN PACTO NACIONAL POR EL AGRO

El sector agropecuario colombiano siempre ha presentado un carácter dual con unos linderos claramente definidos, que permiten diferenciar dos subsectores con especificidades propias, que requieren también claras diferencias en las intervenciones de política sectorial. Por un lado, un componente llamado “moderno”, ubicado principalmente en suelos de topografía plana y condiciones agrológicas y edafológicas privilegiadas, fácilmente mecanizable, con propiedad de grandes terratenientes y actividades económicas típicamente capitalistas. De otro lado, en las zonas montañosas, un sector conocido como “tradicional”, con formas de tenencia minifundista, frágiles frente a la erosión, sin posibilidades de mecanización y dificultades para el riego, donde se concentra la economía campesina con formas precapitalistas de producción y cambio, pero dónde se produce el gran volumen de especies y variedades que constituyen la canasta familiar.

No se sabe para cuál de los dos serán los recursos de la prórroga del punto que se pretendía eliminar del 4 por mil, pero desde ya, desde el lanzamiento de lo que el gobierno ha denominado el “gran pacto por el agro”, se vislumbra que el apoyo le apuntará al subsector moderno, o sea al de los terratenientes capitalistas; pues han sido los gremios que agrupan a estos empresarios, los que estuvieron presente en el lanzamiento y entregaron al gobierno extensos documentos con propuestas de mejoramiento, obviamente para ellos.

Las zonas de economía campesina cuya estructura productiva es atomizada, afrontan serias dificultades para la comercialización, por lo cual exigen infraestructura y mecanismos comerciales adecuados a las condiciones del mercado, hoy globalizado y por ello con mayores talanqueras para el mercadeo, las cuales, sin la intervención apropiada del Estado, no podrán superar y cualquier otro esfuerzo será vano. Ya lo enseño el Programa DRI de López Michelsen: no bastan el crédito, el riego, la asistencia técnica, el mejoramiento social y comunitario, si no se resuelve estructuralmente el problema de la comercialización, que necesita de acciones esencialmente estatales para crear la correcta dotación de medios físicos y mecanismos operativos.

Pero, tiene el Estado la capacidad técnica e institucional suficiente para responder de manera consecuente con lo que la economía campesina necesita? Será que el pensamiento neoliberal de baja intervención estatal le permitirá, por ejemplo, suministrar la infraestructura de acopio, frio, almacenamiento, beneficio, intercambio regional, operación mayorista y distribución detallista? Será que el Estado tiene capacidad de establecer los mecanismos como los de articulación de canales, sistemas de información, suministro logístico, economías de aglomeración y demás procesos de superestructura necesarios para la colocación de los productos cerca del consumidor final o en los mercados internacionales? Ojalá que no haya sido sólo para neutralizar el paro, las marchas y los bloqueos viales y termine siendo un cuento, el gran pacto nacional por el agro.